El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó este viernes expresar ante los responsables de la ULPGC y del equipo BIOGES adscrito a la Fundación de la ULPGC, el rechazo social e institucional existente en relación con los proyectos de prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas. El acuerdo, que fue adoptado con los votos a favor del grupo de Gobierno (CC y PSOE) y del grupo PPM, contó con el rechazo del grupo PP y la abstención del grupo Mixto.
También se demanda, explica la Corporación majorera en nota de prensa, toda la documentación relativa al encargo hecho a estos organismos de la ULPGC y que son pagados por empresas contratadas por Repsol y sus socias multinacionales, al entender que como organismos de carácter público (la ULPGC y BIOGES) debe atender la solicitud de información que se hace desde las instituciones públicas.
El acuerdo reitera, además, por undécima vez, la solicitud al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para que venga a Fuerteventura y Lanzarote a reunirse y escuchar las razones por las que no queremos proyectos petrolíferos frente a nuestras costas, sin intermediarios.
El consejero de Cultura, del Cabildo de Fuerteventura, Juan Jiménez, defendió la moción recordando la firme oposición social e institucional frente a estos proyectos “que sólo benefician a las multinacionales, y ante los que vemos a portavoces del PP, como ayer en Tenerife, erigiéndose públicamente en defensores de las multinacionales” y hasta “demostrando un concepto de solidaridad medioambiental que parece de otra época, despreocupándose de la contaminación ambiental porque, al fin y al cabo, según sus supuestos estudios, perjudicaría al continente africano y no a Canarias”.
Acuerdos adoptados
1. El Cabildo de Fuerteventura se dirigirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria del Gobierno de España exponiéndole su rechazo a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 27 de marzo de 2012, por la que se autorizan nuevos estudios de investigación de fondos marinos en los permisos de hidrocarburos denominados ‘Canarias 1 a 9’.
2. El Cabildo de Fuerteventura solicitará la suspensión definitiva de este nuevo proceso de investigaciones relacionados con los proyectos petrolíferos en nuestras cosas y para el caso de que esta suspensión no se produzca, adoptará todas las medidas administrativas y judiciales a su alcance para conseguir el objetivo de la suspensión.
3. El Cabildo de Fuerteventura respalda a los ayuntamientos de Fuerteventura en todos los extremos de su escrito dirigido Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España en relación con la referida ‘Consulta en la evaluación de impacto ambiental del proyecto PERFORACIÓN DE SONDEOS EXPLORATORIOS EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADOS CANARIAS 1 A 9’, de fecha 22 de febrero de 2013.
4. El Cabildo de Fuerteventura se reafirma en la oposición clara y contundente a estos proyectos de hidrocarburos y reitera, por enésima vez, su invitación al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a visitar la isla, reunirse con todas las partes interesadas y planificar acciones conjuntas relacionadas con proyectos de energías renovables y alejadas definitivamente de perforaciones en busca de hidrocarburos en nuestras aguas.
5. El Cabildo de Fuerteventura se dirigirá formalmente y por escrito al rector de la ULPGC, a los responsables de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de Las Palmas de Gran Canaria y al equipo integrante de Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación (BIOGES-ULPGC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que han alcanzado un acuerdo para aportar sus informes al proyecto para perforaciones petrolíferas en nuestras aguas ‘Canarias 1 a 9’ desarrollado por varias multinacionales petrolíferas; exponiéndoles el firme rechazo institucional y social de Fuerteventura a estas actividades petrolíferas y solicitándoles formalmente que recojan en sus trabajos esta oposición, como reflejo de las negativas repercusiones que al entorno social de las islas está generando este proyecto petrolífero y el rechazo institucional sólido y contundente a los mismos.
6. El Cabildo de Fuerteventura se dirigirá formalmente y por escrito al rector de la ULPGC, a los responsables de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de Las Palmas de Gran Canaria y al equipo integrante de Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación (BIOGES-ULPGC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, solicitándoles formalmente y de forma urgente copia de todo el contenido del acuerdo alcanzado para aportar sus informes al proyecto para perforaciones petrolíferas en nuestras aguas ‘Canarias 1 a 9’ desarrollado por varias multinacionales petrolíferas, ante la importante preocupación social e institucional generada en Fuerteventura y entendiendo que como responsables de entidades públicas deben atender esta preocupación social e institucional.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias-1", "Canarias-2", "Canarias-3", "Canarias-4", "Canarias-5", "Canarias-6", "Canarias-7", "Canarias-8" y "Canarias-9".
Como explica la exposición de motivos del Real Decreto 547/2012, los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9 situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, fueron otorgados a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., por Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre.
De acuerdo con la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo3, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Woodside Energy Iberia, S.A., y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora.
La sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se resolvieron los recursos contencioso-administrativos 39/2001 y 40/2001 contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
La Administración General del Estado, amparándose en la facultad de convalidación de los actos anulables establecida en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha convalidado el anulado Real Decreto 1462/2001, añadiendo un nuevo artículo denominado «2 bis. Medidas de protección medioambientales» pretendiendo con ello dar cumplimiento al artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, e integrando además las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Así mismo, se introducen determinadas modificaciones en el artículo 2 que flexibilizan en programa de trabajos pero no constituye en ningún caso una modificación relevante al mantenerse invariables tanto las obligaciones materiales como las inversiones.
En el ámbito nacional frente al mencionado Real Decreto 547/2012 se han interpuesto sendos recursos contenciosos administrativos del Gobierno de Canarias, de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y de diversas ONG, sindicatos y organizaciones medioambientales.
En el ámbito de la Unión Europea se han presentado ante la Comisión Europea sendas denuncias de las citadas Autoridades autonómicas e insulares en relación a los incumplimientos del Derecho ambiental y del mercado interior en energético de la Unión Europea, así como de diversas ONG ambientales.
En febrero de 2013, Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. como entidad operadora de los permisos de investigación Canarias 1 a 9 ha iniciado la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de la hasta ahora única campaña de sondeos con un documento inicial al amparo del artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008.
El inicio de esta tramitación se ha realizado consultando sólo a una selección de entidades y colectivos elegidas por el Ministerio, sin permitir abrir el proceso a cualquier ciudadanos, colectivos o institución que quisiera tomar parte.
Ante ello, los ayuntamientos de Fuerteventura han dirigido una serie de escritos a la Subdireccción General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España en relación con la referida ‘Consulta en la evaluación de impacto ambiental del proyecto PERFORACIÓN DE SONDEOS EXPLORATORIOS EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADOS CANARIAS 1 A 9’, de fecha 22 de febrero de 2013, advirtiendo que todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote, los Cabildos de las dos islas, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y múltiples colectivos profesionales, sociales, ecologistas, científicos y vecinales han manifestado de forma reiterada su firme oposición a la realización de estos proyectos, reclamando de forma clara y contundente su suspensión definitiva.
Los ayuntamientos también han recordado en estos escritos que el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con otras instituciones y colectivos ha presentado diversas iniciativas de oposición a estos proyectos en el ámbito de las instituciones europeas y ante el propio Tribunal Supremo de España, actualmente en trámite, por lo que consideran que cualquier tramitación administrativa al respecto debe suspenderse de forma inmediata.
Consideran además que la preocupación social e institucional en Canarias demuestra que nos estamos enfrentando a uno de los asuntos más trascendentales de nuestra historia y ante el que consideramos que el proceso de consultas abierto es claramente insuficiente.
En definitiva, los ayuntamientos majoreros coinciden en solicitar la suspensión definitiva de todo el proceso y, no obstante, para el caso de que siga adelante con la tramitación, advierten que es necesario ampliar sustancialmente los plazos concedidos, porque estamos hablando de instituciones, colectivos científicos y ecologista que carecen de los recursos necesarios para realizar un análisis en profundidad con la premura planteada.
También es imprescindible que todos los ayuntamientos, todos los Cabildos canarios, los consejos insulares de aguas de las dos islas orientales, las entidades públicas dedicadas a la producción y distribución de agua desalada, colectivos sociales, turísticos, ecologistas, vecinales y empresariales de las dos islas orientales tengan acceso libre a todo este proceso.
Nueva comunicación
De forma paralela, pero en este caso a través del Ministerio de Industria, se nos comunicó el pasado 12 de abril de 2013 una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 27 de marzo de 2012 por la que se autorizan nuevos estudios de investigación de fondos marinos en los permisos de hidrocarburos denominados ‘Canarias 1 a 9’.
Esta nueva autorización ha vuelto a hacerse de nuevo "sin tener ningún tipo de consulta o información previa, y sin dar participación a las administraciones canarias", expone el Cabildo majorero.
