viernes. 19.04.2024

1.- Inmaculada Violán , fiscal de medio ambiente de Tenerife, se ha convertido en una fiscal en apuros. En su acusación a los condenados por el edificio de Perrault , Violán -según la defensa de algunos de ellos- no siguió la doctrina unitaria debida constitucionalmente a los defensores públicos, tras un caso similar, aún más grave, ocurrido en Las Palmas, que fue archivado. Un edificio que invadía suelo público en una playa grancanaria quedó fuera de la acusación del fiscal, al ser subsanable el asunto, mientras que aquí, un caso más leve porque no invade ese suelo público, fue objeto de criminalización por parte de Violán, ignorando la decisión de sus compañeros de la otra isla. El caso ya está en el órgano que regula y vigila la actuación de los fiscales, en Madrid, que va a tomar medidas sobre esta cuestión. O no, pero que al menos la va a analizar, el próximo día 8 de abril. ¿Y qué ocurrirá si este órgano decide que la actuación de Violán no fue la correcta? No quiero adelantar acontecimientos, ni disparar con pólvora de rey, ni erigirme yo mismo en juzgador de las actuaciones, ni tampoco alentar procesos mediáticos, pero sí digo que estamos ante una fiscal en apuros. Porque su actuación podría afectar al procedimiento.

2.- Un sistema judicial inteligente es también un pilar básico del Estado de Derecho. Si constitucionalmente los defensores públicos deben observar la unidad de doctrina -obviamente, los jueces no tienen esa obligación, porque pueden sus decisiones ser interpretativas-, no deben hacer excepciones. Si en Las Palmas se había producido un caso similar, y aún más grave que el asunto del edificio de Perrault, que fue archivado, la fiscal tenía que haber seguido esa unidad de doctrina, o al menos consultar a sus superiores jerárquicos sobre el asunto. Como dice Eligio Hernández , no se puede criminalizar un asunto (subsanable) que debió dirimirse en un tribunal contencioso-administrativo y no en la jurisdicción penal.

3.- En los Estados Unidos, los jueces y fiscales son elegidos por el pueblo. Y necesitan de la crítica de sus actuaciones para que sus resoluciones sean más justas. Ellos lo agradecen. Por eso allí han conformado un sistema judicial fuerte, que comete errores, pero los administrados saben siempre a qué atenerse. Los casos juzgados tienen una gran fuerza en las decisiones que se toman en otros posteriores similares. Aquí no; aquí cada uno parece ir por su lado. ¿Qué podría pasar ahora, tener que desandar lo andado? Pues si es preciso, en aras de hacer justicia, sí.

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Fiscal en apuros
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