Después de más de dos meses de conversaciones, se han roto las negociaciones entre los trabajadores y la gerencia de Canal Gestión Lanzarote, empresa que ostenta la concesión de la gestión del ciclo integral del agua en la isla. Tal como expresa el Comité, “los hechos que han motivado que los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote hayan decidido por unanimidad tomar esta medida tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos, el marco normativo y el convenio colectivo estatal de captación y distribución de aguas por el que nos regimos, así como la pretensión de la empresa de despedir a 69 trabajadores con contrato celebrados en fraude de Ley”.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha demandado este domingo en nota de prensa al Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los ayuntamientos de la isla, que asuma sus responsabilidades y exija a la empresa concesionaria del servicio el cumplimiento de la legalidad y el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores.
Dicen en su nota que la actitud que está mostrando Canal Gestión Lanzarote (CGL) solo se puede calificar de irresponsable y temeraria al forzar a los trabajadores a adoptar medidas tan drásticas como la huelga para defender lo que incluso las autoridades laborales han reconocido como legítimo.
"Las contratación en fraude de ley de trabajadores para realizar trabajos propios de la producción como si fueran trabajos eventuales por obra y servicio o interinidades, así como la purga que se está dando en el seno de CGL mediante el despido de los trabajadores afectados y que están denunciando los representantes de los trabajadores, son actuaciones que deben rechazarse. Estas conductas, de ética más que cuestionable, no deben ser toleradas en el seno de ninguna empresa que responde al interés público de la ciudadanía y es ahí donde el Consorcio debe tomar cartas en el asunto", explican.
La formación de izquierdas hace un llamamiento para que el Consorcio cumpla con su reglamento, asuma su responsabilidad y obligue a CGL a regularizar la situación laboral de los trabajadores, siguiendo el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y que readmita a los trabajadores despedidos con los contratos laborales que les corresponden. "De lo contrario, no dudaremos en señalar que las consecuencias del conflicto provocado por CGL son responsabilidad de la dejadez del Consorcio y de todos los miembros de su Asamblea General", advierten.
