Por Cándido Marquesán Millán
Acabo de leer las medidas económicas puestas en marcha para reducir el déficit público por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y no me han sorprendido, conociendo su inspiración neoliberal. Cuando la derecha gobierna en España, es coherente con aquellos principios que defiende. Esta circunstancia no suele darse cuando gobierna la izquierda.
De entrada, las han legitimado con la esperada cantinela de la herencia recibida, ya que las previsiones del gobierno anterior de cerrar el año con un déficit público del 6% han sido incumplidas, al haberse llegado a la cifra del 8%. El déficit del Estado central ha podido desviarse unas décimas, pero el grueso de la desviación corresponde a las Comunidades Autónomas, casi toas gobernadas por el PP. Mas los populares no entran en menudencias. Ya tienen la coartada para justificar cualquier tipo de medidas por duras y dramáticas que sean para la ciudadanía.
En el preámbulo del REAL DECRETO LEY sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público, hacen una exposición de motivos. Tratan de reducir el gasto en 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones. El Gobierno entiende que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide. Por ello, reafirma su compromiso de cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad. Se trata de un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles. Por ello, el Gobierno revaloriza el poder adquisitivo de las pensiones y hace una reducción de gasto público que no recorta ningún derecho social. Establece un incremento del esfuerzo fiscal, especialmente para los ciudadanos de mayor capacidad económica, a través de una nueva figura impositiva temporal y extraordinaria. Este esfuerzo colectivo va a permitir a España cumplir con sus objetivos, recuperar la confianza y volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.
Resulta difícil de entender que la gran preocupación del Gobierno sea el problema del paro y del crecimiento, y que para corregirlos se han tomado tales decisiones. Hace pocos días el ministro de Economía, Luis de Guindos, señalaba que íbamos a entrar en Recesión, con crecimiento negativo, por lo que el paro iba a crecer. Esta situación tan crítica de nuestra economía es debida a la falta de demanda al no haber consumo, y así no puede haber crecimiento. La consecuencia es clara: así no solo no se puede crear empleo, es que se verá incrementado. ¿Cómo se puede incentivar el consumo con las medidas puestas en marcha? ¿Manteniendo el Salario Mínimo Interprofesional en 641, 40 euros? ¿Subiendo un 1% las pensiones? ¿Congelando el sueldo, ya antes rebajado y congelado de los funcionarios? ¿Incrementando las tarifas del IRPF en todos los tramos? ¿Gravando las rentas del ahorro? ¿Subiendo de una manera generalizada el IBI? Es imposible aumentar el consumo por parte de una ciudadanía, ya bastante agobiada. No puede haber crecimiento. Ni tampoco crear empleo. Es como querer combatir un incendio, esparciendo gasolina. ¿Cómo se puede fomentar el empleo si se congela la tasa de reposición de las plantillas en las Administraciones Públicas, salvo excepciones, o reduciendo la inversión pública? Produce auténtico pavor vislumbrar el futuro próximo, en la cuesta de enero. Muchos comerciantes van a tener que bajar la persiana,
Si ya resultan incomprensibles las medidas para combatir el paro, no lo son menos algunas otras. Pero, ¿no habíamos llegado a la conclusión de que la burbuja inmobiliaria, era en buena parte la causante de la crisis económica actual? Ahora pretendemos reactivarla, estableciendo un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012, o recuperando la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010. ¿No será una concesión a la banca para dar salida todas las viviendas que tiene sin vender?
¿No era uno de los males de nuestra economía la falta de competitividad? ¿Cómo podemos ser competitivos si reducimos las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total de 600 millones de euros?
En el prólogo justificatorio del Decreto se dice que la reducción de gasto público será sin recortar ningún derecho social. Ignoro quién ha tenido la osadía de emitir tales palabras. ¡Hace falta ser cínico! Hay hombres que mienten a todos y también se mienten a sí mismos. Estos llegan a estar convencidos de que la mentira forjada por ellos es la verdad, y la defienden con mayor empeño que la verdad misma. Por eso son los más peligrosos en la política. Entre las aportaciones más significativas de la Constitución Española de 1978 está la de haber reconocido una serie de principios y derechos de contenido social. Esta "nueva generación" de derechos se incluyen en el Capítulo 3º del Título I, derechos que reciben la denominación de derechos sociales en la medida que expresan una función de prestación que corresponde al Estado (entendido como el conjunto de los poderes públicos) para su efectivo aseguramiento. ¿Con una subida del 1% de las pensiones, los poderes públicos pueden garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, tal como parece en el artículo 50 de nuestra Constitución? ¿Aplazando hasta el 1 de enero de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, no se recorta un derecho social, cual es la atención a las personas dependientes? ¿No renovando la Renta de Emancipación a los jóvenes se garantiza a todos los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal como parece reflejado en el artículo 47 de nuestra Carta Magna?
Además todas las medidas son una muestra palpable de insolidaridad, al recaer en toda la ciudadanía, al hacer uso y abuso de gravar la imposición directa, como el IRPF en lugar de la indirecta, como la del IVA. “Los españoles que ganen menos de 53.000 euros al año, pagarán el 73% del ajuste a través del IRPF”, según cálculo de los socialistas.
Si alguno ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, es probable, mejor seguro, que haya pensado que estoy equivocado en todos mis planteamientos, y me argumentarán que es imprescindible la corrección del déficit público para que fluya la financiación para las empresas. El BCE acaba de prestar al 1% 500.000 de euros a la banca, y a las empresas no ha llegado ese chorro de dinero. ¿Dónde está? Sí, se me replicará a comprar deuda pública al 6%. ¡Vaya chollo para los bancos¡ ¿Por qué no la compra directamente el BCE y así nos evitaríamos todos el tener que pagar más impuestos para pagarla. Aquí hay gato encerrado. El primer ministro de Italia, de profesión banquero. El ministro de Economía español, banquero también. Ahora lo voy entendiendo
Con estas medidas impuestas desde el FMI, la UE y BCE, nuestra economía se verá sometida a una crisis cada vez más profunda, tal como ocurre en Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. De verdad, vamos hacia el suicidio económico. Por cierto, esto solo es el inicio del inicio, tal como señaló, Soraya Sáenz de Santamaría.
