El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de conclusiones provisionales un total de 17 años y seis meses de prisión para el líder histórico y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, en la pieza principal, la conocida como número 12, del caso Unión, una causa judicial iniciada en el Juzgado Número 5 de Arrecife y que investiga la actividad de una presunta trama de corrupción política y empresarial en la Isla.
El informe del fiscal Javier Ródenas, que en este caso actúa como delegado de la Fiscalía Anticorrupción nacional, y que acaba de ser presentado ante el juzgado, cita a un total de 14 personas imputadas, contra las que se formula acusación por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.
El fiscal solicita, entre algunas de las peticiones más altas contempladas en el documento, hasta 16 años de prisión para Ubaldo Becerra, el exprimer teniente de alcalde de Arrecife.
Además, pide el archivo provisional contra una de las personas que continuaban imputadas hasta ahora, la que fuera concejal de Recursos Humanos de Arrecife con el PIL, Luisa Blanco.
Otros imputados son el exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, para el que se piden 4 años y 7 meses y 2 días de prisión, además de una multa de 220.500 euros e inhabilitación de 18 años; Antonio Machín, ex concejal de Parques y Jardines, para el que interesa 12 años y 6 meses prisión, multa 300.000 euros e inhabilitación de 22 años; el exinterventor municipal Carlos Francisco Sáenz, también imputado en la Operación 'Montecarlo', para el que se solicita 7 años y 6 meses de prisión y 10 años de inhabilitación; o el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, también imputado en el caso Stratvs, para el que el fiscal pide 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros; Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín, para el que el fiscal pide 1 año y 4 meses de prisión, multa de 96.800 euros e inhabilitación de 5 años; Elena Martín, jefa de Contratación de Arrecife, para la que el Ministerio reclama 2 años de prisión y 20 años de inhabilitación; y Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica, para el que reclama 4 años de prisión y 11 años de inhabilitación.
