El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves las diligencias abiertas contra ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, al considerar que no existen indicios de la comisión de delito, han informado a Europa Press fuentes de la defensa.
En un auto de archivo de ocho folios en los que el magistrado cuestiona el proceder de la Brigada Provincial de Información de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía a la hora de calificar los presuntos delitos cometidos por los ocho promotores imputados, Santiago Pedraz descarta cualquier ataque a las Instituciones del Estado por "rodear o permanecer de forma indefinida" ante el Congreso, aunque se pida la dimisión del Gobierno y un "proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica y social", ya que, en todo caso, "atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión" impedir esa convocatoria.
"Hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", mantiene el magistrado en el auto.
El juez invita también a las defensas de los ocho imputados por una investigación abierta desde el 14 de agosto a que dirijan a los juzgados de instrucción su petición de que se tome declaración, en calidad de imputada, a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "por presunta responsabilidad en los desordenes públicos acaecidos el día 25 de septiembre en tanto que grupos de policías y colaboradores bajo la dirección de la Delegación del Gobierno de Madrid infiltrados entre los manifestantes fueron los que iniciaron dolosamente los desórdenes".
Y sobre el proceder judicial de la Brigada de Información, que solo hasta este mismo jueves informó al magistrado de un presunto delito contra las Instituciones del Estado de cinco de los ocho promotores, estos cinco parte de los 35 detenidos pendientes de juzgar, Pedras considera "un exceso en las funciones propias de la policía judicial" que la unidad actuante "pueda sustraer unos hechos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado [de instrucción de Madrid] para que otro juzgado [el Central de Instrucción 1 que preside] conozca de ellos".
Hace así referencia el juez al hecho de que siempre la Policía ha calificado los sucesos del 25-S, en sus informes a la Audiencia Nacional, como de "desobediencia, resistencia, atentado a agente de la autoridad y desordenes públicos", y solo este mismo jueves incluye el delito contra las Instituciones del Estado del que sería competente la Audiencia.
Concentración ante la Audiencia
Los acusados han quedado en libertad sin la imposición de ninguna medida cautelar. Los ocho imputados llegaron poco antes de las 10.30 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid y han permanecido con el magistrado menos de una hora.
A su salida de sede judicial han sido recibido con muestra de apoyo por parte de las varias decenas de manifestantes que han seguido desde la calle el transcurso del interrogatorio, de nuevo con presencia policial. Los agentes han pedido documentos de identidad a periodistas y concentrados y algunos transeúntes.
Persecución política contra el 25-S
Por su parte y entre las primeras reacciones que ha suscitado el auto, para EQUO la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa abierta contra ocho promotores de la movilización 25S demuestra que, las actuaciones llevadas a cabo por la policía y la Delegación del gobierno, no tenían ninguna base legal y que lo que se perseguía realmente era intimidar a la ciudadanía para que no acudiera a las puertas del Congreso ese día.
EQUO ha señalado que estas actuaciones son absolutamente inaceptables en una país democrático y por tanto ahora, tras el pronunciamiento del juez, resulta imprescindible que se den explicaciones a la ciudadanía y que se asuman responsabilidades políticas, comenzando por la dimisión de la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
EQUO ya denunció en su momento la decisión de la Audiencia Nacional de imputar de forma preventiva a estos ocho promotores del 25S por considerar que era “absolutamente intolerable y traspasaba las líneas rojas de un Estado democrático”
Asimismo EQUO también ha reclamado que haya una investigación transparente, abierta y profunda sobre la actuación policial ese día en las puertas del Congreso de forma que se aclare quiénes formaban los grupos violentos, por qué había policía encapuchada entre los manifestantes y qué papel jugó en los altercados.
Asimismo, para EQUO los incidentes ocurridos en la estación de Atocha, por sí mismos, y dada su gravedad, requieren una investigación urgente que aclara quién dio la orden y se asuman las responsabilidades que correspondan ante este hecho intolerable.
EQUO además ha criticado las recientes declaraciones de Cristina Cifuentes sobre la necesidad de “modular el derecho de manifestación” por considerar que son impropias de un cargo público en un país democrático y vuelven a dejar claro el poco respecto del gobierno por la ciudadanía y por los Derechos Fundamentales.
