Por Ana Oramas
Formidable, increíble, fabuloso, sorprendente o indescriptible. Estos fueron solo algunos de los calificativos que utilizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno celebrado martes en el Congreso, para describir la situación que, según él, vive la economía de nuestro país. Nos retó a los diputados a que pusiésemos en duda la veracidad de los números que publicita diariamente su departamento y yo le reté a él a que encontrase a un solo español que estuviese dispuesto a subir a la tribuna a decir que las cosas van mejor.
La reducción del techo del gasto fijada por el Gobierno para el año 2015 confirma que el país en el que habita el ministro de Hacienda no es el mismo que aquel en el que se ahogan las administraciones más cercanas al ciudadano. Es lo que sucede cuando se gestionan los raquíticos fondos públicos sin escuchar el ruego unánime de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y cuando se traza un cuadro de gastos e ingresos en una realidad paralela a la que viven quienes sufren las consecuencias de las discutibles decisiones del Gobierno.
Coincido con el análisis que realiza John Müller cuando asegura que el techo del gasto, los ingresos previstos y el déficit son “cifras orientativas, una carta del Gobierno a los Reyes Magos, una simple declaración de intenciones”, un buen deseo con el que el Partido Popular pretende ofrecer su rostro más amable y tratar de enmendar en 2015, en plena campaña electoral, el largo camino de ajustes económicos y recortes de derechos decretados en solitario durante tres años.
Nos hemos acostumbrado en esta legislatura a que las previsiones se terminen evaporando ante la evolución de una realidad que el Gobierno se niega a anotar en su contabilidad hasta que las cifras terminan imponiéndose. Las dudas se multiplican en este caso y, pese al tono optimista empleado por el Ministerio de Hacienda, casi todos los analistas se preguntan cómo pretende el Gobierno reducir el déficit público al 4,2% con una rebaja fiscal que no bajará de los 5.000 millones y, además, se plantean otros interrogantes abiertos sin respuesta: los intereses de la deuda bajan, pero su volumen aumenta y el déficit de la Seguridad Social sigue siendo una quimera.
“La época de ajustes se ha terminado”, aseguró el ministro de Hacienda. El ministro obvia las cicatrices abiertas en los presupuestos de carácter social que gestionan las Comunidades Autónomas, acalla a quienes le rogaban un esfuerzo para seguir cuadrando las cuentas del sistema educativo, social y sanitario y, además, cierra también con esta decisión el debate sobre la financiación autonómica ya que, con los recursos que pondrá el Estado sobre la mesa para 2015, no podrá articular dicha reforma.
Ya conocemos cuáles son los objetivos del Gobierno para el próximo año, pero desconocemos la letra pequeña. Suponemos que, un año más, volverá a pedir un esfuerzo extraordinario a las Comunidades Autónomas, para que sean éstas las que salven el cumplimiento de déficit de España.
La paciencia de quienes sí conocen los efectos reales de los ajustes que otros presentan con aires triunfalistas está llegando a su fin. Y las Comunidades Autónomas, a las que el Estado ha criminalizado públicamente y ha señalado como las culpables del desajuste en las cuentas públicas, ya han anunciado que están dispuestas a plantar batalla a un Gobierno que ha sido incapaz de negociar un nuevo sistema de financiación.
Su incapacidad ha condenado y seguirá condenando a muchos territorios a realizar los ajustes que el Gobierno del Estado ya ha dicho que no acometerá en su costosa y alargada estructura. Serán otros quienes tengan que dar la cara ante los ciudadanos y explicar por qué ni la Sanidad ni la Educación volverán a contar con los recursos que necesitan para, al menos, garantizar un servicio relativamente sostenible.
Y, un año más, la sonrisa del ministro de Hacienda volverá a contrastar con la seriedad en el rostro de los consejeros de las Comunidades Autónomas.
