El grupo de Ganemos Arrecife, integrado en las filas de Podemos, respalda las críticas de esta semana de la plataforma Transparencia Urbanística y entiende que aún existe "un cordón" que une al actual Gobierno del Ayuntamiento de la capital de Lanzarote con la corrupción.
Así lo ha expuesto este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la actual portavoz de Ganemos en Arrecife Leticia Padilla, que, entre otras cosas, ha dejado claro que desde las filas asamblearias no entienden que el grupo de gobierno de PSOE, CC y PIL siga teniendo como interventor a Carlos Sáenz, a pesar de que el actual funcionario está condenado a cuatro años y medio de prisión por casos como Proselan, en el que se acreditó el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por esta empresa en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento de Arrecife, trabajos que nunca se llevaron a cabo.
"El Ayuntamiento de Arrecife todavía no se ha deshecho de toda la porquería que tenía dentro. Seguimos teniendo como interventor a Carlos Sáenz, así que hasta que no sea apartado de su trabajo, yo no puedo fiarme de lo que pasa en el departamento de intervención", ha manifestado Padilla en el programa 'A buena hora'.
Para la concejal de Podemos en la capital, "hasta que Función Pública no aparte a Carlos Sáenz de su cargo y siga asistiendo a los plenos, a las mesas de contratación y a las comisiones como interventor de este Ayuntamiento, para nosotros esto no estará zanjado y el Ayuntamiento seguirá trabajando mal".
Además de los cuatro años y medio de prisión por delitos continuados de malversación y prevaricación para Sáenz, los tribunales también le han impuesto pena de ocho años de inhabilitación para cargo público. En teoría la actual situación llegará a su fin cuando se ejecute esta primera sentencia firme o bien cuando Función Pública del Gobierno de Canarias emita un informe para apartar de su actual cargo al funcionario.
"Un cordón con la corrupción"
Leticia Padilla ha ratificado en este sentido la reciente acusación de Somos Lanzarote. "Decía Borja Rubio [portavoz de Somos Lanzarote] que el Ayuntamiento de Arrecife seguía teniendo un cordón umbilical con la corrupción, algo que no le gusta a la alcaldesa, pero que es una realidad", ha afirmado.
"Tanto la Asociación Transparencia Urbanística como algunos miembros de la oposición, que sí entienden de leyes y son abogados, insisten en que se ha estado trabajando mal desde el Ayuntamiento, que no ha presentado bien los recursos judiciales", ha afirmado Padilla, en referencia a actuales pleitos en los tribunales como el que enfrenta al Ayuntamiento capitalino con la actual empresa adjudicataria de la limpieza en la ciudad, Urbaser.
"A pesar de ello, el grupo de gobierno insiste en decir que sí hay transparencia, cuando el Ayuntamiento no hace bien su trabajo ni hay control sobre las concejalías", argumenta la concejal de Podemos. "La alcaldesa dice en el pleno que está segura y que todo está perfecto. Permítame dudarlo", ha advertido la edil de Arrecife, para la que, "tal y como dice Transparencia Urbanística, el día que se limpie completamente el Ayuntamiento y empiece a trabajar de manera correcta, podrán decir que ya no hay corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife".
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, al exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y al empresario José Daniel Hernández, por el caso Proselan.
La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en enero pasado a cinco años y tres meses de prisión a Sáenz, Arrocha y Hernández, así como a nueve años de inhabilitación. El Tribunal Supremo establece en ocho años y un día la inhabilitación absoluta para empleo y cargo público.
En el juicio del caso Proselan se acreditó el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento de Arrecife, que no se llevaron a cabo.
Tanto el interventor de Arrecife como el exjefe de la Oficina Técnica municipal fueron condenados por la Audiencia por delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación.
La sentencia del Supremo establece que la condena es por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación, y además delito de falsificación en documento mercantil en el caso de José Daniel Hernández.
Pero la sentencia contra Carlos Sáenz por el caso Proselan podría no ser la última, ya que el interventor todavía tiene al menos seis juicios pendientes, cinco de ellos correspondientes al caso Montecarlo, y en otro de otra pieza del caso Unión.
Sáenz ya pasó 10 meses en prisión provisional tras ser detenido en el caso Montecarlo, pero tras salir de la cárcel en marzo de 2013 solicitó recuperar su puesto. Sin embargo, inmediatamente empezó a presentar bajas médicas que renovaba semanalmente, por lo que siguió lejos del Ayuntamiento. hasta que en agosto de ese mismo año, justo al día siguiente de que la nueva interventora que había contratado el Consistorio para sustituirle asistiera a su primer pleno, Carlos Sáenz volvió al Ayuntamiento a recuperar su cargo. Desde entonces, ha seguido ejerciendo como interventor, aunque esa situación llegará a su fin en teoría cuando se ejecute esta primera sentencia firme. En total, la Fiscalía pide 55 años de cárcel para Sáenz en esos seis juicios.
