El presidente del Gobierno canario anunció este miércoles la intención del Ejecutivo de abrir un debate social sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y remarcó que la propuesta que presentará el Gobierno en la Cámara mantendrá lo que considera contenidos básicos de la reforma, como la definición de las aguas territoriales, el ajuste de las políticas estatales a las condición ultraperiférica del Archipiélago, las competencias en puertos y aeropuertos y garantías para el REF. “Miremos hacia delante y hagamos que el debate del Estatuto cruce las puertas de esta Cámara, que salga a la calle, que se acerque a los verdaderos protagonistas y beneficiarios del Estatuto que esta tierra merece”, afirmó Rivero.
Modernización territorial
El presidente del Ejecutivo, en su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad en la Cámara regional, indicó que, junto a esta acción, se seguirá trabajando en la Cámara regional sobre el texto y la defensa en las Cortes “del derecho de Canarias a no quedar descabalgada del inacabado proceso de actualización o modernización territorial”. Rivero insistió en que las Islas necesitan un Estatuto “del siglo XXI” y se mostró convencido del derecho de los canarios a “ser partícipes y protagonistas” de este proceso para “acercar el Estatuto a la calle”. “Vamos a abrir un debate que va a poner de relieve que el Estatuto, lejos de ser algo abstracto, es un documento que está en la vida de la gente, en su día a día en su derecho a tomar decisiones y a gestionar su futuro para tener más y mejores oportunidades”, sentenció.
Rivero recordó que la anterior propuesta de reforma estatutaria aprobada en la Cámara en la pasada legislatura “se vio truncado su camino en las Cortes” -ya que el Parlamento canario pidió la retirada del texto por falta de consenso entre CC, PP y PSOE tras las elecciones-. Una situación ante la que dijo “ni miramos atrás ni buscamos responsables, sólo queremos mirar hacia delante”.
Calidad democrática
El presidente indicó que su Ejecutivo "ha demostrado con hechos" que está abierto a la participación de los colectivos ciudadanos y recordó que en estos meses se han compartido mesas de trabajo con sindicatos, patronales, colectivos de usuarios, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, representantes sectoriales, grupos ecologistas o asociaciones de amas de casa. Rivero dijo que esta realidad se suma el anteproyecto de ley de Fomento de la Participación Ciudadana. También recordó la puesta en marcha de la iniciativa el Presidente Responde, así como el trabajo del Ejecutivo para el anteproyecto de ley de Potenciación de los órganos consultivos y de control, que dijo será remitido a esta Cámara a lo largo de este mismo año. Sobre este anteproyecto explicó que el Gobierno pretende introducir cambios que ayuden a rentabilizar el trabajo de estos órganos, para lo que se centralizará y canalizará la toda esa información hacia el Consejo Económico y Social, principal órgano de participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y evaluación de las políticas socioeconómicas de Canarias.
Administración moderna
También destacó el cumplimiento de los objetivos para la modernización de las Administraciones Públicas y anunció que la próxima semana se aprobará un conjunto de Acciones para la modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma, un paquete de iniciativas que integra aspectos tecnológicos y administrativos. Entre las acciones, resaltó las realizadas en materia de Justicia y afirmó que la implantación de la nueva oficina judicial cambiará la forma en la que los canarios se relacionan con la Administración de Justicia. Asimismo, se refirió a la dotación de nuevos recursos tecnológicos, la digitalización de los libros de los Registros Civiles, el Plan de modernización de los archivos judiciales o el cumplimiento del Plan de Infraestructuras Judiciales.
Además, recordó la aprobación del Reglamento de la Ley de Mediación Familiar o el impulso a un Plan de Formación del Personal al servicio de la Administración de Justicia. También destacó el refuerzo realizado en los partidos judiciales afectados en su carga de trabajo por la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años.
