viernes. 29.03.2024

- El equipo de gobierno admite irregularidades pero su concejal de Hacienda, Javier Betancort, insiste en que se trata de una situación “heredada”. La auditoría externa solicitada por la oposición se iniciará antes del próximo 11 de mayo

El secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé, José Manuel Fiestas Perdomo, reconoció durante el Pleno de este martes en un informe encargado por el Partido Socialista (PSC-PSOE) que el contrato actual entre la Corporación que preside Miguel Martín y Recaudación de Recursos Camerales S. A., la empresa que recauda los tributos municipales, es “nulo”pues “no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente”.

Según el secretario, el expediente en que se basa el acuerdo, que data de marzo de 1999, carece de documentación esencial, que es “preceptiva” según la anterior ley de contratación de las administraciones pública, por lo que el informe jurídico establece que el Ayuntamiento de San Bartolomé debía haber sacado a licitación el contrato para la recaudación de estos tributos desde el momento en que expiró dicho contrato, es decir, julio de 2004, en lugar de renovarlo.

Entre esta documentación esencial se echa en falta el pliego de cláusulas administrativas y condiciones técnicas, el certificado del crédito, la fiscalización de la Intervención y el decreto de aprobación del gasto.

Sin embargo, y a pesar de que el informe desaconseja prorrogar la vinculación entre Ayuntamiento y Consistorio, la Corporación renovó el convenio con la empresa, en concreto, en noviembre de 2004.

Por su parte, el portavoz del PSC-PSOE en San Bartolomé, Andrés Stinga, consideró que esa ausencia de documentación tan importante no podía deberse al robo registrado en la sede del Ayuntamiento hace un par de meses y por el que, hasta ahora, no se han producido detenciones ni novedades en relación a dicho delito. Los socialistas temen que el equipo de gobierno esgrima que la falta de documentación esencial del expediente guarda relación directa con dicho asalto.

“Imagino que ahora vendrán a recordarnos el robo que sufrió el Ayuntamiento y sabremos por fin qué era lo que buscaban los ladrones”, añade Stinga.

Los concejales socialistas recuerdan además que, en pleno periodo de cobranza, esta situación puede afectar al proceso, al estar operando la empresa recaudadora “en el marco de la más absoluta ilegalidad”.

Así, mientras los concejales socialistas sostienen que ya de por sí la rúbrica del primer contrato era ilegal, al firmarse sin la correspondiente concurso, y que también lo es la prórroga posterior al estar al margen de la ley, el grupo de gobierno se escuda en que la situación actual es “heredada del anterior grupo de gobierno”.

Según el análisis evacuado por la Secretaría municipal, la ley contempla un máximo de cuatro años para este tipo de contratos, periodo que finalizó hace cerca de dos años. “Cabría entender que el contrato, al que las partes le dieron la denominación de convenio de colaboración, prescinde total y absolutamente del procedimiento administrativo legalmente establecido (pues no cabe la renovación o prórroga de un contrato cuyo plazo de vigencia ha finalizado)”, reza textualmente el escrito del secretario.

Por el contrario, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé, Javier Betancort, admite irregularidades en la contratación pero insiste en que la supuesta ilegalidad parte del inicio de la relación entre el Ayuntamiento y la empresa Recaudación de Recursos Camerales S. A.

“El contrato se firmó por cinco años y nunca debió ser superior a los cuatro”. Sin embargo, Betancort criticó que hayan sido precisamente los socialistas quienes hayan destapado estas irregularidades cuando “llevaban más de un año gobernando cuando el contrato en cuestión fue firmado”.

Auditoría externa de cuentas

En cuanto a la auditoria externa de cuentas solicitada por la portavoz de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), Rosalía Díaz, el equipo de gobierno salió al paso de la moción asamblearia insistiendo en que dicho estudio financiero se iniciará antes del próximo 11 de mayo como fecha límite legal, toda vez que el acuerdo plenario del pasado 11 de enero -cuando la oposición comenzó a ser mayoritaria y ya entonces solicitó la auditoría- sigue en pie. La moción no fue tratada en la sesión plenaria y se retiró ante la anterior solicitud.

Según afirmó la edil de AC-25M, que desde el pasado 11 de abril sustituye a su compañero José Antonio González, “consideramos que uno de los acuerdos que fueron anulados cuando el equipo de gobierno obtuvo transitoriamente de nuevo la mayoría era precisamente esa auditoría externa, y por eso la habíamos incluido entre las propuestas del pleno de hoy”. Sin embargo, un defecto de forma a la hora de revocar dicho acuerdo plenario provocó que la moción del pasado 11 de enero continuara vigente.

El secretario declara ilegal el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa de...
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