Por Cándido Marquesán Millán
Acaban de celebrarse en Colombia las elecciones en la primera vuelta para la presidencia. Han fallado lamentablemente los pronósticos de todas las encuestas, ya que Juan Manuel Santos el delfín de Uribe por el partido de la U con el 46,56% de los votos ha vencido en toda la línea a Antana Mockus, del Partido Verde (21,50%), cuando se preveía un empate técnico entre ambos. Germán Vargas por Cambio Radical (10,14% de los votos), y el izquierdista Gustavo Petro por el Polo Democrático (9,16%) pueden darse por bien servidos, en sus respectivos tercero y cuarto lugar. Los grandes derrotados han sido Noemí Sanín y Rafael Pardo, de los partidos Conservador (6,14%) y Liberal (4,38%) respectivamente, cuyas votaciones sumadas apenas superan el millón y medio de votos.
La participación, que también se auguraba alta, ha superado levemente a la registrada en las elecciones de 2006, pero no ha llegado al 50%. Las expectativas de un voto juvenil masivo en apoyo de Mockus, del Partido Verde, tampoco parecen haberse cumplido, ya que ha perdido incluso en Bogotá, la capital de la que fue alcalde y donde tiene un mayor arraigo su discurso de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Era demasiado bonito para ser verdad, que se produjera un vuelco tan espectacular. Al final ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Amparado en la popularidad del presidente Uribe que no pudo presentarse a la reelección, cuando superaba el 70% de aceptación, del que fue ministro de Defensa, Santos se proyectó como el candidato de la continuidad. De esta manera encontró el respaldo de la coalición del partido de la U que durante dos períodos se mantuvo, casi en su totalidad, unida. Tuvo el respaldo de caciques políticos. Y en la base, el candidato encontró apoyo principalmente en los estratos más bajos como una expresión de respaldo y agradecimiento a la gestión del Gobierno. Santos basó su campaña en el éxito de la Seguridad Democrática y las altas tasa de crecimiento económico. Sobre la primera cuestión es cierto que la guerrilla de las FARC es menos fuerte ahora que hace 8 años cuando llegó al poder Uribe. Yo mismo pude comprobar circulando por las importantes carreteras colombianas, cómo cada 500 metros había un destacamento militar, con el consiguiente incremento del gasto No obstante hay otras visiones muy diferentes al respecto, como la que presentó poco ha la Revista Cambio de 30 de noviembre de 2009, según la cual los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la 'Operación Jaque' que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas. Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70% de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa. Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final. Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares -llamados por el Gobierno 'Bacrim', bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.
Además hay que añadir otros aspectos no menos negativos: la guerra sucia contra el Tribunal Supremo, el espionaje telefónico de jueces, periodistas y opositores, la compra de votos, el procesamiento de 34 parlamentarios por su vinculación con los paramilitares, el renacimiento de los paras, la concentración de tierras en manos de unos pocos, la instalación de siete bases norteamericanas y el descubrimiento de los «falsos positivos», las ejecuciones fuera de la ley de jóvenes marginales a los que se hizo pasar por guerrilleros. «Difícilmente puede encontrarse un periodo en el que tantas y tan variadas modalidades de actuación ilegal hayan sido atribuidas a funcionarios gubernamentales», asegura Iván Cepeda Castro, defensor de los derechos humanos en Las perlas uribistas, un libro de reciente aparición que es en éxito de ventas. Santos se defiende aduciendo que él detuvo los falsos positivos al enterarse de ellos, mas nos está confesando dos cosas: la primera, que nunca hizo nada para evitar que estos crímenes se cometieran, fue negligente en los controles, y la segunda, que estos eran unos delitos controlables y controlados, pues tan pronto dio la orden de que no se cometieran, éstos cesaron. ¿Y cómo explica Santos que hubo 33 brigadas del Ejército involucradas y él no se dio cuenta?. Olvida Santos que durante su paso por el Ministerio de Defensa fueron brutalmente asesinados 1.200 jóvenes por el pago de unas recompensas que oscilaban entre el millón y medio y los tres millones de pesos. Por fortuna y a pesar de sus declaraciones, las ONG, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional tienen sus ojos puestos en el tema.
Me parece muy oportuno al respecto referirme a la población desplazada que ha aumentado vertiginosamente durante el gobierno de Uribe, que se ve obligada a abandonar sus tierras por la presión de los grupos armados y que tiene que ubicarse en las afueras de las grandes ciudades de su propio país en habitáculos indignos, auténticas chabolas. Su diferencia con los refugiados radica básicamente en que los primeros no salen de sus países de origen o residencia, mientras que los segundos buscan la protección en otros Estados. Pude ver en las montañas que circundan la ciudad de Bogotá, llenos de desplazados los barrios de Suba o Soacha. En Medellín el del Pacífico. O en Cartagena de Indias el de Nelson Mandela y El Hoyo. Contemplar la situación -sin alcantarillado, ni agua corriente, ni servicios sanitarios y con deficientes atenciones educativas- en que viven estas casi 5 millones de personas es una experiencia difícil de olvidar. Sus calles empinadas están llenas de niños/as mendicantes, con olores nauseabundos al agolparse en compartimentos descubiertos las basuras, con casas construidas de planchas de hojalata que no protegen de las inclemencias meteorológicas, y con grandes problemas de seguridad pública ya que la policía no se atreve a adentrarse estos lugares. Ante el problema de los desplazados en Colombia no solo no se vislumbra solución alguna, sino que cada vez se agrava. Recientemente el alcalde de Bogotá señalaba que en su ciudad cada día se suman 200 personas desplazadas, y que las autoridades municipales se ven desbordadas.
Ni que decir tiene que en numerosos medios de comunicación españoles nos han presentado el gobierno de Uribe como auténticamente ejemplar. Intereconomía le galardonó con el Premio al 'Mejor Dirigente Político Iberoamericano de la Década'. La decisión se tomó por unanimidad en la sesión celebrada en Madrid el pasado 29 de enero de 2010, por su trabajo destinado a mejorar la calidad de vida de su país, a defender los valores del bien común, y la lucha contra el terrorismo. A lo largo de su actuación pública, ha promovido numerosas iniciativas en favor de la paz y del desarrollo económico y social de su pueblo siguiendo los principios del libre mercado. Además, defendió los valores del matrimonio y de la vida de los no nacidos oponiéndose a la legalización del aborto.
En la misma línea en una visita reciente a Colombia Rajoy dijo que en Colombia se respetan los derechos humanos; que aquí ha estado la ONU y que Colombia se ha sometido a todos los asuntos que se le han planteado y que, para mí, en Colombia se respetan los derechos humanos”. Tales comentarios no pueden ser producto más que de la ignorancia, o de una burda mentira. Lo que si me producen es una mezcla de estupor y de profundo malestar. Muchos organismos y medios de comunicación colombianos o no, hace ya tiempo que han dicho con claridad meridiana que los derechos humanos por parte del Estado no se respetan en Colombia. En la prensa colombiana, en el periódico El Tiempo de Bogotá, de fecha 21 de marzo de 2010, aparece un artículo del Director de INDEPAZ(Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) Camilo González Posso en el que además de otras cosas, señala que el Informe del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia registra una brecha entre las declaraciones del gobierno y la práctica de agentes del Estado que siguen cometiendo graves infracciones y dando amplio margen a la impunidad y a la corrupción...
Con el triunfo de Santos, tal como acabo de mostrar, a no ser que se produzca un vuelco espectacular en las elecciones de la segunda vuelta, en Colombia seguirá más de lo mismo. Se merece algo mejor.
