El ministro de Fomento, José Blanco, anunció este jueves que las tasas de navegación aérea se reducirán un 15% en dos años, de acuerdo con el nuevo decreto ley aprobado por el Ejecutivo, para situarlas en la media de la Unión Europea, lo que supondrá un ahorro de 120 millones de euros.
Segúin recoge la agencia Europa Press, durante su intervención en el Pleno del Congreso, Blanco explicó que se aplicará una reducción del 8% en las tasas el próximo año y otra rebaja del 7% en 2012, lo que tendrá una "repercusión directa" en las compañías y en el coste de los billetes que pagan los ciudadanos.
El objetivo de Fomento con este recorte es impulsar una rebaja de la tarifa de ruta desde los 82 euros de media actuales hasta situarla en 78 euros en 2011 y en 72 euros en 2012, 2013 y 2014, para lo que buscará una reducción de 215 millones de euros de los costes salariales desde los 780 millones de 2009.
Blanco expresó su disposición a "mejorar aún más" el decreto ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos a través de su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, para garantizar tanto la prestación del servicio de tránsito aéreo como su "sostenibilidad económica y financiera".
"Contamos con la comprensión de los ciudadanos y con el apoyo de los agentes sociales y las organizaciones empresariales, espero contar con la colaboración de los grupos y con su buena disposición para seguir por este camino que es bueno para España", afirmó.
El titular de Fomento afirmó que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio del control del tránsito aéreo y de que sus costes económicos sean "asumibles y equilibrados", cumpliendo con las directivas de la UE.
Blanco aseguró que en las condiciones actuales, tal y como la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), "no hay capacidad" para garantizar la prestación del servicio con la continuidad y eficiencia requeridas.
Por ello, defendió que el nuevo real decreto aprobado resuelve la situación derivada de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre AENA y los controladores para la negociación del convenio que expiró hace más de cinco años, el 31 de diciembre de 2004.
Blanco achacó la dificultad de alcanzar un acuerdo a las "condiciones leoninas de los controladores bajo la amenaza de colapsar los aeropuertos" en los periodos más conflictivos como Semana Santa.
"A partir del 1 abril AENA no habría podido garantizar la continuidad de la prestación del servicio, ni hacerlo de forma eficiente", admitió.
El ministro recordó que AENA reanudará las negociaciones del nuevo convenio colectivo con USCA "bajo las nuevas premisas". "Confío en el sentido de la responsabilidad de ambas partes para que sea posible llegar a un acuerdo positivo, el Gobierno hará todo lo que esté en su mano", dijo.
Se paga el doble que en Europa
Blanco señaló que el Gobierno "no puede abdicar de sus obligaciones como garante del interés público" y defendió que se ha tomado una "medida excepcional ante una situación excepcional" para resolver tres problemas: los elevados costes de navegación aérea, recuperar la capacidad de organización del trabajo y dotar de mayor flexibilidad a la "rigidez" de la propia gestión del tránsito aéreo.
"No se puede pagar un servicio público más del doble que en Europa, es algo incompatible con la situación de nuestra economía y con un sentido elemental de prudencia retributiva que debe imperar en el sector público", incidió.
Blanco subrayó que el actual convenio recogía una jornada A de 1.200 horas anuales y una jornada B, que contemplaba horas extraordinarias que "siendo necesarias" se cobraban un 165% más que la hora ordinaria.
"Es decir, en la práctica una de cada tres horas se consideraba extra y se pagaba al triple", algo cuestionado por la Intervención General del Estado desde el primer año en que se firmó el primer convenio colectivo en 1999.
En esta línea, Blanco afirmó que "si todos los trabajadores de nuestro país cobran el triple por cada hora, no habría ni una sola empresa que lo pudiera soportar".
Ante esta situación, el nuevo decreto establece una jornada máxima de 1.750 horas anuales, garantizando los descansos obligatorios (un 33% en turno nocturno y un 25% en el diurno), y limita las horas extraordinarias a 80 horas anuales.
Asimismo, devuelve "la competencia" a AENA para la gestión y organización del trabajo del colectivo, estableciendo sanciones tanto para el proveedor como para el controlador, si se menoscaba la continuidad del servicio, y suspende la licencia especial que permitía a un controlador prejubilarse a los 52 años cobrando íntegramente un sueldo medio de 170.000 euros anuales sin trabajar.
Por otro lado, abre la posibilidad de implantar el servicio AFIS en aeropuertos con un volumen de tráfico "muy pequeño" siempre que sea justificado, sistema que supervisarán profesionales cualificados, y la prestación del servicio de control a empresas, tanto públicas como privadas, certificadas por una autoridad europea de supervisión.
Blanco destacó que todas estas medidas contempladas en el nuevo marco suponen una "reforma estructural, de modernización y de rigor económico", que calificó de "totalmente necesaria e inaplazable", en el momento actual, para un sector tan "relevante" para la economía como es el turismo.
