El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, dijo a esta redacción que el laudo que condena a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), a pagar 10 millones de euros, confirma que tenía razón cuando en su momento se opuso a conceder la licencia de obras para la planta desaladora de Janubio. Reyes recordó que él exigió la calificación territorial del Cabildo para conceder el permiso, pero al no tenerlo optó por negar la licencia a la empresa con quien Inalsa había suscrito el contrato para su construcción. “Pretendían que diera la licencia sin la calificación territorial, y estamos hablando de suelo rústico”, señaló el primer edil sureño.
Pide responsabilidades
Reyes nombró al ex presidente de la Primera Corporación insular, Enrique Pérez Parrilla, y a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, como responsables de la situación que ahora pone en riesgo la continuidad de la empresa pública. “Me acusaron de loco y dijeron que quería dejar al sur sin agua, pero resulta que el tiempo ha demostrado que actué correctamente”. “Dije que iba a tener consecuencias y además tengo que decir que tampoco existía proyecto medioambiental”, agregó.
Pérez Parrilla da su versión
Por su parte, Enrique Pérez Parrilla aseguró que en su época no hubo pleitos por este asunto, aunque admitió las diferencias entre el Cabildo y el Ayuntamiento por las soluciones de abastecimiento de agua para el sur. En todo caso, subrayó que “nosotros no le rescindimos el contrato a nadie”. “Me acuerdo que hubo pegas del Ayuntamiento para que se iniciaran las obras, pero nada más”.
Toma de decisiones
Inalsa y una Unión Temporal de Empresas (UTE) firmaron un contrato para construir y poner a funcionar la planta desaladora de Janubio. Inalsa se comprometía a pagar la energía eléctrica y el personal y la firma privada a construir la planta y vender el agua a Inalsa. Hoy por hoy los servicios jurídicos de Inalsa y del Cabildo estudian la forma de recurrir el laudo de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas que condena a Inalsa a pagar 10 millones de euros por incumplimiento de contrato.
Sin embargo, Mario Pérez, actual consejero delegado de Inalsa, sostuvo que la empresa que produce y distribuye el agua en Lanzarote “no ha incumplido nada”. “No hemos visto la planta ni el agua que nos han vendido”, dijo Pérez. El contrato entre Inalsa y la UTE determinaba que para solventar cualquier desavenencia se acudiría a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas. El juez único de esta Corte es quien ha dictado el laudo. Janubio funciona con una planta desaladora arcaica de alto consumo de energía.
El Consejo de Administración de Inalsa se reúne hoy de forma extraordinaria para informar y tomar las acciones y acuerdos que procedan en relación con el fallo de la Cámara sobre el proyecto y planta de Inalsa Sur. Asimismo, con posterioridad, se reúne la Comisión Informativa de Aguas del Cabildo para la respectiva toma en conocimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Inalsa.
