El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Ayuntamiento de Yaiza en el pleito que interpuso en su momento contra la revision del Plan Insular de Ordenacion de Lanzarote (PIOT) y rechaza los recursos de Gobierno canario, Cabildo y Fundación César Manrique contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de octubre de 2006, que anuló la moratoria, en la revisión del Plan Insular de 2000, con la programación de camas.
Este fallo confirma la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en noviembre del 2006 anuló el decreto de aprobación definitiva de la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, más conocida como moratoria turística, "por no ser ajustada a derecho".
El TSJC anuló la moratoria --que había sido recurrida por el Ayuntamiento de Yaiza y varios empresarios afectados-- por entender que esta normativa no tenía una precisión económica suficiente para indemnizar a los promotores.
De esta manera, rechazaba el argumento de la "innecesariedad del estudio económico" ya que la moratoria "transforma uso turístico en uso residencial y el informe pericial obrante en autos muestra claramente la diferencia de valor de uno y otro uso".
Esta revisión del PIOT se realizó en el año 2000 con la filosofía de contener el crecimiento turístico, fijando a través de esta normativa un techo máximo de construcción hasta el año 2010. Es decir, que en diez años sólo se podrían construir 10.700 plazas turísticas de las más de 30.000 que estaban previstas en el Plan Insular de Ordenación Territorial.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguraron que la anulación de la moratoria no afectará a los 22 hoteles ilegales cuyas licencias fueron anuladas por los tribunales de justicia. El motivo es que a pesar de que estos establecimientos esencialmente recurridos por no respetar la moratoria, también incumplían con el PIOT del año 1991, que aún sigue vigente.
(Avance)
