viernes. 29.03.2024

La entidad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) presentó este martes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas un recurso contra el laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de fecha 9 de junio de 2006, que condena a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio.

ACN

Los motivos esgrimidos por Inalsa para la impugnación del laudo son que UTE Edam Janubio incumplió el convenio arbitral, evitando llegar a un mutuo acuerdo, y nombrando como árbitro a su propio abogado y que la demanda de la UTE Edam Janubio no fue notificada a Inalsa, lo cual generó indefensión a la empresa pública.

La empresa de agua también fundamenta su demanda en la falta de capacidad del árbitro, puesto que fue condenado por estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional. Inalsa alega también que existe un procedimiento contencioso-administrativo del cual se desprendía el incumplimiento del contrato por la UTE Edam Janubio, en el que no existe sentencia, aunque se entiende que será favorable a Inalsa. Finalmente consideran que la empresa de aguas se vio indefensa porque la UTE Edam Janubio cambió en el último momento su demanda. Y todo ello sin perjuicio de que tanto el laudo como el contrato incumplen el Derecho Comunitario.

Antecedentes

Conviene recordar que en el pasado mes de julio el equipo jurídico de Inalsa había presentado un primer recurso ante la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas contra el árbitro que dictó el laudo, dados sus antecedentes penales. Dicho recurso fue desestimado, por lo que antes del 14 de septiembre se debía interponer ante la Audiencia Provincial de Las Palmas un nuevo recurso para evitar el pago de los 10 millones de euros.

Del mismo modo, el Consorcio Insular del Agua, reunido en Asamblea General el pasado mes de agosto, dio a conocer un informe elaborado por la comisión jurídico-técnica creada por el Consejo de Administración de Inalsa para investigar el expediente de contratación de la obra de la planta de desalación de Janubio, firmado en 2001, del que se deducía la nulidad del contrato, debido a la existencia de irregularidades en la fase de adjudicación y de licitación de los trabajos y a defectos de forma en el procedimiento de publicitación del mismo, atendiendo al incumplimiento de la Ley sobre procedimientos de contratación de los sectores del agua y la energía para las Administraciones.

En palabras del consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, “nuestro único objetivo es salvaguardar la titularidad pública del agua en Lanzarote, por lo que agotaremos todos los procedimientos legales que estén a nuestro alcance”.

Inalsa recurre ante la Audiencia Provincial el laudo arbitral que le condena a pagar 10...
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