La mitad de los ocho nuevos detenidos este lunes en Lanzarote en el marco de la Operación Unión, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística que operaba en la Isla, están incomunicados y repartidos en distintas dependencias de la Guardia Civil por orden judicial.
Según la agencia Efe, fuentes próximas a la investigación confirmaron que el juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, ha acordado la incomunicación de algunos detenidos, cuya identidad no precisaron, para impedir que se pueda producir algún cruce de información entre los mismos antes de que tanto los agentes de la Guardia Civil como el mismo juez les tomen declaración.
La nueva fase de la Operación Unión, que continúa bajo secreto de sumario y sigue abierta, está siendo desarrollada desde primeras horas de este lunes por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
Esta segunda fase del Caso Unión se ha denominado Operación Jable, y constituye una pieza separada del sumario principal.
La Guardia Civil, en el marco de la operación JABLE, ha detenido en la isla de Lanzarote y Madrid a un total de 8 personas como presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Entre los detenidos se encuentran una ex-alcaldesa y un técnico del Ayuntamiento de Arrecife, un ex consejero y un funcionario del Cabildo de Lanzarote, un director de una oficina bancaria y diversos empresarios e intermediarios.
Agentes de la Guardia Civil estuvieron registrando durante la jornada varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una Sucursal bancaria y domicilios y empresas del entramado de corrupción.
La investigación ha permitido desarticular, asegura la Guardia Civil, la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades.
En su comunicado, el Instituto Armado señala que "los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife así como a diversos empresarios, en el transcurso de la operación Unión llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta.
