La portavoz de Empleo del Partido Popular (PP) en el Parlamento autonómico, Aurora del Rosario, aseguró este miércoles que el Plan de Empleo Social del Gobierno de Canarias “debería distribuirse en función de la situación de riesgo y exclusión de los parados y sus familias, y no de la disponibilidad financiera del municipio donde residan”.
Así mismo, Del Rosario lamenta en la nota de prensa remitida por el PP a este diario que los grupos parlamentarios nacionalista y socialista no apoyaran la iniciativa presentada por los populares en este sentido, y expresó su confianza en que el Ejecutivo de Rivero “no repita la tremenda injusticia cometida el pasado año, en el que algunos municipios no accedieron a esta iniciativa, y otros se vieron compensados con un plan a su medida que no tuvieron que cofinanciar”.
Del Rosario defendió ante el Pleno de la cámara regional la necesidad de que el Gobierno de Canarias “concrete de una vez cuál es la dotación económica del plan, que hasta el momento no aparece en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma”, y aseguró que “el sistema de reparto no puede de ningún modo condicionarse a la implicación económica de las entidades locales, ni limitarse a una discusión sobre porcentajes de cofinanciación”.
La parlamentaria popular explicó que el sistema empleado el pasado año ocasionó injusticias tales como que en una población de 55.000 parados el Gobierno de Canarias aportara 133.500 euros, mientras que en otro municipio con 10.500 parados aportó 263.000 euros, “lo que proporcionalmente implica que unos municipios reciben diez veces más que otros”.
“Es tremendamente injusto que las familias con todos sus miembros en paro, los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión social tengan la posibilidad de acceder a un plan del gobierno de Canarias en función de dónde estén empadronados”, denunció Del Rosario.
La portavoz popular recordó que, tal y como la propia consejera ha reconocido en el Parlamento, “los propios interventores y servicios jurídicos de los ayuntamiento podrían poner reparo a pagar con presupuesto municipal un plan que excede de sus competencias, y no se les puede obligar a hacerlo en fraude de ley”.
“Seguimos pensando que esto no es un plan de empleo, sino un plan asistencial, y que no es la solución al problema del paro en Canarias, especialmente para el sector de población al que va dirigido, pues no mejora su formación ni su cualificación profesional para acceder al mercado de trabajo real”, aseguró Aurora del Rosario.
La diputada popular insistió en que “esta no es nuestra estrategia, sino la del Gobierno de Canarias, pero ya que se empeñan en sacarla adelante, lo que no pueden hacer es cargar a los ayuntamientos con su financiación, y mucho menos discriminar a los parados en función del municipio donde vivan”.
Por este motivo, el Partido Popular pide al Ejecutivo regional que concrete y haga pública la ficha financiera que destinará a esta estrategia, que aporte íntegramente su financiación sin condicionarla a la aportación de los ayuntamientos, y que se reparta en función de las condiciones de los destinatarios y no de los municipios donde residan, sin perjuicio de que aquellas corporaciones que quieran, puedan y sus servicios jurídicos se lo permitan, complementen esa financiación en la cantidad que estimen conveniente.
