El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha dado este viernes su versión de lo ocurrido en la sesión plenaria que se celebró el día anterior, y lo ha hecho para insistir, como hizo ante el Pleno, en que su queja a la Fiscalía de Las Palmas contra el fiscal de Arrecife Ignacio Stampa no tenía nada que ver, como tratan de vender algunos medios y distintos partidos de la oposición, con la situación de la bodega Stratus y de su propietario, sino con los modos empleados por el fiscal a la hora de calificar la actuación de distintos técnicos de la Corporación insular.
El inicio del procedimiento para la modificación puntual número 1 del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria se volvió a quedar sobre la mesa tras el debate plenario. El grupo de gobierno recuerda que el asunto fue también retirado del orden del día del pasado Pleno, correspondiente al mes de marzo, por el propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ante un nuevo escrito presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote que finalmente no fue incorporado. Igualmente, cabe recordar que el tenor literal de dicha modificación ya fue aprobado en su día por todos los grupos políticos del Cabildo, salvo por Alternativa Ciudadana 25M.
En su resumen los representantes de Coalición Canaria (CC), ahora gobernando en minoría, subrayan que los grupos de la oposición votaron en contra de iniciar el procedimiento, poniendo como excusa esta vez la validez de las competencias del Director Insular de Ordenación del Territorio, abogado y extrabajador de la empresa pública Tragsa, para emitir dicho Informe Jurídico solicitado en el anterior Pleno. Asimismo, pidieron al Secretario de la Corporación la emisión -en un plazo de diez días- de un nuevo informe que dictamine si la citada dirección insular tiene atribuciones y competencias para suscribir dicho Informe Jurídico o por el contrario debiera emitirlo un funcionario público de la Corporación.
Por otro lado, el presidente del Cabildo de Lanzarote compareció en la sesión del Pleno de la Corporación dando cuenta del trámite administrativo realizado con la presentación de una queja ante el Fiscal Jefe de la Fiscalía General de la Provincia de Las Palmas en relación al escrito elaborado con fecha 7 de marzo de 2014 por el Fiscal del caso de la Bodega Stratvs en el que está imputada la empresa BTL Lanzarote.
En dicha queja se exponen los argumentos empleados por el Fiscal para pedir al Ministerio de Medio Ambiente que el informe pericial requerido fuese elaborado por una técnico del Cabildo determinada, hecho que desde la Corporación “no se cuestiona, pero sí que para ello se argumenten acusaciones falsas y se ponga en tela de juicio y atente contra la honorabilidad no solo del consejero de Medio Ambiente de la Corporación, sino también de los técnicos del área que suscriben todos los informes medioambientales del Cabildo”, explicó el presidente.
Ante afirmaciones tales como que “la falta de imparcialidad del Cabildo de Lanzarote quedaba en entredicho debido a la relación laboral del Sr. Fabelo como Consejero que ostenta las funciones competenciales en materia de informes de compatibilidad y sanciones con el imputado don Juan Francisco Rosa (...)” , vinculando una falsa relación laboral que no existe con la empresa imputada y sin que el consejero electo tenga posibilidad alguna de aclarar y rectificar, o insistiendo el Fiscal en que “en el caso de que se encomendare la elaboración del aludido informe a funcionarios adscritos a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo habría sido la de influir en el ánimo de aquellos con el fin de que el dictamen se acomodase a los particulares intereses del Sr. Rosa Marrero”.
Todo ello, supone no solo un agravio y ataque a la honorabilidad del consejero sino también a la de todos los técnicos del área que, según el Fiscal, se dejarían influenciar en sus dictámenes por unos supuestos “intereses” que la Fiscalía dice que podría tener el consejero.
Para el presidente del Cabildo “tales afirmaciones resultan, por su intrínsica falsedad, hirientes no solo para el señor Fabelo, sino para los funcionarios del Cabildo de Lanzarote, pues ven injustificadamente puesta en entredicho -y, además, por un representante del Ministerio Público- su rectitud, objetividad e incorruptibilidad cuando por el mismo se sostiene que no puede asegurarse la imparcialidad del informe que habrían hecho los propios funcionarios del Cabildo”. De igual forma, en el escrito administrativo de la queja se aclara -entre otros muchos argumentos- que el consejero de Medio Ambiente “no ha representado ni ha desempeñado ninguna actividad privada, paralela e incompatible que interfiera en el ejercicio de sus funciones”, y es falso por tanto que esté vinculado a ninguna de las empresas de este caso, como de manera reiterada e infundada se le atribuye por parte del Fiscal.
Acusaciones
Por otro lado, en relación a las acusaciones de la Oposición sobre la presentación de esta queja administrativa por parte del presidente del Cabildo, el Secretario de la Corporación tuvo que aclarar en varias ocasiones que la Ley de Régimen Local atribuye unas competencias al Pleno y otras al Presidente que asume las denominadas residuales que no son atribuidas al Pleno de la Corporación. Es decir, según el Secretario del Cabildo “la queja al Fiscal no es competencia del Pleno del Cabildo porque no es una acción judicial o administrativa que sea competencia de este órgano y, por el contrario, sí de la Presidencia”.
De igual forma, el presidente del Cabildo aclaró “a aquellos que pretenden vincular a esta Presidencia con el caso de las Bodegas Stratvs que lo único que ha hecho este Gobierno con la empresa BTL es sancionarla con 14.000 euros por la construcción de un belén en unos zocos. Sanción que fue abonada voluntariamente por la empresa, y desestimar hasta en tres ocasiones el recurso, por lo que no es cierto tampoco que el Cabildo haya hecho dejación de funciones o desde 2013 no se haya resuelto el mismo, tal y como se acreditó hace días con las resoluciones emitidas por el Cabildo sobre este caso”.
San Ginés también recordó que esta Bodega se construyó bajo un expediente iniciado en los años 90, se levantó e inauguró en el año 2008, previa a la llegada del actual Grupo de Gobierno, entonces bajo mandato de la socialista Manuela de Armas.
Ante las acusaciones nuevamente oportunistas y demagógicas de Alternativa Ciudadana 25M, tratando de confundir esta causa con el haber apartado por un principio de prudencia a dos técnicos del Cabildo, el presidente reiteró que “fue el propio Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas quien apartó días después a los técnicos de la Oficina del Plan Insular del caso Urena Montain, S.A., y en absoluto tiene nada que ver con el caso que nos ocupa”. (Se adjunta Auto del Juzgado).
También, ante las acusaciones de AC-25M al presidente de beneficiar a Stratvs, Pedro San Ginés recordó que “uno de los denunciantes de la bodega es precisamente asesor de la Presidencia desde hace años”.
Por último, el presidente también afeó las declaraciones del Partido Popular y de su presidenta, Astrid Pérez, que comparaba grotescamente esta queja con “los gravísimos casos de corrupción de altos dirigentes del PP o el PSOE, como el caso Bácenas, Gürtel o los ERE de Andalucía, con un proceso judicial en el que el Cabildo de Lanzarote ni ninguno de sus representantes públicos del actual Grupo de Coalición Canaria en el Gobierno están imputados ni forman parte de dicho proceso”.
Entre las afirmaciones de la consejera del PP, paradógicamente Pérez afirmó que “a veces los fiscales no dicen la verdad, al igual que la defensa” y no pasa nada.
Otros asuntos del orden del día
El Pleno de la Corporación aprobó, entre otros asuntos, la concesión de una ayuda de 10.000 euros a la ONG Educanepal para sufragar los gastos del arreglo del centro educativo y orfanato que lleva el nombre de Lanzarote y que esta organización construyó gracias a la colaboración del Cabildo y de la sociedad insular. Esta escuela ha sufrido daños por el terremoto que afectó la zona. Educanepal da cobertura formativa, de manutención y de alojamiento a unos 150 niños y niñas del Nepal que corren el riesgo de explotación laboral y sexual por parte de las mafias de este país.
