El diputado Ignacio González, del CCN, dimitió este miércoles como portavoz de empleo del grupo Nacionalista, después de acusar al Gobierno canario de "insolvente y moroso" y a la consejera de Empleo, Margarita Ramos, de usar los convenios con los ayuntamientos para crear trabajo precario y basura a través de las corporaciones que en muchos casos se destina a enchufados y familiares.
Tras pronunciar esas acusaciones durante una comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera, Ignacio González anunció que a partir de este miércoles renuncia a ejercer como portavoz de su grupo en empleo porque Margarita Ramos no le hace ningún caso.
En su intervención, el diputado del grupo Nacionalista acusó a la consejera de insultar a los empresarios, "que se lo juegan todo y lo pierden sin su ayuda", e interpretó que los había llamado "insolventes y morosos".
"Insolvente y moroso es el Gobierno de Canarias, que ha tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica" y provoca que los empresarios cierren "porque no reciben los pagos" de la Comunidad Autónoma, afirmó Ignacio González.
"Ay doña Margarita", dijo Ignacio González a la consejera, "erre que erre sigue haciendo lo mismo, tirando balones fuera y diciendo que no se le puede imputar el paro en Canarias".
Afirmó que quiere ayudar a la consejera a que lo haga bien, porque su grupo apoya al Gobierno, pero advirtió de que no le va a permitir a Margarita Ramos que eche la culpa a los empresarios ni que los insulte.
Reclamó que se ayude a los empresarios, que son los que crean empleo y no a los ayuntamientos con convenios de empleo que no controla nadie y que generan trabajo basura en muchos casos para enchufados y familiares.
La consejera, que inicialmente había comparecido para opinar sobre el decreto ley 20/2012 del 13 de julio a petición del grupo Mixto, respondió al diputado que le había producido desagrado su intervención y le recordó que ella no estaba allí "con nombres y apellidos", en alusión a la expresión de "ay doña Margarita" empleada por González, sino porque es miembro del Gobierno de Canarias.
También mostró sorpresa por la interpretación del diputado de que había insultado a los empresarios, ya que "jamás ni nunca" lo ha hecho, y subrayó sus excelentes relaciones de cordialidad y disponibilidad con las organizaciones y sectores empresariales.
"Si alguien pudo interpretar que por hacer alusión a la situación de morosidad a la que desgraciadamente tienen que hacer frente las empresas por la falta de crédito y por el retraso en los pagos de las administraciones públicas, jamás y nunca", insistió la consejera.
En cuanto a los convenios de empleo con las corporaciones locales, señaló que los defiende porque "el empleo ha pasado a convertirse a un asunto de emergencia y hay que adoptar medidas urgentes y extraordinarias".
Ante el desagrado que mostró la consejera por la intervención de González, este anunció que "para evitar suspicacias" la llamará en adelante "excelentísima señora doña Margarita".
Insistió en que la consejera ha faltado al respeto a los empresarios por haber paralizado "la ley de pymes" que había preparado al principio de la legislatura, aunque "disciplinadamente" aceptó a petición de su grupo aplazarla porque al parecer el departamento de Margarita Ramos estaba preparando una norma al respecto.
En ese momento fue cuando González anunció su dimisión como portavoz de empleo del grupo Nacionalista, pero advirtió de que seguirá ejerciendo como diputado para decirle a la consejera "lo que está haciendo mal", pese a que hasta ahora "no ha hecho ningún caso", lo que consideró una falta de respeto hacia el CCN.
La consejera habló además del objeto de la comparecencia, y repasó el contenido del decreto ley en lo relativo a los recortes en la cuantía de la protección al desempleo a partir del sexto mes, a la supresión de bonificaciones a la contratación, a la eliminación de subsidios a desempleados de más de 45 años, a la reducción de los fondos del garantía salarial del Fogasa y a la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social.
Todo ello, según la consejera, se ha hecho con criterios economicistas a costa de los derechos de los desempleados y trabajadores en lo que supone "un ataque frontal" a las bases del estado de bienestar.
La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández sobre el decreto ley 20/2012 del 13 de julio afirmó que se trata de un decreto que criminaliza al desempleado en una economía en recesión.
La diputada del PSOE Dolores Padrón afirmó que el decreto recorta los derechos de las personas en situación de desempleo, de manera que los más vulnerables asumen las consecuencias de una crisis de la que no son responsables.
Víctor Moreno, del PP, admitió que las medidas del Gobierno central no son sencillas, fáciles ni populares, pero el ejecutivo actúa con rigor y realismo para corregir cosas que se hicieron en el pasado, "cuando se ocultó la realidad y se retrasaron las reformas".
