Fotos: Dory Hernández
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, y el vicepresidente primero, Fabián Martín, minutos antes de comenzar el pleno rodinario celebrad este viernes.
Hasta en dos oportunidades el consejero de Servicios Sociales del Cabildo, Joaquín Caraballo, dijo durante el pleno de este viernes que el Cabildo se vería obligado a abrir los expedientes de devolución de competencias al Gobierno canario si el Ejecutivo no actualiza el presupuesto que transfiere a la Corporación destinado a la inversión en el Área. El asunto se comentó en la sesión plenaria a raíz de una propuesta de acuerdo del grupo de gobierno referida a la Residencia y Centro de Día para la atención de discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales, infraestructura que está concluida y equipada en Tahíche, pero que no se ha puesto al servicio de los ciudadanos porque los recursos disponibles, de 58 euros plaza/día, son insuficientes, según demuestra un estudio redactado por la Primera Institución insular. Sin embargo, lo más polémico, como no podía ser de otro modo, lo protagonizó el consejero socialista Carlos Espino, primero para justificar el hecho de que los Centros Turísticos no hayan pagado el canon correspondiente a la institución en los dos últimos años y segundo defendiendo el convenio que firmó con la empresa Yudaya para construir un hotel de cerca de mil camas a partir del 1 de enero de 2011 basándose en informes técnicos, jurídicos y en el criterio del abogado Felipe Fernández Camero.
El Cabildo, con los votos a favor de todos los grupos políticos, excepto Coalición Canaria (CC) que se abstuvo, acordó enviar a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno la memoria económica para la puesta en funcionamiento y explotación del citado centro asistencial, subrayando la necesidad de que considere la diferencia económica existente entre el coste plaza/día consignado en el Plan de Atención a Discapacitados (PAD) y el coste plaza/día de la base de licitación. Para ello, el Cabildo propone que se liberen las cuantías correspondientes para ajustar la financiación al coste real de la prestación del servicio. A sugerencia del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), la Corporación pedirá además la revisión del PAD previsto hasta 2010. El déficit que no permite abrir el centro de Tahíche supera el millón de euros, 908.894 euros en el apartado de Residencia y 249.073 en el Centro de Día. Caraballo informó que la financiación del proyecto relativa al módulo social es compartida entre el Cabildo, 40 por ciento, la Consejería de Bienestar Social, 40 por ciento, y los usuarios, el 20 por ciento restante, mientras que el módulo sanitario se financia al cien por cien por la Consejería de Sanidad. Según Caraballo, sería una tontería sacar a concurso ahora la gestión de la Residencia y Centro de Día a sabiendas de que va a quedar desierto por el déficit presupuestario.
La Residencia de enfermos mentales crónicos
Otra preocupación ciudadana es la parálisis de la Residencia de enfermos mentales crónicos, aquella a la que se le puso la primera piedra y hasta ahí. El Cabildo se ha percatado de que el PAD no reconoce el coste de la obra de urbanización y, en palabras de Caraballo, “esto está bloqueando la construcción del edificio”. El consejero aclaró que el problema no sólo se concentra en la parcela de 6.000 metros cuadrados donde se ubicaría el centro, sino a toda la porción excepcionada de las normas del Plan Insular de Ordenación donde también está el Centro de Menores con medidas judiciales de 15.000 metros cuadrados. Ante este panorama, el Cabildo acordó enviar a la Consejería de Bienestar el estudio de viabilidad del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, financiación, construcción, explotación, conservación y mantenimiento de esta Residencia, y solicitar que se consideren las dificultades económicas del proyecto de inversión y se arbitren soluciones para desbloquear la demandada obra. La Corporación propone que se liberen las cuantías económicas necesarias, no previstas en el PAD, para acometer las obras de urbanización del sector y extender un compromiso de financiación plurianual del módulo social más allá del año 2010 haciéndolo coincidir con la duración de la concesión. El Cabildo financiaría el 50 por ciento de la Residencia.
Dimes y diretes sobre el convenio Yudaya
El ex consejero de Política Territorial, Carlos Espino, compareció a iniciativa propia sobre el desistimiento de procedimientos judiciales y en concreto del sonado caso urbanístico Yudaya. Espino admitió ser el “autor intelectual” del convenio que finalmente firmó la entonces presidenta del Cabildo, Inés Rojas. “La presidenta lo firmó no tanto por lealtad sino por convencimiento”, aseguró el político socialista, quien sostuvo una y otra vez que la iniciativa de legalizar el acto la tomó el promotor del proyecto cuando se acercó al Cabildo y propuso buscar una salida para no quedarse al margen de la ley. Espino respondió a las críticas de la oposición recordando que durante la legislatura pasada el Cabildo no desistió de un procedimiento sino de tres, que en total suman 2.386 camas turísticas. Son ellos: Cortijo Viejo (600 plazas), Puerto Calero (850 plazas) y Yudaya (936 plazas). “Cortijo Viejo y Puerto Calero fueron firmados por Mario Pérez como presidente accidental y se refieren a 1.450 camas construidas”. Según expuso Espino, la principal diferencia de los procedimientos firmados por Pérez con respecto al convenio Yudaya radica en que este proyecto no estaba construido y que el Cabildo desistió del procedimiento judicial a cambio de contraprestaciones. El hotel que pretendía levantar Yudaya en Playa Blanca era de 992 camas pero si bien no lo hizo en virtud al acuerdo firmado en 2006, a partir del 1 de enero de 2011 puede construir un hotel de 826 camas. El portavoz del PNL, Juan Carlos Becerra, fustigó a Espino por “colocar en ventaja a los propietarios de Yudaya” agraviando al resto de promotores, a lo que el consejero respondió diciendo que otros también hubieran podido acercarse a la Corporación y manifestar sus deseos de negociar convenios. Además, echó en cara a Becerra que su compañero de partido, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, es responsable de haber concedido la licencia sin todos los requisitos legales y sacó un documento que prueba que el asesor legal del Ayuntamiento sureño, Felipe Fernández Camero, también consintió el convenio. Asimismo, Espino se defendió argumentando que el acuerdo tuvo la bendición de los técnicos de la Oficina del Plan Insular y fue convalidado por los tribunales de Justicia. El Partido Popular por su parte reclamó a Espino la forma oscurantista como había llevado la negociación del convenio más allá de las valoraciones sobre su contenido. No obstante, recalcó que en este caso el Cabildo se escudó en un apartado de las Directrices de la Comunidad Autónoma relativo a la renovación de planta alojativa obsoleta para sacar adelante el acuerdo Yudaya. Coalición Canaria optó por criticar “las contradicciones” entre el consejero Espino y la presidenta del Cabildo sobre el procedimiento a seguir con los 22 hoteles con licencias anuladas por la Justicia. La respuesta del grupo de gobierno fue la misma que venimos escuchando: “Se legalizarán los que sean legalizables”. El PP pidió consensuar con todos los grupos políticos el desenredo de esta madeja y en principio el grupo de gobierno aceptó la propuesta.
Desaprueban un plan de austeridad
El grupo de gobierno votó en contra de la moción de CC que pedía un plan de austeridad y control del gasto para la Corporación. El partido nacionalista exigió en el pleno la eliminación de gastos superfluos, ahorro en los gastos corrientes y desechar servicios externos no necesarios, entre otras medidas. La presidenta Manuela Armas contestó: “La austeridad ha sido nuestra bandera”. Sin embargo, CC reprochó el crecimiento del 25 por ciento del gasto corriente esta legislatura y el PP destacó que hasta el mismo Comité de Empresa del Cabildo ha solicitado austeridad en el gasto público.
