La Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado 3 de diciembre la sentencia sobre el recurso de apelación
presentado por Juan Francisco Rosa, a través de sus empresas Hotel Princesa Yaiza, S.A.
y Salmepa, S.L., contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife para la
rehabilitación y ampliación de la “Casa Lorenzo”, situada en La Plazuela, en la que se
encuentran, entre otras dependencias de diferente propiedad, la Sala José Saramago
perteneciente a la Fundación César Manrique (FCM).
Según explica este martes la propia Fundación en un comunicado de prensa, previamente Juan Francisco Rosa había tramitado una denuncia contra dicha licencia, desestimada en primera instancia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas el 25 de febrero de
2011, con el sencillo argumento de que “teniendo en cuenta que los propietarios del
edificio tenían reconocido el derecho a la demolición del mismo [por sentencia
de la Sala Tercera, Sección 5ª, del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1999], la
obra proyectada, de rehabilitación y ampliación del inmueble, no puede considerarse
como contraria a la normativa urbanística recogiendo el aforismo ‘quien puede lo más,
puede lo menos”.
Añadía, además, el Tribunal un segundo razonamiento, en la sentencia:
“en cuanto a lo realizado, el perito designado judicialmente ha sido categórico al
manifestar a presencia judicial, a preguntas de todas las partes intervinientes, que la obra
realizada cumple con la normativa urbanística en vigor”.
A pesar de la contundencia del fallo y del sentido común que para la FCM se desprendía del hecho de
que los propietarios del inmueble, la familia Lorenzo, tenían reconocido por el Tribunal
Supremo el derecho a demoler el edificio, el empresario y promotor lanzaroteño (sin
duda, desorientado jurídicamente) persistió en su empeño de recurrir el fallo acudiendo
al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ahora, el TSJC vuelve a
desestimar las pretensiones de Juan Francisco Rosa rechazando su apelación, declarando firme la licencia y condenando a las costas procesales al
demandante.
En su sentencia, de 13 folios, el TSJC concluye que “en definitiva, pugna con las más
elementales normas de la lógica y de la razón que quien pudo demoler un edificio no
pueda ‘remodelarlo’ […]. Naturalmente, si no existiese el edificio en cuestión —por
haberse demolido en su totalidad— nada habría que catalogar ni proteger”.
Satisfacción en la FCM
La Fundación César Manrique se congratula por esta sentencia firme, contra la que
no cabe recurso ordinario alguno, que da la razón a quienes gestionaron la licencia
del edificio, la familia Lorenzo, a la que, en su momento, la FCM compró una parte de la
finca, lamentando los perjuicios colaterales que esta indeseada circunstancia haya podido
causarles. Y se congratula también porque, implícitamente, el TSJC haya sido sensible en
su sentencia con el tipo de intervención llevado a cabo por la propiedad y proyectado
por el arquitecto, que pudiendo ocupar en torno a 2.500 m2
de superficie teórica edificó,
sin embargo, 1.508 m2
, retranqueando la pieza y conservando la fachada antigua.
Al mismo tiempo, la Fundación aprovecha esta circunstancia del fallo del TSJC
para denunciar públicamente los "fines espurios que Juan Francisco Rosa, a
través de sus empresas Hotel Princesa Yaiza, S.A. y Salmepa S.L., perseguía
con esta denuncia: perjudicar públicamente a la FCM y, en última instancia, intimidarla
para torcer su voluntad de contribuir al control del crecimiento del parque alojativo
turístico en Lanzarote con la ejecución de las sentencias de sus hoteles Princesa Yaiza y
Son Bou, declarados ilegales por los tribunales", asegura la Fundación.
Desde el principio, prosigue el escrito de la FCM, el denunciante era conocedor de que la FCM no había tramitado
licencia alguna para la “Casa Lorenzo” en La Plazuela, tratándose de un tercero
adquiriente de buena fe, que compró a la propiedad una parte del edificio. No obstante,
Juan Francisco Rosa persistió en su empeño de hacer daño y crear sombras de
dudas, significándose entre todos los empresarios concernidos por el problema de las
licencias turísticas ilegales de la isla, en un comportamiento que inició ya hace años
denunciando en la APMUN y personándose en el Ayuntamiento de Teguise, mediante
escrito, para manifestarse contra cualquier eventual procedimiento de legalización del
taller próximo a la Casa de las Cúpulas (nunca emprendido por la FCM, por otra parte),
con sentencia firme de anulación de licencia, tras haber sido declarado proyecto cultural
de utilidad pública por el Gobierno de Canarias.
Resulta especialmente "paradójico y grotesco", apunta la Fundación, que un promotor turístico, "alejado de
la pulcritud urbanística, caracterizado, en este sentido, por la acumulación de
ilegalidades (ha obtenido sentencias firmes de anulación de licencias de tres de sus
hoteles: Aparthotel Fariones, Hotel Princesa Yaiza y Hotel Son Bou, y ha construido,
además, su bodega Stratus" en un paisaje natural protegido habiéndose beneficiado de una
autorización “especial” del Gobierno de Canarias, mientras otros bodegueros de la zona
no han recibido ese trato singular) ejerza la acción pública urbanística para perseguir la
presunta ilegalidad de un edificio como la “Casa Lorenzo”, con sentencia firme del
Tribunal Supremo, que autorizaba a la propiedad a demoler la casa preexistente en el
solar sobre el que se alzó la nueva construcción. Y hacerlo solamente por el hecho de
que la FCM fuera propietaria de parte de los locales y a sabiendas del daño económico y
personal que iba a causar a la familia Lorenzo.
Este comportamiento "desmedido y desafiante, con el que probablemente se aspira a
consolidar un estado de excepcionalidad legal, administrativa y de intimidación en torno a sus intereses, constituye un indudable elemento de crispación insular que ha entorpecido
y obstaculiza afrontar razonablemente problemas relevantes para la sociedad, la
economía y el prestigio de la isla de Lanzarote". Algo que, añade, "sería deseable reconducir sobre
la base de una lógica de tolerancia, reglas compartidas y respeto a la diversidad de roles
que se ponen en juego en las sociedades democráticas contemporáneas", concluye la Fundación.
