El Consejo de Administración de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) designó este jueves a las cinco personas de la comisión técnico - jurídica que tiene la misión de realizar un estudio detallado del laudo dictado por la Cámara de Comercio de Las Palmas, que condena a la empresa pública a pagar 10 millones de euros por el supuesto incumplimiento del contrato suscrito con una UTE para la construcción y explotación de la planta desaladora de Janubio. El equipo elegido por Inalsa tiene la responsabilidad de elevar las conclusiones al Consejo de Administración, “lo antes posible”, para que la empresa pueda trazar una vía de trabajo que le evite el pago de la millonaria suma.
Los abogados Marcial Francisco Hernández Cabrera, Ignacio Calatayud Prats, Esteban Cabrera Perdomo y Octavio Topham Camejo, y el funcionario del Cabildo de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemin, son las personas que ahora tienen semejante misión. Excepto Esteban Cabrera, que es abogado de Inalsa, y José Juan Hernández, funcionario del Cabildo, los demás integrantes de la comisión son personas a las que podría tildarse de ‘externas'.
El Comite de Empresa quedó excluido
El Comité de Empresa había solicitado formar parte de la comisión pero el consejero delegado, Mario Pérez, replicó diciendo que la presencia de un representante de los trabajadores podía “contaminar” la comisión. La propuesta inicial del consejero delegado planteaba la presencia de cuatro abogados más Pedro Márquez, actual gerente de Inalsa. Sin embargo, el Comité de Empresa expuso el mismo argumento de la “contaminación” para solicitar que el gerente no hiciera parte de la comisión. Así, finalmente el Consejo de Administración decidió conformarla con los cuatro abogados más el funcionario de la Primera Corporación insular. “Dijimos que si se iban a estudiar los acontecimientos de 2001 hasta ahora la comisión podía contaminarse con la presencia del gerente de la empresa”, indicó Manuel Plasencia, portavoz del Comité de Empresa. Plasencia además informó que en el Consejo de Administración se aseguró que los designados no cobrarán emolumentos por su trabajo.
“De reconocido prestigio”
La designación de miembros para constituir una comisión “con técnicos y juristas de reconocida valía”, fue la primera decisión adoptada por la comisión de análisis del laudo impuesto contra Inalsa. Mario Pérez aseguró que “con la incorporación de estas personas, pretendemos estudiar todos los pormenores de un expediente que se inicia con la licitación de las obras de la planta de Janubio, en el año 2001 y concluye el pasado mes de junio, cuando fue dictado el laudo”.
Inalsa espera respuesta de la Cámara
Cabe recordar que ya Inalsa pidió a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas que declare la nulidad absoluta del laudo condenatorio por incumplir el contrato suscrito en 2001, con la firma Fomento Construcciones y Contrata (FCC), para elaborar el proyecto, financiar, ejecutar y explotar, durante 15 años, las obras de la estación desaladora en Janubio. Asimismo, Inalsa, en otro escrito dirigido a esa misma Corte Arbitral, solicitó la recusación contra el árbitro que dictó el laudo, Don Juan Carlos Grisolía Santos, por considerar que “no posee las cualificaciones convenidas por las partes”. Mario Pérez desveló que dicho árbitro fue condenado, hasta en dos ocasiones, por delitos económicos. Uno, por apropiación indebida, con una pena de tres meses de arresto, y otro, por estafa, con una pena de cuatro meses de prisión. Pérez nunca ha considerado la posibilidad de que Inalsa sea condenada definitivamente, así que está totalmente convencido de la continuidad de la gestión pública del agua en Lanzarote. Hasta el momento Inalsa no tiene respuesta sobre los escritos presentados a la Cámara de Comercio de Las Palmas.
