viernes. 29.03.2024

Por Cándido Marquesán Millán

El siglo XX ha sido el período de la historia en el que más avances políticos, sociales, económicos y científico-técnicos se han producido. Sería muy prolija su enumeración. Podríamos citar desde el espectacular crecimiento demográfico por los descubrimientos médicos, el avance de la democracia con la aparición del cuarto estado, la promoción de la mujer tras muchos siglos de represión, a la creación del Estado de Bienestar. Como también la llegada del hombre a la Luna, desarrollo de la biotecnología, y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mas no es esta la cuestión a la que quiero referirme. En contraposición ha sido también el siglo donde además de las mayores calamidades medioambientales, según indica Eric Hobsbawn el más mortífero de la historia a causa de la envergadura, la frecuencia y la duración de los conflictos bélicos que lo han asolado sin interrupción (salvo el breve período de los años 20), sino también por las catástrofes humanas, sin parangón posible, que ha causado, desde las mayores hambrunas hasta los genocidios más espantosos. No pretendo referirme a los conflictos bélicos, sino a los genocidios y hambrunas, circunstancias que con frecuencia las olvidamos. Como consecuencia del intento de exterminar a los judíos de todo el planeta, reflexionando sobre lo que supuso su persecución sistemática y la maquinaria de su eliminación surgió el término genocidio. Este término se discute aún cuando debe usarse. Entiendo que debería darse un uso más amplio, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Por ello cabe dentro de esta denominación la represión del régimen franquista llevada a cabo contra la disidencia política. La retahíla de estos genocidios es muy larga: el armenio (1915), negado todavía en Turquía; las numerosas matanzas en la Unión Soviética, especialmente la hambruna provocada en Ucrania (1932-1933); la matanza de cientos de miles de civiles chinos en Nanking, en 1937 por parte de los japoneses; el Holocausto judío cometido por los nazis; la matanza de miles de oficiales polacos en el bosque de Katyn, en 1940 que durante años la URSS culpó a la Gestapo cuando fue un crimen ordenado por Stalin; la Revolución Cultural en China (1965-1975), en la que millares de funcionarios del Partido Comunista, de la antigua burguesía, o que habían tenido vínculos con los sectores políticos reaccionarios antes de la revolución, fueron perseguidos brutalmente por jóvenes activistas, los Guardias Rojos, que contaban con el patrocinio político de Mao; los crímenes de los jemeres rojos en Camboya encabezados por el tristemente famoso Pol Pot (1975-1979), los casos de Bosnia (1991-1995), con la terrible matanza de Srebrenica por parte de los serbobosnios contra la población musulmana; el de Ruanda (1994), que según El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) hizo responsable a Bagosora, de 67 años, que estaba a cargo de las tropas y la milicia hutu Interahamwe, que asesinaron a más de 800.000 personas de la minoría tutsi o hutus moderados. Y en estos momentos el de Darfur en Sudán, con cientos de miles de muertos. Como se puede comprobar una tras otra se suceden las grandes matanzas en el siglo XX.

De ninguna de estas lacras nos hemos visto libres los españoles. Una Guerra Civil con grandes perdidas humanas y cuyas huellas todavía perduran. Un genocidio como la represión implacable e inmisericorde ejercida por el régimen franquista contra la disidencia política -sin olvidar la del lado republicano, conocida ya hace ya muchos años-, aunque la primera fue más cuantiosa y duradera- perduró una vez acabada la guerra-, así como más sistemática y mejor programada. Franco tuvo la intención de exterminar a un determinado colectivo, a toda la izquierda política republicana, al amparo de la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. Una auténtica aberración jurídica, con la que se trataba de justificar jurídicamente la persecución. Acusar de subversión a aquéllos que precisamente defendían el régimen democrático vigente, parece algo increíble. Y aquellos que se sublevan son los que dictan la Ley. El mundo al revés. Las víctimas convertidas en verdugos. Ya en la Exposición de Motivos aparecen todo un conjunto de párrafos que impresionan por su cinismo y desvergüenza:

- Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional….

- La magnitud intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues estas repugnarían el hondo sentido de nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y por ello, esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y, por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares….

En el articulado se declara la responsabilidad política de las personas, que desde 1º de octubre de 1934, y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de las fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave. Quedaron fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, habían integrado el Frente Popular, por lo que perdieron todos sus derechos y todos sus bienes.

Tampoco deberíamos desconocer, especialmente los españoles, otra masacre más, tal como señala Helen Graham, causada porque Franco no puso reparos cuando los nazis le propusieron despojar de la condición de prisioneros de guerra a los miles de republicanos españoles que se hallaban en su poder, accediendo así a que fueran enviados de los stalags (campos de prisioneros de guerra) a los campos de concentración. Fue la negativa de Franco a reconocer la nacionalidad española de los prisioneros lo que abrió la vía a la deportación. En efecto, las autoridades nazis anunciaron su política el 25 de septiembre de 1940, durante la visita a Alemania del lugarteniente de Franco, Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior ( y en octubre de 1940, también de Asuntos Exteriores) y jefe de la Falange. A partir de entonces los republicanos españoles fueron recluidos en muchos campos de concentración diferentes: Dachau, Oranienburg, Buchenwald, Flossenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme y, sobre todo, Mauthausen. Lugares donde murieron alrededor de 10.000 republicanos españoles. Sobre este hecho, no quiero hacer comentario alguno.

El olvidado siglo XX
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