Todos los grupos parlamentarios han pedido este martes al Gobierno de Canarias que paralice las inspecciones y las sanciones a las emisoras radiofónicas que emiten de forma alegal, hasta que se resuelvan los pleitos sobre la adjudicación de las 155 emisoras, que incluyen procesos contencioso administrativos y penales.
El viceconsejero de Comunicación y portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, que compareció en comisión parlamentaria, defendió la legalidad de las adjudicaciones y la independencia del proceso de inspección y sanción, aunque concedió que si alguien encuentra "alguna fórmula legal" para hacer viable la paralización de las inspecciones y sanciones el ejecutivo la estudiará "con interés y cariño".
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que fue quien pidió la comparecencia del Gobierno para aclarar el concurso de adjudicación de emisoras de radio, puso en duda la imparcialidad del concurso, al formar parte de la mesa de adjudicación "cualificados dirigentes" de Coalición Canaria.
También puso en duda que las inspecciones se decidan de forma aleatoria y que entre cientos de emisoras se promueva una sanción precisamente contra "un medio pequeño y crítico" con el Gobierno de Canarias, en referencia a Radio San Borondón.
