- Reguera insiste en que "los originales de los documentos compulsados y las copias de los expedientes ya estaban en poder de la Fiscalía"
El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, abrió este jueves un capítulo más en el culebrón que se ha destapado tras la destitución de la secretaria de la institución, Asenet Padrón Niz, al asegurar en rueda de prensa que ha sido la responsable de dar un escaso margen de maniobra a la hora de presentarse en pleitos contra la institución. Como ejemplo, habló de una demanda interpuesta por unos particulares en relación a unos terrenos situados a ambos lados de la Circunvalación de Arrecife. En este pleito, uno de los más de 200 con los que el Consistorio tiene todavía que lidiar, los demandantes exigen 90 millones de euros al Ayuntamiento.
Ésta es una de las principales novedades que se desprenden de la rueda de prensa ofrecida por la mañana por el alcalde de Arrecife, el primer teniente de alcalde, José Montelongo, y la concejala de Recursos Humanos, Nayra Callero, quienes han comparecido para informar de todas las cuestiones relativas a la destitución de la secretaria del Ayuntamiento, Asenet Padrón Niz, tras las últimas réplicas aparecidas en prensa entre el grupo de gobierno y la propia secretaria.
“Es un caso en el que se le reclaman al Ayuntamiento unos 90 millones. Se trata de un suelo importante tanto a la izquierda como a la derecha de la Circunvalación de Arrecife. Pero éste es solo un caso, hay muchos más”, afirmó Reguera.
Al respecto, el alcalde ha hecho hincapié en la necesidad de contar cuanto antes con el Plan General de Arrecife como solución a la multitud de pleitos a los que el Ayuntamiento debe enfrentarse por cuestiones relativas a la ocupación de terrenos.
En cuanto a la destitución en sí de la secretaria, el Gobierno de Arrecife ha negado las acusaciones de la funcionaria y ha desvelado que ha sido destituida por ciertas "anomalías" en su puesto de trabajo.
“Queremos ser diligentes en algunas cosas y el cambio se produce para mejorar el funcionamiento de la Administración. Es una potestad del alcalde revocar nombramientos anteriores que hayan hecho otros alcaldes”, explicó.
“No se le ha abierto ningún expediente a la secretaria”, dijo. “Cuando hablamos de falta de diligencia, les puedo decir que este Ayuntamiento tiene ahora mismo más de 200 pleitos abiertos en los que se le pide indemnizaciones, y no podemos tener inseguridad o falta de diligencia a la hora de organizar los plazos y armar la defensa. Hay uno, concretamente, en el que nuestro abogado tenía 20 días para armar la defensa. En este caso, en concreto, nuestro abogado solo ha podido contar con dos días. Por eso se va a reforzar la Secretaría con técnicos nuevos”.
Reguera se ha deshecho en explicaciones para aclarar la polémica con la secretaria y desvincular su cese de los casos cuya documentación ha sido solicitada por Fiscalía. Sin embargo, las explicaciones no parecen haber convencido a nadie. Y es que, por un lado, el regidor no ha justificado por qué, si tal y como afirma la presidenta de su propio partido, el PP, Astrid Pérez, las anomalías en Secretaría venían ya de la pasada legislatura, no se procedió antes a la destitución de la funcionaria, sino justamente en los días posteriores en que se registra el escrito de la secretaria, con el que el pasado 31 de diciembre de 2011 califica de “gravísimo” y de “hecho sin precedentes” que el alcalde, Montelongo, Callero y el abogado Federico Toledo accedieran a Secretaría y permanecieran dentro “a puerta cerrada”.
El armario forzado
Por otro lado, aunque en el escrito registrado el pasado día 4 de enero de 2012 por parte del alcalde, Cándido Reguera, el primer teniente de alcalde, José Montelongo, y la concejal de Recursos Humanos, Nayra Callero, les replican a la funcionaria recordándole que "una cosa es el deber de custodia de documentos y otra el derecho del alcalde a consultar cuanta documentación estime pertinente", lo cierto es que tampoco se ha dado respuesta a la misteriosa entrada de un desconocido, durante el fin de semana del 30 y 31 de diciembre de 2011, a las dependencias de Secretaría. Lo curioso es que ese desconocido, que quizás no sea tan desconocido, accediera a la sede del Ayuntamiento sin forzar la entrada del edificio y, de idéntico modo, entrara en el citado despacho para, una vez dentro, forzar el referido armario. En otras palabras, la Policía Judicial sospecha que la persona o personas que entraron a Secretaría tenían en su poder llaves del Ayuntamiento.
“El lunes la secretaria me trasladó que había sido forzado durante el fin de semana un armario de Secretaría. Yo le dije que interpusiera inmediatamente la denuncia y que solicitara las grabaciones de las cámaras del Ayuntamiento, pues hay cámaras por todo el Ayuntamiento y se puede ver perfectamente quién entró o quién no entró. Me manifestó que no había advertido ninguna falta de documentos y que había interpuesto la denuncia, tal y como yo le había manifestado”, dijo.
Reticencias en Teguise
Por otro lado, este jueves ha trascendido que el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, se está mostrando muy reticente a que Francisco Javier López, el funcionario de Arrecife que ha estado en comisión de servicios en el consistorio de La Villa, regrese a la capital para ocupar de forma provisional el cargo de secretario, al menos hasta que el Ayuntamiento pueda cubrir esta plaza de forma interina.
Al respecto, la concejala de Recursos Humanos, Nayra Callero, ha acudido este mismo jueves hasta Teguise para registrar el escrito de solicitud y para tratar de convencer a Betancort. El alcalde de Arrecife, por su parte, sí tiene claro que López tendrá que regresar al Ayuntamiento capitalino.
“Tenemos la potestad de que vuelva, ya le hemos remitido el escrito al Ayuntamiento de Teguise y es funcionario del Ayuntamiento de Arrecife”, zanjó el alcalde.
Versión de los hechos del Gobierno de Arrecife
El grupo de gobierno de Arrecife (PP-PSOE) ha negado las acusaciones de la ex secretaria Asenet Padrón Niz, y ha desvelado que ha sido destituida por ciertas anomalías en su puesto de trabajo.
Según el primer escrito, el de la ex secretaria, los tres miembros del grupo de gobierno, junto con el abogado Federico Toledo, accedieron el pasado 29 de diciembre de 2011 a su despacho "en busca de documentación relativa a un expediente judicial" que se encontraba bajo su "responsabilidad y custodia". Dicho expediente está inmerso en las diligencias de la investigación 87/ 2011 abiertas por la Fiscalía de Arrecife.
En su respuesta, Reguera, Montelongo y Callero alegan que acudieron a las dependencias de Secretaría para consultar la documentación respecto a un procedimiento judicial en el que el citado abogado "ejerce la defensa jurídica de la Corporación".
Los tres dicentes niegan absolutamente que cometieran alguna "acción ilegal o tuvieran mala fe o interés dudoso o ilegítimo en la consulta del expediente en cuestión" y aclaran que acudieron al despacho de Secretaría porque necesitaban consultar dicha documentación para poder cumplir con el plazo dado por la Fiscalía para entregarle la información, plazo que expiraba ese mismo día, el 29 de diciembre. Los tres aludidos replican a la ex secretaria señalando que "desconocía sus obligaciones laborales, las de estar en su puesto de trabajo" y que se sorprendieron al no encontrarla "sin causa que lo justificara, máxime cuando se la necesitaba no sólo para la consulta de la documentación requerida sino para el preceptivo asesoramiento, si esta parte lo hubiese estimado oportuno y pertinente".
Falta al código ético y extravío de documentos
El escrito de Reguera, Montelongo y Callero explica que ante la ausencia de la secretaria, tuvieron que recurrir a la auxiliar administrativo para consultar la referida documentación. A pesar, aseguran, de que se la informó de la presencia de los políticos en Secretaría, la funcionaria no dio instrucciones a la auxiliar. Alegan que "dado que el despacho se ha utilizado en múltiples ocasiones para celebrar juntas de gobierno y que han sido múltiples las ocasiones en las que los miembros de la Corporación se han encontrado en el mismo a puerta cerrada y en espera de la presencia de la secretaria", se dirigieron al despacho "con total naturalidad". Fue "la auxiliar la que nos entregó la documentación después de la solicitud del señor alcalde de realizar fotocopias de la misma", sostienen, y fue también la auxiliar la que facilitó copias del expediente, que, además, "ya se encontraba en poder del abogado y de la Fiscalía.
Califican de "grave" que la secretaria, tras conversación telefónica, no se personase de forma inmediata en el Ayuntamiento "con el fin de cumplir con sus obligaciones laborales, entre ellas la custodia de documentos".
Ante estos hechos, los tres políticos le recuerdan a la funcionaria que debería haber actuado "con prudencia y discreción en sus decisiones, y dentro del marco de la lealtad, y haber consultado a las autoridades antes de haber elaborado el escrito, faltando así a otro de los principios del código ético profesional de los secretarios interventores y tesoreros de la Administración Local, en este caso, el de actuación dentro del ejercicio de sus funciones con corrección y cortesía respecto a autoridades".
En este punto, argumentan que hubo buena fe cuando se dirigieron el día 2 de enero al domicilio de uno de ellos para constatar que un documento extraviado estaba por error entre las copias citadas (...), punto que quedó totalmente aclarado después de la citada visita, cumpliéndose además con la exigencia de la secretaria de devolución de los documentos supuestamente sustraídos".
