Por Ricardo Génova, doctor en Biología y director de Alenta Medio Ambiente SL
Cada año en el mundo se perforan más de 900 sondeos de exploración y producción de hidrocarburos mar adentro (“offshore”). Aproximadamente la mitad corresponde a sondeos exploratorios, similares a los que se propone realizar en aguas de la zona económica exclusiva frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En cierto modo, la baja actividad de búsqueda de hidrocarburos en nuestras aguas es una excepción en el escenario de exploraciones que se llevan a cabo en las costas europeas, desde el Mediterráneo encabezado por Italia con más de 120 instalaciones marinas operativas, hasta el mar del Norte con más de 1.100 instalaciones operativas de extracción de petróleo y gas natural offshore. La perforación de sondeos mar adentro se ha convertido en una actividad habitual desde finales de los años ochenta y en la actualidad se perfora con normalidad a profundidades superiores a los 3.000 m de lámina de agua.
La perforación de sondeos exploratorios marinos, independientemente del país donde se realice, requiere de un trámite ambiental más o menos extenso en función del conocimiento del medio donde se propone realizar y del desarrollo del sector de hidrocarburos en el país en cuestión. Así, por ejemplo, en el Reino Unido con una larga tradición de exploración y producción de hidrocarburos los requisitos suelen ser sencillos, a través de un relativamente rápido permiso administrativo, definido en su propia regulación como una especie de “mini estudio ambiental”. En el caso de España, donde existe poca tradición en este sector, lo más habitual es la exigencia por parte de la administración competente de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medioambiente. Consiste en el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos ambientales significativos causados por el desarrollo de un proyecto sobre el medio físico, biológico y socioeconómico con anterioridad a la ejecución del mismo, es decir durante el proceso de toma de decisiones. El proceso de EIA incluye tres fases fundamentales: “consultas previas” durante la que se consulta a las administraciones públicas y a las personas interesadas con el objetivo de definir el alcance del estudio de impacto ambiental (EsIA); “preparación del EsIA”, que consiste en un documento técnico completo y extenso, (en el caso del proyecto de Canarias ocupa más de 2.000 páginas entre el texto principal y los Anexos) y que va acompañado del Documento de Síntesis que resume el estudio y las principales conclusiones del EsIA; y, “participación pública”, donde todo el que lo desee pueda realizar comentarios (alegaciones) a la documentación presentada para mejorarla (que es la fase donde nos encontramos ahora). Por último el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) previa a la aprobación, o no, del proyecto por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La calidad de un EsIA depende en gran medida del esfuerzo con que se lleva a cabo el proceso, de la definición del proyecto y de sus alternativas, del conocimiento del medio y de los instrumentos y herramientas analíticas empleadas.
Dada la amplia variedad de elementos que deben ser considerados, los EsIA requieren de la participación de un amplio colectivo de expertos multidisciplinarios, mayor en los proyectos offshore, y que incluye biólogos, geólogos, físicos, ingenieros, economistas, oceanógrafos, sociólogos que puedan dar respuesta a todos los diferentes temas a considerar: aire, agua, sedimentos, aves, tortugas, cetáceos, pesca, turismo, tráfico marítimo, patrimonio histórico-cultural, empleo, etc. Para lograr una adecuada caracterización de todos estos elementos, es necesaria la participación de expertos locales que conozcan bien el entorno y el ámbito de estudio en el que se desarrollará el proyecto.
En el caso del proyecto de Canarias, para la caracterización del medio se ha contado con la colaboración de un amplio equipo de expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (ULPGC), coordinados a través del Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental (BIOGES), así como con el Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía y el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG).
Por otra parte, los proyectos “offshore” se desarrollan en zonas alejadas de la costa, donde, en general, la información de base suele ser limitada. Para mitigar la falta de datos es habitual (aunque no sea un requisito legal) que el promotor realice trabajos de campo para obtener información de las condiciones físico-químicas y biológicas del medio previas a la ejecución del proyecto. En el caso del proyecto de Canarias, durante el segundo trimestre de 2103, se realizó, por parte de un equipo multidisciplinar y siguiendo los criterios internacionales más exigentes (OSPAR, BOEM), una campaña ambiental de más de un mes de duración que contó con los medios científicos y técnicos más avanzados para recoger muestras e imágenes hasta 1.600 metros de profundidad. La campaña se realizó en el entorno de las distintas alternativas de localización propuestas para los sondeos en una zona apenas explorada desde un punto de vista oceanográfico.
A la hora de identificar y evaluar los impactos potenciales de los proyectos “offshore”, es importante diferenciar entre aquellos efectos que están asociados a las actividades rutinarias del proyecto y aquellos asociados a actividades no planificadas (que únicamente se producirán en situaciones anómalas o en caso de accidentes). En el primero de los casos, la metodología de evaluación es la habitual en los estudios ambientales llegando a clasificar los impactos en diferentes categorías según su magnitud (compatible, moderado, severo y crítico). Por el contrario, en el segundo caso, la metodología más adecuada para su evaluación (ampliamente aceptada por la industria) es un enfoque de análisis de riesgos, cuyo objetivo principal consiste en reducir (durante la fase de planificación del proyecto) mediante la implementación de medidas preventivas y correctoras el nivel de riesgo identificado a niveles aceptables; es decir reducir el nivel de riesgo al conocido como “más bajo que sea razonablemente factible”.
El principal riesgo asociado a un sondeo exploratorio marino son los derrames accidentales cuya probabilidad de ocurrencia es absolutamente remota. En el EsIA del proyecto Canarias se han postulado una serie de eventos hipotéticos que se han modelizado para los peores escenarios posibles, entendidos como aquellos que se producen en las circunstancias y condiciones (de vientos y corrientes) más adversas, y que derivarían en los mayores daños ambientales y sociales sobre las costas de las Islas Canarias.
En resumen, el EsIA de Canarias es un documento de máximos, donde se ha puesto un gran esfuerzo tanto humano como económico con el objetivo de proporcionar información relevante en la toma de decisiones; promover la transparencia y participación pública; incorporar las mejores técnicas disponibles como medidas preventivas y correctoras; identificar los procedimientos y métodos para la correcta vigilancia del proyecto en todas sus fases de desarrollo; y analizar las diferentes alternativas existentes con las máximas garantías y salvaguarda para el medioambiente.
