Por Ramón Pérez Hernández
No entiendo el deseo de la Administración Judicial de INALSA de elevar contra viento y marea las actuales Tarifas y menos que aplique la Tarifa Industrial-Turística a la 2ª vivienda utilizada como residencia alterna (fines de semana, verano, etc.) por no estar el titular empadronado en la misma. Indudable que es obligación de los que vivimos en esta tierra enfrentarnos al inoportuno intento del aumento de Tarifas anunciado por INALSA y también negarnos al abuso de aplicación de la tarifa industrial-turística a nuestras segundas viviendas mientras las utilicemos como morada alterna de la unidad familiar, porque tal concepto es ilegal mientras no sea autorizado por la Junta Provincial de Precios de acuerdo con lo que dispone el procedimiento reglado en vigor para tal menester y que, forzosamente, hay que acatar para atajar fraudes de ley. Opino por tanto que los vecinos, organizaciones cívicas, asociaciones, entidades de derecho publico, de empresarios, sindicatos, trabajadores autónomos, etc., debemos obligarnos a exigir a los regidores de los Ayuntamientos que se encaren al alza de las tarifas de agua y a la aplicación de la tarifa de la 2ª vivienda utilizada como morada familiar.
Opino que SALVAR el oscuro deterioro de la fabricación y distribución del agua en Lanzarote es fácil: Lo primero es disolver INALSA, invalidándola tal como ordenó en 1999 la Audiencia de Cuentas y el Parlamento, de Canarias, decisión legal de ¡obligado cumplimiento! y que a tal fin se notificó oficialmente en diciembre de 1999 al Presidente del Consejo de Administración de INALSA, y en Enero de 2000 al del CONSORCIO y al del CABILDO INSULAR. A pesar del transcurso de ¡diez años!, como si lloviera, pues todo sigue de mal en peor, y “el obligado cumplimiento” al carajo. Lo segundo, una vez liquidada INALSA, que el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote retome el mando y administración de su patrimonio, y como primera medida decrete acabar con la sangría de la factura eléctrica, exigiendo al Gobierno de Canarias, amparado en el interés general, la concesión con carácter urgente de un Parque Eólico suficiente para dotar a las Plantas desaladoras de energía “limpia y gratis” que garantice agua de calidad para consumo humano, industrial-turístico, agrícola y ganadero. Tercero, aclarar la situación de los fondos malversados en INALSA, exigiendo el reembolso a los culpables, o en otro caso, exigirlos ante la justicia...
