Por Cándido Marquesán Millán
Acaban de ser noticia los dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, al haber sido fichados por dos multinacionales españolas, Gas Natural y Endesa respectivamente, para potenciar los respectivos negocios de ambas energéticas en Latinoamérica. González cobrará 126.500 euros al año, mientras que Aznar, por su parte, 200.000. Tales cifras son cuantiosas para cualquier ciudadano, aunque no demasiado para las personas que se mueven en el mundo de la alta política o de la alta empresa.
Como no podía ser de otra manera esta circunstancia ha propiciado muchos comentarios en avezados articulistas políticos, como también en muchas tertulias de los ciudadanos de a pie.
De entrada, cabe destacar que las respectivas cúpulas de sus propios partidos no manifestaron crítica alguna, a pesar de que estos nuevos ingresos se van a sumar a los que ya reciben por haber sido presidentes de Gobierno. Es más, desde la calle Génova cerraron filas en torno al actual presidente de FAES: “no sólo tiene derecho a ocupar puestos "de prestigio" en empresas privadas, sentenció su vicesecretario general Esteban González Pons-éste sí que se gana el sueldo-, sino que debería percibir un sueldo más elevado.
Posteriormente, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, defendió una proposición en el Congreso de los Diputados para que no fueran compatibles estas retribuciones públicas con otras privadas, como en el caso de los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Sin embargo, los dos grupos mayoritarios frenaron la iniciativa en seco, porque aunque los socialistas y los populares sí se mostraron dispuestos a estudiar una mejora del estatus de diputados y senadores, no consideraron adecuado hacerlo mediante la propuesta de IU, ni quisieron revisar la situación de González y Aznar. Unos casos que ante el pleno fueron calificados de "inaceptables" e "intolerables" por el PNV y el BNG, que criticaron que ambos aprovechen sus influencias para fines privados.
El trasvase del mundo de la alta política al de la alta empresa es una constante en España, ya que funcionan como vasos comunicantes. Tenemos otros muchos ejemplos como el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid, y los ex ministros Eduardo Zaplana, que trabaja para Telefónica, o Javier Solana, que asesora a la constructora Acciona. La lista sería interminable. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que los políticos mientras están en activo, aprovechan sus contactos con el mundo empresarial, para prepararse unas buenas colocaciones para el futuro. Por ende, no hace mucho se contaba en los medios de comunicación que un determinado político, que hasta ese momento había ocupado puestos relevantes de gestión pública, debería pasar a un segundo nivel de responsabilidad para de este modo poder "hacer patrimonio", ya que aún no disponía de él. Le parecía que era lo razonable. Aunque muchos políticos tampoco dejan sus actividades profesionales o empresariales. Los diputados dedican una parte importante de sus horas de trabajo para atender sus gabinetes de abogados, sus asesorías a empresas privadas, a impartir clases en universidades. De verdad, con todos los problemas y necesidades que tiene este país, inmersos en una crisis económica profunda. ¿Cómo es posible que los parlamentarios puedan estar enfrascados en sus negocios privados? Al Parlamento debería llegarse con la mente fresca y descansada, y no absorta con otras preocupaciones privadas. Como acaba de expresar con buen criterio, Juan José Millás “Que no comprendía que sus señorías puedan ser capaces de hacer feliz al pueblo y a sus consejos de Administración a la vez. “Por lo visto, 46 millones de ciudadanos no se merecen 350 representantes a jornada completa. Resulta que el escaño es una llave para abrir puertas, para sacarse un sobresueldo”, apuntaba sin disimular su enojo.
Por otra parte, me surgen unas preguntas un tanto ingenuas, cuyas respuestas las dejo a todos aquellos que tengan la paciencia de leer estas líneas. ¿Cuándo estaban en la actividad pública hicieron algún trato de favor a aquellas empresas, en las que posteriormente van a ser contratados? ¿Llegan realmente para desempeñar labores de asesoramiento o por sus contactos para abrir determinadas puertas? ¿ Los ejecutivos de las empresas les deben el puesto a ellos?
Podrá ser legal, mas no parece ni muy estética ni muy ética la actuación de ambos expresidentes por haber aceptado formar parte de unas empresas, en las que participaron en el pasado en sus respectivos procesos de privatización y por recibir los sueldos antes mencionados en plena crisis económica. Me parece una auténtica desvergüenza que ambos pontifiquen sobre las medidas que han de ponerse en práctica para combatir la crisis, entre otras la reforma del sistema de pensiones, recortes salariales, congelación de pensiones, reformas laborales, mientras disfrutan ya de un sueldo de jubilados que ronda los 70.000 euros, al que no van a renunciar, y de otra serie de prebendas no despreciables. Estos personajes públicos, que han desempeñado cargos institucionales tan relevantes, deberían ser un referente ético para el resto de la ciudadanía. Pero ya vemos que son un referente totalmente negativo. Luego en las campañas electorales no tendrán impedimento alguno en decir que están muy preocupados por la crisis económica. Si entre los asistentes existe algún parado, que no se sorprendan de recibir algún fuerte improperio. Se merecerían, cuando menos, las mismas palabras que José Antonio Labordeta dirigió, cuando subía al estrado para exponer sus argumentos, a unos diputados del PP que le estaban increpando con "vete con tu mochila a Teruel" y "abuelo de las narices", "Iros a la mierda, a la mierda".
No faltarán quienes digan que estas empresas al ser privadas pueden pagar las cantidades que les parezcan oportunas. Son privadas, pero con algunas peculiaridades reseñables al ser dos empresas energéticas, con tarifas reguladas por el Gobierno y, por tanto, donde la presencia de dos ex presidentes puede llegar a interpretarse como un conflicto de interés. Como todo el mundo sabe, en los últimos meses, estas empresas han mantenido unas intensas y largas negociaciones con el Gobierno, cuyas consecuencias han sido un incremento del recibo de la luz del 9,8% y del gas del 3,9%. Subidas que van a dañar gravemente la economía de muchos hogares españoles, que lo están pasando francamente mal.
El comportamiento de estos ínclitos personajes es una muestra clarísima, de que la clase política está totalmente desconectada de la problemática que preocupa a la gente de la calle. Por ello, que no se sorprendan nuestros políticos, que cada vez la ciudadanía tenga menos confianza en ellos, aunque tampoco creo que esta circunstancia les importe demasiado.
