Por Olenka Bolívar Toledo
Ya estamos en campaña. Estas elecciones autonómicas y municipales no van a ser unas elecciones territoriales cualesquiera, con visiones particulares centradas en las necesidades concretas de cada uno de los distintos escalones de la política territorial.
Esta vez va a ser diferente. La profundidad y la extensión de la crisis que estamos padeciendo, está poniendo de manifiesto que los grandes problemas están todos muy interrelacionados y que sólo se pueden resolver si se abordan desde distintos ángulos, pero con políticas comunes. Esta convocatoria exige concurrir a ella con una visión de conjunto que ponga en relación todas las partes de nuestro sistema político. No podemos, ni queremos, seguir manteniendo una visión cerrada y pobre de la situación actual. Sabemos que un enfoque dirigido solamente a las necesidades propias de la Comunidad Autónoma, Cabildos o Ayuntamientos, sólo serviría para ahondar en los actuales problemas. Los problemas que tenemos son de tal envergadura y requieren soluciones tan complejas y diversas, que por fuerza hay que enfocarlas en su globalidad. El problema del paro, está relacionado con el de la educación, la educación con los servicios públicos, los servicios públicos con el modelo de Estado, el modelo de Estado con la Constitución y todos ellos requieren cambios de valores, regeneración del sistema, priorizar lo importante y postergar lo superfluo para, entre todos, dignificar la política. Me parto cuando oigo que la prioridad de algún candidato en un ayuntamiento o cabildo, es resolver el problema del paro…
En Canarias, en parte por la condición insular y por la lejanía geográfica, la crisis económica se ha cebado con especial virulencia. La desidia de los actuales políticos y su falta de perspectiva han tejido todo un entramado institucional que ha desembocado en una estructura administrativa ineficaz, insolidaria y en gran medida inviable, que está suponiendo un lastre para nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro. Esta visión, distintiva de nuestro partido, sobre las auténticas razones de nuestra crisis nos ha llevado a desarrollar un programa electoral que, apuntando directamente a las raíces de nuestros problemas, contribuya a la regeneración del sistema político español en su conjunto.
La degradación democrática existente en Canarias está íntimamente relacionada con el fracaso del modelo autonómico y con la injusta Ley Electoral con la que se elige a nuestros representantes. El Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral vigentes han provocado tal grado de inmovilismo político, que llevamos casi 20 años ininterrumpidamente, regidos por gobiernos de coalición, formados por un numeroso grupo de pequeños partidos y agrupaciones locales, que en función de sus intereses y alianzas, se visten y se revisten de nacionalismo o de insularismo. El objetivo de este conglomerado de siglas no es el progreso social y económico de Canarias, sino el reparto de poder entre caciques locales, amigos y empresarios afines. Este es nuestro triste escenario político. Por este motivo, el desencanto, la apatía democrática y la concepción de la política como parte del problema, se han instalado entre la ciudadanía de forma preocupante. Nadie cree en nada. Casi todos votan en contra. Y el escepticismo es la tónica dominante. Pero a pesar de todo, somos muchos los que seguimos resistiéndonos a que todo siga igual. Somos muchos los que creemos en el infinito afán renovador e innovador de la naturaleza humana. Somos muchos los que vamos a participar en estas elecciones sin prometer nada y sin esperar nada. Lo único que queremos es transformarlo todo. Y creemos que es posible hacerlo.
Queremos que todas las cuentas públicas de la administración, empresas públicas y fundaciones, sean accesibles de forma rápida, gratuita y comprensible en Internet, excepto cuando afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las personas. Esto ayudaría a evitar la corrupción.
Queremos la eliminación de los privilegios de los políticos, para que podamos volver a creer en ellos. Los políticos deben tener regulado su sueldo en base a criterios objetivos. No deben tener pensiones vitalicias y deberían adscribirse al sistema de prestación por desempleo como cualquier ciudadano.
Queremos la eliminación inmediata del Cuerpo General de la Policía Canaria y distribución de sus agentes entre los otros cuerpos de seguridad ya existentes. Queremos la privatización de la Radio Televisión Canaria RTVC, lo que supondría un ahorro sobre el presupuesto de 2011 aproximado de 38 millones de euros, que si se dedicase en su totalidad a cumplir la Ley de Dependencia, supondría pasar del 40 % actual con un presupuesto de 78 millones, hasta un porcentaje de cobertura del 60%, más cercano al 72 % de media nacional.
Queremos modificar la actual e injusta Ley Electoral Canaria, rebajando los topes regionales e insulares, así como la distribución de los parlamentarios dando mayor peso a los criterios poblacionales en detrimento de los territoriales. La actual Ley Electoral Canaria posibilita que nuestra Comunidad esté siendo gobernada por la tercera fuerza política en número de votos y que el 17% de los canarios elijan el 50 % de los diputados del Parlamento Canario.
Queremos reducir los cargos políticos, asesores, etc., porque a mayor número de políticos, mayor es la probabilidad de corrupción, clientelismo, intereses partidistas, despilfarro económico, etc. La austeridad comienza con el ejemplo de los gobernantes. Queremos sustituir los cargos de libre designación por funcionarios de carrera.
Queremos promover la modificación del R.E.F y las figuras impositivas como el A.I.E.M, para rebajar el coste de la cesta de la compra. Vincular los instrumentos fiscales, como la RIC, a la creación de empleo, para que los beneficiados sean la mayoría de la base poblacional y no minorías elitistas.
Queremos impulsar iniciativas legislativas autonómicas para propiciar la fusión de municipios en la Comunidad Autónoma Canaria, reduciendo el número de cargos políticos y mejorando los servicios al ciudadano. Canarias tiene 88 municipios, la mayoría de poca población: el 52% tiene menos de diez mil habitantes, de los cuales 34 tienen menos de seis mil habitantes.
Queremos establecer y delimitar las competencias entre las distintas administraciones, para saber a quién hay que exigir responsabilidades. La actual demagogia y el desgobierno de nuestras instituciones permiten campar a sus anchas al partidismo, la corrupción y la manipulación de las instituciones.
Queremos el fortalecimiento de los Cabildos, para que éstos recuperen el protagonismo y la autonomía que les corresponde según el Estatuto de Autonomía. El Gobierno de Canarias ha ido mermando progresivamente sus competencias, su capacidad reglamentaria y sus presupuestos, de forma que, en estos momentos son prácticamente inviables, inservibles y redundantes.
En definitiva, queremos creer en la política como instrumento para mejorar nuestra convivencia y para poder sentirnos orgullosos de todo aquello que compartimos, como canarios, como españoles, como europeos y como personas civilizadas.
