- El Consejo aprueba también solicitar al Consejo Insular la convocatoria de concurso público para la redacción de proyectos para otras seis obras. Manuela Armas asegura que la financiación se acordará por separado para cada una de las obras previstas en el Plan de Viabilidad, contemplándose los préstamos a empresas privadas como última opción
Fotos: Dory Hernández
A pesar de todas las críticas y de una amplia oposición de colectivos sociales, partidos políticos y los propios trabajadores de Inalsa, el Plan de Viabilidad y Modernización ha echado a andar tras el Consejo de Administración celebrado en la mañana de este jueves. La ejecución de las tres primeras obras contempladas en el polémico documento ya se ha solicitado al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio Insular, entidades que se reunirán en los próximos días para aprobar definitivamente el inicio de los trámites.
La construcción de un depósito de 350.000m³ en los aledaños del actual depósito regulador de INALSA situado próximo a la Granja Experimental del Cabildo; las mejoras en las redes de distribución y estaciones de bombeo para el abastecimiento de todos los municipios; y la instalación de telemando, telecontrol y televigilancia en todas las infraestructuras de servicio de la compañía pública de
aguas son las tres obras que pretende comenzar la empresa pública.
El valor total de estas tres acciones supera en un primer presupuesto preliminar los 30 millones de euros, aunque será el Consejo Insular de Aguas, tal y como explicó este jueves en declaraciones a los medios de comunicación la presidenta del mismo, Manuela Armas, quién decida finalmente tanto la cuantía de las inversiones, como la prioridad en la ejecución de cada una de las acciones previstas por el Plan, además de las fuentes de financiación para su puesta en marcha. Éste último es el aspecto más polémico del Plan, porque una de las propuestas contempladas en este documento sugiere recurrir a las empresas privadas para la financiación de las obras. Sin embargo, según Manuela Armas, esta modalidad será la última opción a tener en cuenta. Tras las críticas desatadas en torno a este asunto, el Cabildo prefiere agotar todas las posibilidades de financiación pública, ya sea a través de créditos bancarios o subvenciones de los gobiernos central y autonómico, además de la Unión Europea.
El presumible cambio en la postura del Cabildo fue valorado con satisfacción por el representante del Comité de Empresa en el Consejo de Administración. “Todas las obras básicas se llevarán al Consejo Insular de Aguas y el Consorcio para que las ejecute y las financie”, indicó al término de la reunión Miguel Ángel Figueras.
Por su parte, Plácida Guerra quiere cargar la responsabilidad de la financiación sobre los ayuntamientos, “que tendrán que financiar las obras”. “Ya es hora de que los municipios se impliquen en los problemas de Inalsa”, dijo la consejera insularista. “La mayoría de los alcaldes son conscientes de que debe ser así”. Una postura que por cierto no coincide con lo expuesto por la presidenta del Cabildo.
Sigue el peligo de privatización para la oposición
No se cree, sin embargo, el representante de la oposición que acudió este jueves a la sesión del Consejo de Administración que el problema de la financiación con créditos de empresas privadas haya quedado resuelto. Fue el turno del PNL y así explicó su postura a los medios de comunicación el portavoz de esta formación, Juan Carlos Becerra. “Lo que se ha planteado es que todas las inversiones se van a llevar al Consejo Insular de Aguas para que éste vaya aprobando las inversiones que estime oportunas y por el método que estime oportuno”. Coincide en este sentido con las declaraciones de Manuela Armas, pero no con lo expuesto por Plácida Guerra.
“Hay que tener en cuenta que en el Consejo Insular de Aguas el 60 por ciento de la propiedad pertenece al Cabildo”, dijo Becerra. Añadió el portavoz del PNL en el Cabildo que el peligro de privatización de Inalsa sigue más que presente, porque “da lo mismo si las inversiones son avaladas por Inalsa, por el Consejo Insular de Aguas o por el Consorcio, porque la única propiedad que tiene el Consorcio son las acciones de Inalsa”. Dicho de otra forma, si llegado el momento de abonar la deuda el Consorcio no puede hacerle frente, el único bien que se le podrá embargar será la propia empresa de aguas.
Las obras serán priorizadas
También se ha puesto freno a la determinación inicial del Plan de Viabilidad para culminar todas las obras en apenas poco más de un año. Así lo garantizó Manuela Armas en declaraciones a este diario, aclarando además que la solicitud de ejecución realizada este jueves al Consejo Insular no significa que esas tres obras serán las primeras en acometerse. En este sentido, los trabajadores consideran que el nuevo depósito no puede ser la obra prioritaria. “Creemos que lo primordial sería el transformador, que nos permitiría comprar la corriente eléctrica de alta tensión”, dijo Figueras.
Seis obras a concurso
Seis obras contempladas en el Plan de Viabilidad serán sacadas a concurso, siempre que el Consorcio Insular de Aguas apruebe este viernes la redacción de proyectos y el pliego de condiciones. Mediante esta modalidad de contratación la empresa pretende conectar a la red de alta tensión las plantas desaladoras de Punta de los Vientos; adquirir y reponer seis mil membranas en las plantas de producción; centralizar todas las desaladoras en una sola consola de control; instalar depósitos para el tratamiento de productos químicos; corregir los defectos en las instalaciones eléctricas observadas por una auditoría externa; y finalmente subsanar las pérdidas en red de distribución en los municipios de Arrecife y San Bartolomé.
Pérdidas récord en 2007
En el transcurso del Consejo se han presentado los resultados contables del ejercicio 2007, con el dato negativo de que se ha batido el récord de pérdidas de toda la historia de la empresa pública. Unas pérdidas que superan los tres millones de euros, casi dos millones y medio más que en 2006. “El informe del asesor financiero de Inalsa ha dicho que en la empresa se han encendido todas las alarmas, que la situación es de extremo peligro”, explicó Juan Carlos Becerra.
Por su parte, la presidenta del Cabildo justifica el resultado negativo de las cuentas por la subida en la factura de la electricidad y por las enormes pérdidas en la red de distribución, dónde desaparece más del 40 por ciento del volumen de producción de agua.
Pagos a la UTE y a Unelco
El Consejo de Administración también aprobó en la sesión de este jueves el pago de 2,5 millones de euros a la UTE Edam Janubio. “Todos los miembros con derecho a voto de este Consejo han decidido que es mejor pagar a la UTE, porque además viene avalado por el informe jurídico, que nos aconseja pagar antes que seguir con esa espada de Damocles de 12 millones de euros a pagar”, explicó Manuela Armas.
Por otra parte, el Consejo ha solicitado avales por valor de más de cuatro millones de euros al Consorcio Insular de Aguas, de los cuales 1,5 millones de euros servirían para pedir un crédito bancario destinado al pago de un pagarés a Unelco. El otro aval, por 2,6 millones de euros, es necesario para cumplir con un nuevo Real Decreto que entra en vigor el uno de julio y que “obliga a las contrataciones que se hagan con compañías que nos facilitan la electricidad adelantar a éstas dos recibos”, indicó la presidenta del Cabildo.
