El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha continuado este viernes con el primero de los juicios derivados de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la bodega Stratvs, en Lanzarote, en una sesión en la que, en principio, está prevista la presentación de los informes definitivos de acusaciones y defensas. Juzgados.
A falta de que este viernes las defensas presentan sus conclusiones, el fiscal del caso de la bodega Stratvs, situada en La Geria (Yaiza), Ignacio Stampa, ha pedido este jueves al final un año y seis meses de prisión para Rosa por tráfico de influencias e inducción a prevaricar, así como una inhabilitación de siete años.
El fiscal modificó la acusación para el empresario y tras la celebración de la vista oral le considera responsable de un delito de tráfico de influencias y de ser inductor de una prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de actividad de las instalaciones. Stampa destacó la “capacidad de influencia” del empresario sobre el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, sobre el exsecretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y sobre el exconcejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez.
Por su parte, el abogado del dueño de la bodega, José Antonio Choclán, solicitó este jueves la absolución del empresario e insistió en su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solo puede juzgar a Rosa por tráfico de influencias, al ser el delito que se citaba en el auto de apertura de juicio, un delito que además considera prescrito.
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, también declaró como testigo en el juicio del caso Stratvs. San Ginés fue interrogado por el fiscal, quien preguntó al presidente si seguía ostentando dicho cargo en la actualidad y que llegó a afirmar que lo desconocía y que no le interesaba.
Stampa le preguntó por qué supervisó un informe sobre la validez del Plan de La Geria que iba remitido al Juzgado por parte de una de las juristas de la Oficina del Plan Insular, PIOL, del Cabildo pero que ejercía en ese caso como perito del Jugado. San Ginés expuso que esa no era la opinión jurídica de la Administración insular, reconociendo la excepcionalidad de la medida.
Más detalles
El fiscal solicita José Francisco Reyes un año y seis meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para Leonardo Rodríguez un año y 10 meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para los otros dos concejales que votaron la licencia de actividad, Evaristo Quintana y Juan Lorenzo Tavío, año y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación.
Para Vicente Bartolomé Fuentes el fiscal pide un año y nueve meses de prisión, y nueve de inhabilitación. Para el técnico municipal y para el técnico del Cabildo de actividades clasificadas, la Fiscalía solicita una multa y la inhabilitación para cargo público relacionado con el presunto delito por tiempo de nueve años.
El abogado de la familia Negrín, que interviene como acusación al denunciar la usurpación de sus terrenos, aseguró en sus conclusiones que “Rosa no ha aportado en este procedimiento que es titular de ni un solo metro cuadrado” y agregó que, en el registro, “se ha escondido la bodega en otra parcela” cercana.
La Audiencia autorizó en enero la reapertura de la bodega Stratvs
Cabe recordar que en enero de este año la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimaba la petición de la propiedad de la Bodega Stratvs de reabrir estas instalaciones que habían sido cerradas de forma cautelar en diciembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, al entender que en su funcionamiento "existían indicios racionales de criminalidad" por carecer de cualquier tipo de autorización desde el punto de vista administrativo y sanitario".
Sin embargo, tres años después la Audiencia Provincial destaca que la medida cautelar "se acordó hace ya tres años, un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar, incluso de las más gravosas, como podría ser la prisión provisional. El perjuicio que se puede irrogar al titular de la actividad cuando de momento está asistido por el sagrado principio de presunción de inocencia, concluida ya la instrucción, debe ser valorado en sus justos términos".
La Audiencia resalta que la propiedad "aporta numerosos documentos e incluso, informes periciales que evidencian, salvo prueba en contrario y cuando sean sometidos a contradicción en el plenario así se verá, la inexistencia de una red hídrica en el paraje en el que se sitúa la bodega y se aportan indicios de que serán objeto de valoración en fase de prueba, de la inexistencia de vertidos contaminantes emanados de la la bodega".
La bodega Stratvs ya había solicitado la reapertura en dos ocasiones más aunque fue denegada. "En su momento se accedió a mantener la medida cautelar porque la instrucción no había concluido y era imposible o difícil conocer por el Tribunal la duración de la fase de instrucción por lo que se ponderó el supuesto perjuicio que podría irrogar el alzamiento de la medida cautelar", sostiene la Audiencia. En un principio la fecha del juicio en el TSJC está fijado para junio de este año aunque la propiedad de la bodega ha solicitado el aplazamiento.
En el denominado caso Stratvs se ha implicado a un total de 17 personas entre los que se encuentra el propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza y políticos de esta corporación local. La actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez y el exalcalde de este municipio, José Francisco Reyes se encuentran entre los imputados. La Fiscalía exige 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa, diez años para el arquitecto y copropietario de los terrenos de la bodega Miguel Ángel Armas Matallana; siete años para el exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes; y tres años y diez meses para la actual alcaldesa, Gladys Acuña.
Las infracciones detectadas en la apertura de esa bodega, que costó 18 millones de euros, han dado como resultado una causa penal por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente en la que la Fiscalía de Canarias aprecia el "mayor atentado" ecológico que ha sufrido la isla de Lanzarote durante las dos últimas décadas.
