El Parlamento uruguayo va a analizar la expulsión de Lanzarote de José Morales Brum, según ha confirmado este lunes a Crónicas el propio afectado, quien garantiza que el Poder Legislativo de su país ha hallado indicios razonables de “un claro atropello a los derechos” de este ciudadano.
Las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos del Parlamento analizarán este miércoles el polémico asunto, que aparece como único punto en el orden del día. Esta iniciativa parlamentaria ha sido propiciada por los Diputados del Frente Amplio, Andrés Lima (Lista 888), María Elena Laurnaga (PS) y Esteban Pérez (MPP).
Por otro lado, el senador Eduardo Loriel (PCU) presentó en la Cámara Alta una iniciativa llegará a la Sala de la Asamblea General el jueves, a los efectos de denunciar también el asunto.
Morales Brum, de 43 años, es oriundo de Salto, y residía en la isla de Lanzarote desde octubre de 2002. En el momento de su detención y posterior expulsión del territorio español contaba con su permiso de residencia y de trabajo en vigor, además de ser padre de una niña canaria de nacionalidad española.
Sobre este activista pesaba una orden de expulsión emitida por la Subdelegación del Gobierno en Canarias, después que este ciudadano participara en una concentración frente a la sede del Partido Popular (PP) en Lanzarote, en el marco de las movilizaciones en contra de las prospecciones petrolíferas que va a realizar la empresa Repsol en aguas canarias.
Después del proceso de alegaciones con la Delegación del Gobierno en Canarias, ésta comunicó el pasado 21 de mayo la resolución en firme de mantener la expulsión, dándole 60 días de plazo para presentar contencioso administrativo si así lo consideraba. Pero antes de que se cumpliera ese plazo legal, según recuerda el propio Morales, el subdelegado del Gobierno, Luis Molina González, ordenó a la Policía Nacional la detención y posterior expulsión del territorio español, “no atendiendo los recursos presentados por la defensa de Morales ante esa Delegación y los Juzgados de Lanzarote que impedían la acción”.
En su denuncian narran que el activista viajó atado de pies y manos, con un arnés de fuerza, sin permitirle comer o beber agua y escoltado por dos policías nacionales españoles desde Tenerife a Madrid y de la capital española hasta Montevideo. Al ser entregado a Interpol, ésta sólo recibió el pasaporte de este ciudadano sin que conste sello alguno de su expulsión o documento judicial que lo avale.
Iniciativas en Europa
Este caso está siendo investigado también por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo después de que el europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer presentara dicha iniciativa por entender que la ejecución de esta expulsión es “una clara violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que la orden de repatriación se basa en la imputación de una presunta falta administrativa que no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme”.
Por otro lado, los diputados Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Unida), han presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa de interpelación al Gobierno español para que explique los motivos por los que ha ordenado la expulsión del territorio español del activista uruguayo. Además, esta iniciativa fue respaldada por los grupos políticos de Coalición Canaria, Los Verdes e Iniciativa per Catalunya.
Apoyos
Tras la ejecución de la medida, decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales han denunciado en España y en el ámbito internacional esta acción emprendida contra el activista uruguayo. Personalidades como la actriz Pilar Barden, la activista saharaui Aminetu Haidar, el actor español Willy Toledo, la destacada periodista española Yolanda Sobero, el reconocido músico canario Luis Morera, entre otros, se han solidarizado con el activista y le han hecho llegar su apoyo.
Los responsables del seguimiento del caso destacan que en 48 horas se recogieron más de 45.000 firmas que exigían la no expulsión de Morales Brum.
