Por Antonio Rodríguez de León, presidente de la Plataforma por el Mar Canario
El movimiento migratorio es un negocio millonario para personas y organizaciones, tanto desde su origen, como en destino. Por lo tanto, los que se lucran con este ilícito negocio, se le debe aplicar con todo rigor, la legislación penal correspondiente. Si el tráfico ilegal de personas se realiza en fronteras entre Estados, se les aplicaría la legislación de los Estados correspondientes. Cuando las fronteras entre dos Estados están separadas por espacios marítimos internacionales, además de las leyes internas de esos Estados, tendrían que aplicarse también, el Derecho Internacional.
Cuando son apresados en aguas internacionales, la responsabilidad es de la Organización Marítima Internacional, dependiente de las Naciones Unidas. Esta deberá ordenar por ley, la forma de perseguir y condenar, a los que se dediquen al tráfico de trata de personas, desde su origen hasta la llegada en destino. A los inmigrantes una vez en destino, se les explotan laboralmente de forma esclavista, por personas y organizaciones sin escrúpulos, dentro de una sociedad progresista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también prohíbe el sometimiento de personas a la servidumbre o a la esclavitud. Ante ello, habría que preguntarse, ¿Qué pasa con los miles de inmigrantes que son abandonados en la calle sin papeles, y son buscados en destino por intermediarios, para ofrecérselos a personas o empresas, para luego, ser explotados laboralmente con horarios y salarios ilegales, a veces, por la manutención solamente?.
El primer paso para una posible solución, sería una declaración internacional que considerara como “trata de esclavos” a la inmigración que entra de forma ilegal por cualquier parte de un territorio. Por un lado, obligaría a las naciones unidas a ejecutar una resolución que conlleve un despliegue internacional, para perseguir tanto en origen como en destino, a quienes se lucren con los movimientos migratorios clandestinos.
Si el despliegue policial internacional se demorase en el tiempo, y al ser responsables solidarios todos los Estados, éstos tendrán que aceptar los derechos de las personas a circular libremente y a elegir su residencia en territorio de cualquier Estado. Con este principio universal de los derechos humanos, España que forma parte de la Unión Europea, no está en la obligación de cargar exclusivamente con el problema inmigratorio, y si el resto de miembros europeos se niegan en el reparto de acogidas de personas indocumentadas, España tendría la libertad en dar la residencia a los sin papeles, facilitándoles los gastos para el destino europeo que elijan libremente (art. 13 de la Declaración de los Derechos Humanos). Veremos quienes se niegan a cerrar las fronteras europeas a residentes españoles. Canarias por su condición insular, no debería aceptar ser territorio de entrada sin salida, a la inmigración incontrolada.
