El candidato al Senado por Unidos Podemos, Juan Valencia, ha asegurado este sábado en nota de prensa que el anteproyecto de Ley del Suelo “no sólo es cuestionable sino inaceptable”. La formación que aspira a repetir el éxito en Lanzarote dice que la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, aseguró ante los medios en su visita a la Isla que “la oportunidad política de tramitar esta ley no la cuestiona absolutamente nadie".
“Debemos tener en cuenta dos cosas, de un lado que no se trata de una Ley, sino de un anteproyecto y por otro lado que la plataforma ‘Por un territorio sostenible’ que se ha creado y que se está presentando en las islas responde a un sentimiento mayoritario al que se han sumado organizaciones, sindicatos y partidos políticos, además de ex presidentes de gobierno canario e incluso ex ministros de sus propias
formaciones”, explica Valencia.
Para el candidato estas declaraciones “no son muy acertadas pues estamos hablando del futuro de nuestro territorio, de la economía de nuestra región ya de por sí castigada". "El Gobierno canario no puede hacer demagogia como ha hecho Clavijo en decir que esta Ley serviría para atajar el índice de desempleo que hay en Canarias. No queremos otra burbuja inmobiliaria, esto será pan para hoy y hambre para mañana. Queremos una Ley del Suelo que invierta en recuperar las zonas agrícolas, que invierta en economía verde, que tengamos soberanía alimentaria, que podamos aprovechar los recursos naturales e invertir en desarrollar medidas sostenibles y ecológicas, no de nuevo en el ladrillo y la construcción. No somos un solar, como dice el lema, es nuestra tierra, donde hemos nacido y queremos seguir disfrutando de nuestra identidad sin que ello repercuta en nuestro paisaje y nuestra gente”, señala en su nota.
El candidato recuerda que desde IUC ya se ha señalado que el anteproyecto abre la puerta a una liberalización y mercantilización del suelo, renunciando a un control autonómico, sin controles previos, lo que parece abocar a una judicialización del territorio, como ya indican algunas fuentes. "Y también es constatable que la participación ciudadana ha sido limitada a un corto periodo de exposición, solo ampliado por la presión pública generada. Ni se ha dado traslado, ni informado adecuadamente a la ciudadanía en un tema tan vital, pero a la vez complejo", argumenta.
“Debemos pues exigir al Gobierno un proceso de debate abierto y participativo en el que todos y todas podamos ser escuchados, que influirá en el desarrollo de nuestro futuro y no tomar tan a la ligera eso de que seamos un sector crítico que diga no. Nuestro no está argumentado con bases sólidas, con estudios realizados por especialistas y sólo hay que escucharlos para comprender que se trata de un anteproyecto erróneo. No en vano, se han presentado más de 200 alegaciones, por las distintas administraciones, entidades y colectivos”, apunta igualmente.
“Sin embargo, quienes formamos parte de esta plataforma
somos optimistas y esperamos que el Gobierno sea permeable a todas estas
aportaciones desde las instituciones y la sociedad civil, porque al contrario de
lo que opina la vicepresidenta sí se trata de una plataforma con contenidos y
propuestas”, finaliza Valencia.
