AGENCIAS
Foto de archivo del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha reactivado el procedimiento contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por el llamado 'caso Telecinco', en el que se le investiga por diversos delitos en la gestión de la cadena de televisión en los años 90.
Garzón ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el Tribunal Constitucional acordara el 28 de julio declarar extinguido el proceso constitucional por su recurso de amparo, en el que el argumento fundamental era que la Audiencia Nacional no podía juzgarle dada la inmunidad derivada de su cargo como primer ministro de Italia.
Garzón justifica precisamente su resolución "visto el hecho notorio de que Berlusconi no es primer ministro de la República Italiana, razón por la cual el procedimiento se hallaba suspendido por la inmunidad de la que gozaba", según consta en un auto notificado este miércoles.
El juez ha extendido esta decisión a su colaborador Marcello Dell'Utri, que fue senador en Italia y parlamentario europeo, "al carecer éste de cualquier privilegio procesal".
Argumentos de la defensa
La defensa de Berlusconi trató de impedir el alzamiento de la suspensión del procedimiento comunicando que su patrocinado había sido propuesto como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero tanto la Fiscalía como Garzón opinan que su nombramiento como tal "no es impedimento para que continúe el procedimiento contra el mismo".
Garzón, no obstante, solicita a la defensa de Berlusconi "que aporte copia certificada de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, previa a la decisión sobre el suplicatorio", es decir, antes de pedir a este órgano autorización para proceder contra el ex primer ministro.
El suplicatorio debe ser cursado a través de la presidencia de la Audiencia Nacional y de la sala segunda, de lo penal, del Tribunal Supremo.
Los avatares de Berlusconi en el caso
Garzón investiga al ex primer ministro italiano por un supuesto fraude cometido por ex directivos de Tele 5 (cadena de televisión que pertenece a Finninvest, sociedad de medios de comunicación propiedad de Berlusconi) durante sus primeros años de emisión en España.
En el marco de esta investigación, Garzón solicitó en 2001 al Consejo de Europa, además de al Parlamento italiano y al europeo, que retirara la inmunidad a Berlusconi, pero finalmente quedó sin efecto al ser elegido poco después en Italia primer ministro, lo que le llevó a renunciar a sus cargos en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa.
El juez acordó entonces, el 9 de octubre de 2001, la suspensión de la causa mientras Berlusconi ocupara la jefatura del Ejecutivo italiano, decisión que fue confirmada primero por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y luego, el 14 de octubre de 2003, por el Tribunal Constitucional.
Este tribunal rechazó así el recurso interpuesto por Berlusconi contra la resolución dictada por Garzón, aunque anuló las actuaciones de la Audiencia Nacional dirigidas a iniciar un procedimiento contra el político italiano en su propio país o a retirarle la inmunidad.
Así, el Constitucional suspendió los apartados de las resoluciones judiciales en los que se solicitaba a los ministerios españoles de Justicia y Asuntos Exteriores que denunciaran los hechos en Italia para que se iniciara un procedimiento contra Berlusconi por los delitos que se le imputan, así como la petición a las autoridades italianas de levantamiento de la inmunidad.
"En la medida en que no se trata de una suspensión incondicionada, sino que el juez la hace depender del resultado de las solicitudes cursadas al Estado italiano, sí procede ordenar el mantenimiento sin condición alguna de la suspensión acordada", explicaba el Alto Tribunal.
La decisión tenía como fin, según el auto del Constitucional, "que, en ningún caso, pueda levantarse la suspensión del procedimiento contra el demandante mientras ocupe el cargo de presidente del Consejo de Ministros de Italia, ya que, de no hacerse así, aquél podría perder su finalidad al poderse producir durante su tramitación perjuicios de imposible reparación".
