La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, y el alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, han confirmado este viernes en rueda de prensa la paralización de los dos convenios que Canarias mantiene con el Estado y el Consistorio capitalino para la reposición de 166 viviendas ubicadas en los barrios de Valterra y Titerroy. Así lo ha comunicado el Ministerio de Fomento en la última reunión técnica de la comisión Bilateral de Vivienda, celebrada esta semana en Madrid.
Ante la solicitud de reprogramación que había realizado el Ayuntamiento de Arrecife, en vista de la escasa aportación estatal de este año, pues el Gobierno central debía aportar una anualidad de 2,5 millones de euros para Arrecife y 14 millones para Canarias pero solo ha transferido en 2013 1,6 millones para todo el Archipiélago, la respuesta de los ministerios de Fomento y Vivienda ha sido tajante: No es posible la reprogramación por la que el Estado aportaría una menor cuantía anual pero espaciaría en el tiempo su inversión. Además, el Gobierno central es claro en su respuesta a Canarias: Las obras de reposición o rehabilitación aún por adjudicar, como el caso de Arrecife; las obras ya adjudicadas pero no iniciadas; y los trabajos empezados pero no concluidos tendrán que ser nuevamente presupuestados y contarán con nuevas inversiones a partir del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y, algo importante, el Estado no aceptará que las obras persistan más allá de 2016. Éste será el plazo máximo para que se terminen los trabajos.
Rojas ha mostrado su malestar porque la firma de una administración pública, ha dicho, “ya no es una garantía. El Estado no tiene palabra”, ha señalado. La consejera ha lamentado que se vaya a perder una inversión de 186 millones pactada entre los gobiernos central y autonómico con cabildos y ayuntamientos porque iba a servir para reactivar el sector de la construcción.
De los 46 convenios previstos inicialmente, hay 32 afectados, y en principio, el Estado se ha comprometido a renegociar las actuaciones a partir de 2014 "pero dependiendo de la disponibilidad presupuestaria", ha subrayado Rojas.
Según la consejera, ha sido una decisión "unilateral" del Gobierno central que ni siquiera está condicionada por el ajuste que habían solicitado los ayuntamientos para que la inversión se ampliara al tiempo con menos aportaciones anuales.
No en vano, el Gobierno central ha recortado el presupuesto destinado a Vivienda en Canarias un 83 por ciento, de 14 a poco más de 1,6 millones, ha comentado.
Así, quedará afectada la reposición de viviendas de 488 familias: las 37 cuarterías de Mata (Gran Canaria), 114 viviendas en Tamaraceite (Gran Canaria), y están aprobados y pendientes de resolver trámites previos para iniciar las obras en El Centurión, en La Laguna (Tenerife), 115 en La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y los arus de Valterra y Titerroy (Lanzarote).
Versión municipal
En el encuentro con los medios de comunicación, que ha tenido lugar desde las 10:00 horas en el Archivo Municipal, también ha estado presente el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González. Tanto éste como el propio alcalde han dejado claro que por mucho que el Ayuntamiento de Arrecife hubiera corrido al subsanar el error administrativo detectado por la propia Intervención municipal cuando no se publicaron las bases de los arus de Titerroy y Valterra en el Diario Oficial de Europa, “el informe de Intervención iba a seguir siendo negativo dada la falta de previsión en la financiación del Estado”.
Según el alcalde, “algún partido político esgrimirá que ya se había hecho una transferencia de más de 2 millones de euros. Pero si usted me da la primera anualidad pero no me asegura los cinco años siguientes, ¿cómo voy a empezar? ¿Dejo a los vecinos sin sus casas y sin posibilidad de sus casas nuevas?”, ha cuestionado. Fajardo Feo ha argumentado “un grado de extrañeza en el cumplimiento del Estado con Canarias”.
Además, ha recordado que “desde la propia Tesorería y la Intervención del Ayuntamiento se ha cuestionado este convenio. El procedimiento administrativo no fue correcto según Intervención, pues el contrato que se firmó tenía que haberse publicado no solo en el Diario Oficial de la Provincia, sino también en el Diario Oficial de Europa”, han manifestado el concejal y el alcalde.
