Este jueves saltaba en este diario la noticia del acuerdo entre Inalsa y la UTE Edam Janubio para el pago de 2 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas en concepto de la obra inacabada en la planta de Playa Blanca y a fin de evitar la continuación del pleito que mantiene la empresa pública con la entidad participada mayoritariamente por Fomento Contratas y Construcciones (FCC). Este viernes, en el programa “El Despertador”, el vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín, aclaró varias cuestiones en relación con éste y otros asuntos aprobados el jueves en el Consejo de Administración de Inalsa.
“No queremos jugar a la ruleta rusa. A día de hoy nadie puede asegurar que Inalsa no se vea obligada al pago de 12 millones de euros por el laudo condenatorio” contra la compañía pública, señaló Martín.
Por otra parte, el vicepresidente del Cabildo aclaró que “no existe aún ningún documento firmado con la UTE”. No obstante, este jueves Plácida Guerra aseguraba en el Consejo de Administración que sí ha habido contactos que hacen pensar que no habrá ninguna objeción por parte de Edam Janubio. En cualquier caso, “lo que se ha hecho en el Consejo es ratificar a la consejera delegada para que sea capaz de firmar un documento de acuerdo por un valor máximo de 2 millones de euros”, dijo Fabián Martín.
El vicepresidente de la Corporación insular recordó además que “la obra civil realizada por la UTE costó más de 1,5 millones de euros”, cantidad que independientemente del resultado del pleito “habrá que pagar”. “Por lo tanto la diferencia de la que estamos hablando es de 500.000 euros, una diferencia de la que puede depender el futuro de la empresa de aguas, porque nadie puede asegurar que el pleito lo ganará Inalsa”.
Contrato con Aguas Filtradas
Martín se refirió a la prorroga acordada con la empresa Aguas Filtradas por 12 años, contrato muy criticado tanto por la oposición como por el comité de empresa de la compañía de aguas. “Los servicios jurídicos han estimado que se trata de un contrato viable, ratificado además por los servicios técnicos de Inalsa”, dijo Martín. Recordó que en parte gracias al nuevo acuerdo “se ha podido refinanciar la gran deuda que se mantiene con Aguas Filtradas, con lo que disminuye la presión económica sobre la empresa, lo que permite afrontar nuevas inversiones”.
Las 300 demandas territoriales
Fabián Martín se refirió a las más de 300 denuncias judiciales que ha presentado un grupo de empresarios contra la concesión de licencias y permisos para la construcción de camas turísticas y residenciales, otorgamiento considerado irregular por este colectivo de particulares. En este sentido, Martín dijo que “el Cabildo no puede poner freno” a una posible hecatombe que pudiera provocar la cascada de sentencias en caso de que fueran favorables a los demandantes. Y es que cabildo y ayuntamientos responsables de dar aquellas licencias podrían enfrentarse al pago obligatorio de indemnizaciones millonarias por perjudicar los intereses de los demandados, siempre y cuando éstos pierdan sus licencias. “Es nuestra responsabilidad de buscar soluciones a estos conflictos, de los que son responsables anteriores corporaciones”, manifestó el consejero del PIL.
