La representación de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) ratificó este miércoles ante los Tribunales en el juicio celebrado en Las Palmas de Gran Canaria la nulidad del contrato firmado con la UTE Edam Janubio por el que acordaron la construcción y explotación de una planta desaladora en el sur de la Isla. El contrato nunca se llevó a efecto y la firma privada reclama a Inalsa más de 12 millones de euros amparada en un arbitraje de la Cámara de Comercio de las Palmas, ente que convinieron las partes para dirimir cualquier conflicto. Cabe recordar que el Consejo Consultivo de Canarias ya se había pronunciado sobre este contrato y declaró su nulidad después de estudiar la documentación respectiva. Según informó una fuente de Inalsa, el juicio quedó visto para sentencia y el fallo podría conocerse el próximo mes de enero. La misma fuente agregó que los abogados de la empresa pública salieron de la sala con “buenas sensaciones”. La consejera Plácida Guerra compareció en calidad de testigo y su declaración duró alrededor de veinte minutos. El juicio se extendió por más de dos horas.
