El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la adjudicación del concurso para la redacción del Plan Territorial Especial (PTE), al despacho del urbanista Fernando Prats, ya que los técnicos que informaron debieron abstenerse por su vínculo con la Fundación César Manrique (FCM), a la que a su vez asesoraba Prats.
Según informa el diario regional Canarias 7, en su edición digital, la Sala declara firme la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Las Palmas, que anulaba la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan Territorial Especial, adjudicado al despacho del urbanista Fernando Prats (AUIA), el 29 de julio de 2005.
"El Tribunal"- añade el Canarias 7, en una información firmada por C.Inza- "asume el argumento del letrado Yeray Alvarado del bufete Díaz de Aguilar, al que ya el Juzgado dio la razón, y rechaza el recurso del Cabildo, que pedía se declarara errónea la prueba practicada por la jueza, al entender que no se había demostrado suficientemente que el Cabildo adjudicara el concurso, en base al informe emitido por dos técnicos del PIOT, Esteban Armas y Leopoldo Díaz, de forma parcial, al pertenecer a la FCM, así como la relación de ésta con Fernando Prats".
Como se recordará una de las ocho empresas que participaron en el concurso público por el que se adjudicaba la licitación de “Consultoría y Asistencia para la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote” solicitó en los tribunales de justicia que se adoptaran medidas cautelares para suspender de manera urgente el procedimiento, a fin de que se vuelva a seleccionar a la empresa que deba encargarse de la redacción del PTEOT.
Esta empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo insular de Lanzarote por la que la Primera Corporación contrató al equipo que dirige el arquitecto y urbanista Fernando Prats. En concreto, Ingeniería Técnica Canaria, S.A. considera que la preferencia del Cabildo por el equipo de Prats es “ilegal” porque, según dicha empresa que dirige Francisco González Jaraba, en el procedimiento de contratación los técnicos que hicieron los informes sobre las ofertas presentadas estaban vinculados a la Fundación César Manrique (FCM), tratándose de los mismos expertos del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT).
Según Ingeniería Técnica Canaria, S.A., estos técnicos no fueron imparciales por su vinculación a la FCM con la que, a su vez, mantiene relaciones el equipo de Prats. Por ello, consideran que los técnicos del Plan Insular debieron haberse abstenido en el procedimiento de licitación y no haber participado en él.
