-"Lo que los empresarios pedimos no es una amnistía general sino unas reglas claras e iguales para todos. Si las licencias adolecen de un problema formal que afecta a cientos de establecimientos, que se derriben todos o se legalicen todos subsanando los defectos. Pero lo que no es admisible es que el Cabildo legalice de facto a algunos, no recurriendo sus licencias o retirando los procedimientos ya iniciados sin contrapartida alguna, mientras que amenaza a otros de derribo a menos que paguen"
-"Casos como el del hotel Pagagayo Arena crean un desconcierto absoluto. Durante años el Cabildo ha alegado que estaba construido sobre dominio público y por lo tanto se iba a expropiar y demoler por Costas. Sin embargo, en las últimas semanas se han sucedido tres declaraciones totalmente contradictorias, primero la Ministra de Medio Ambiente declaró que cumplía perfectamente la legalidad, como un hotel “en el centro de Madrid”; a continuación el Cabildo declaró que la Ministra estaba mal informada y, finalmente, el Partido Socialista sacó un comunicado en sentido contrario"
Un número importante de empresarios turísticos y promotores de Lanzarote, hartos de la "hipocresía y arbitrariedad del Cabildo", han suscrito un comunicado en el que, además de explicar a todos los lanzaroteños su decisión de impugnar las licencias que el Cabildo considera ilegales pero no ha recurrido y, de otro, denunciar que los centros turísticos del Cabildo carecen de licencia de apertura", quieren dejar claro que esas actuaciones "no suponen una coacción ni tampoco una petición de amnistía general, como ha dicho algún Consejero". "Sólo tratan de poner en evidencia" -dicen- "la doble moral del Cabildo de Lanzarote, que lleva años persiguiendo a los empresarios turísticos y promotores alegando que no cumplen estrictamente la legalidad". A continuación publicamos íntegramente el escrito de estos empresarios con las firmas que lo avalan:
"Hace algunas semanas un grupo de empresarios de diferentes sectores de la isla iniciaron una serie de medidas insólitas y excepcionales que respaldamos los que suscribimos este artículo: de un lado impugnar las licencias que el Cabildo considera ilegales "pero no ha recurrido" y, de otro, denunciar que los centros turísticos del Cabildo carecen de licencia de apertura. Creemos que la opinión pública debe conocer cuales son los motivos que han llevado a tomar tales medidas.
Esas acciones empresariales no suponen una coacción ni tampoco una petición de amnistía general, como ha dicho algún Consejero. "Sólo tratan de poner en evidencia la doble moral del Cabildo de Lanzarote, que lleva años persiguiendo a los empresarios turísticos y promotores alegando que no cumplen estrictamente la legalidad, cuando el primero que la incumple es el propio Cabildo". Y también, que "ante supuestas irregularidades urbanísticas similares, el Cabildo denuncia arbitrariamente a unos o a otros según criterios políticos y no de legalidad. Lo que en definitiva se intenta es poner de manifiesto la enorme inseguridad jurídica con la que trabajamos en Lanzarote".
Los empresarios habitualmente no participamos en el debate político y tratamos de mantener una relación fluida con el Gobierno que en cada momento esté al frente de las instituciones. Pero llevamos muchos años intentando buscar soluciones "infructuosamente y sintiéndonos engañados al ver que las propuestas y promesas nunca se materializan". Nuestras empresas tienen la responsabilidad de gestionar inversiones muy elevadas y mantener cientos de puestos de trabajo y esta situación está teniendo un coste muy elevado". Más aún cuando estamos viviendo una de las peores crisis económicas de los últimos decenios, en la que desearíamos poder concentrar todos nuestros esfuerzos en sacar adelante nuestros proyectos, si no con el apoyo, por lo menos sin ser hostigados por las instituciones.
Hace casi diez años el Cabildo de Lanzarote inició una serie de procedimientos judiciales contra la construcción de hoteles porque planeaba aprobar una revisión del Plan Insular que no incluía esa nueva planta hotelera. Posteriormente, cuestionó también cientos de licencias residenciales otorgadas por diferentes Ayuntamientos de la isla, pero prácticamente sólo impugnó las del Plan parcial Playa Blanca, a pesar de que la Revisión del PIOT del año 2000, hoy vigente, había incorporado a este Plan.
Con estas acciones el Cabildo se ha visto envuelto en una situación de la que no ha sido capaz de salir. Por una parte es plenamente consciente de que no puede ejecutar las sentencias que anulan las licencias turísticas, en su mayoría fundadas en defectos formales. Sabe que no puede acometer la destrucción de la planta alojativa más moderna y más competitiva de la isla, la que hoy por hoy le permite mantener el nivel de empleo y de oferta turística que la sostiene económicamente por motivos tales como la falta de publicación de las Ordenanzas por los Ayuntamientos, es decir, por defectos formales que ni siquiera son responsabilidad nuestra. Pero por otra parte el Cabildo tampoco legaliza las construcciones, sino que de forma "siempre confusa lo condiciona a que entreguemos determinadas compensaciones, nunca cuantificadas, para la isla”. Y en el colmo de la contradicción, en una iniciativa más dirigida a los medios que a resolver los problemas, acaba de proponer una Ley para legalizar los hoteles, sin la más mínima concreción, cuando hace unos meses se enfrentó de forma virulenta al Gobierno de Canarias por una iniciativa similar.
Por lo que respecta a las construcciones residenciales también se encuentra en un callejón sin salida. Sabe que si recurriera los cientos de licencias que considera ilegales -también por motivos formales y perfectamente subsanables- sumiría a la isla en un caos; así que, "de forma arbitraria, ha ido contra unos y no contra otros". Los grandes perjudicados de esta situación somos los empresarios, que vivimos en una tremenda incertidumbre bajo la amenaza del derribo de nuestros hoteles o promociones, o de exigirnos compensaciones a cambio de legalizar lo existente. Estas “compensaciones” no tienen ningún precedente y surgen como una suerte de impuesto para salvar la cara de una clase política que no sabe salir del embrollo en el que se ha metido.
Lo que los empresarios pedimos no es una amnistía general sino unas reglas claras e iguales para todos. Si las licencias adolecen de un problema formal que afecta a cientos de establecimientos, que se derriben todos o se legalicen todos subsanando los defectos. Pero lo que no es admisible es que el Cabildo legalice de facto a algunos, no recurriendo sus licencias o retirando los procedimientos ya iniciados sin contrapartida alguna, mientras "que amenaza a otros de derribo a menos que paguen".
La denuncia de que los centros turísticos carecen de licencia de apertura refleja nuestro hastío al vernos constantemente perseguidos y sancionados por la falta de permisos que sin embargo las Administraciones públicas no se molestan en obtener. No hay coacción alguna. Simplemente ponemos en evidencia la doble moral y la hipocresía con las que el Cabildo ha venido actuando todo este tiempo. Llevamos nueve años buscando soluciones sin resultado alguno y viendo con una alarma creciente las pérdidas que esto está ocasionando en dinero, en tiempo, en puestos de trabajo y en proyectos desviados a otros destinos turísticos. Con un escepticismo absoluto sobre lo que pueda hacer el Cabildo en el futuro, lo único que nos queda, y nos parece un derecho legítimo, es denunciar ante la opinión pública la hipocresía de quienes, siendo los primeros incumplidores de la legalidad, demagógicamente nos han intentado convertir en la bestia negra de esta isla cuando lo que hemos hecho es un enorme esfuerzo para contribuir a convertirla en un destino de referencia mundial.
Finalmente, casos como el del hotel Pagagayo Arena crean un desconcierto absoluto. Durante años el Cabildo ha alegado que estaba construido sobre dominio público y por lo tanto se iba a expropiar y demoler por Costas. Sin embargo, en las últimas semanas se han sucedido tres declaraciones totalmente contradictorias, primero la Ministra de Medio Ambiente declaró que cumplía perfectamente la legalidad, como un hotel “en el centro de Madrid”; a continuación el Cabildo declaró que la Ministra estaba mal informada y, finalmente, el Partido Socialista sacó un comunicado en sentido contrario.
Las crisis son durísimas pero muchas veces se convierten en una oportunidad. Quizá la gravedad del deterioro económico que está sufriendo Lanzarote lleve en algún momento a la sociedad a la reflexión de que se impone un pacto de convivencia que garantice la viabilidad de nuestra principal actividad económica y aporte seguridad jurídica y política a la isla. La actividad turística, aunque algunos digan lo contrario, hoy por hoy carece de alternativa real para mantener el nivel de vida de nuestra sociedad y no se puede seguir jugando con ella".
Este escrito está firmado por los empresarios:
Juan Francisco Rosa, Antonio Curbelo, Marco López, Alfredo Díaz y Federico Díaz de Aguilar
Las empresas que apoyan este artículo son:
Hotel Princesa Yaiza, S.A,
Explotaciones Turísticas La Geria S.L
Playa Blanca 5 SL
Dream Place Hoteles
Riversun Inmuebles
Supermercados Marcial
Maexpa Arista
Supermercados Marcial
Agueri
Las Coloradas SL
VVO Inmobiliaria
Hornabeque Promociones S.L
Alabena SL
Fineco, S.A
Lacan Terrae S.L.
Luna De Oro SL
Fineco SA
Cosntrucciones Yaracury
Las Coloradas S.A
