“Los números nos hacen más que avalar la política de gestión, control y contención del gasto que hemos implantado desde que está trabajando el actual Consejo de Administración”, aseguró el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, a la conclusión de la doble sesión de trabajo que tuvo lugar ayer martes en el Cabildo de Lanzarote, con la celebración del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas, y la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote.
Mario Pérez hacía alusión de esta manera, a la cuenta comparativa de resultados correspondientes al último trienio. Así, las cuentas oficiales de la compañía arrojan, en el año 2003, un saldo negativo de 2.784.407 euros, mientras que durante el ejercicio 2004, coincidiendo con la llegada del nuevo equipo directivo, el déficit disminuyó hasta los 30.000 euros, en concreto 31.730. El saldo correspondiente al pasado ejercicio 2005 arrojó un beneficio de 1.365.003 euros.
“Durante 2005 adoptamos una serie de medidas encaminadas a corregir la tendencia del gasto” asegura Pérez, que considera que “estos números sirven para mantener y reforzar la apuesta que comenzamos hace ya un par de años”.
Así, el gasto corriente ha descendido notablemente, de igual modo que los servicios profesionales externos. Una de las cifras más llamativas es el fuerte descenso en el apartado de compras (cifrado en torno a los 322.000 euros). Asimismo, otros apartados en los que se produjeron importantes disminuciones fueron en gastos de Personal (unos 19.000 euros) y, en consecuencia, de aportaciones a la Seguridad Social, unos 8.000 euros.
En Asuntos de la Presidencia, se acordó la creación de una comisión de investigación integrada por el propio consejero delegado de Inalsa, 3 miembros del Comité de Administración y 1 del Comité de Empresa, que se encargará de analizar y depurar responsabilidades en torno a lo relacionado con el laudo que, recientemente, dictó un juez árbitro de la Cámara de Comercio de Las Palmas, por el que obliga a Inalsa a abonar unos 10 millones de euros a la UTE de empresas que realizó las obras de la planta de Janubio.
Nueva recusación
Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de Inalsa determinaron recusar, nuevamente, a este juez árbitro de la Cámara de Comercio de Las Palmas, en base a una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de noviembre de 2002, en la que se condena al citado juez árbitro, Juan Carlos Grisolía Santos, a ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y al pago de una multa de diez meses, con cuota diaria de doce euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de abonar, por un delito de deslealtad profesional.
