El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con enmiendas de CC, PSOE y Grupo Mixto, un proyecto de ley por el que se modifica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) para "proteger la producción local, contribuir a su desarrollo y fortalecer el empleo en las islas".
Para defender esta reforma, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, descartó que el AIEM sea un impuesto al consumo y subrayó que, durante los diez años de su aplicación, no se ha podido acreditar que afecte a los precios de forma significativa, "y mucho menos a los productos que componen la cesta básica de la compra", añadió.
González Ortiz argumentó que, por el contrario, un gran número de estos artículos básicos recibe una subvención al llegar al archipiélago, a través del Régimen Especial de Abastecimiento (REA), en forma de ayuda directa o de exención de derechos de aduana.
Además, detalló que la modificación del AIEM, que ya cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros europeo, responde a la necesidad de continuar con la protección de los productos canarios para que puedan competir en "mejores condiciones" frente a los que llegan del continente y compensar así parcialmente las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de las islas.
El consejero explicó que la propuesta refrendada por la Unión Europea atiende la "práctica totalidad" de las peticiones realizadas por las islas y cumple con uno de los objetivos que se marcó el Gobierno en sus negociaciones con Bruselas, tal y como aprobó el Parlamento por unanimidad en febrero de 2012.
"El resultado es un nuevo AIEM que, en su globalidad, contiene más partidas pero menos volumen de productos gravados, mientras que al 70% de ellos se les aplica el tipo mínimo del 5%", explicó.
A este respecto, el consejero rechazó que el nuevo AIEM responda "a ningún afán recaudatorio", ya que, además de reducirse el número de productos que tributan, éstos representan "menos del 10% del valor de las importaciones totales de Canarias", aclaró.
Quiso recordar también que el arbitrio forma parte del Bloque de Financiación Canario y, por tanto, aproximadamente la mitad de los 120 millones de recaudación anual prevista se destina a financiar los servicios prestados por los cabildos y los ayuntamientos, por lo que esos ingresos representan "sólo el 1% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma".
González Ortiz manifestó que de no existir el AIEM, las empresas canarias "dejarían de ser competitivas, se destruiría parte del tejido productivo, aumentaría la dependencia del exterior y tendría graves consecuencias sobre el empleo dado el mayor número de puestos de trabajo que generan las actividades propias frente a las importadoras".
El consejero concluyó en que todos los productos gravados por este arbitrio tienen como única guía "la protección de nuestro tejido productivo para alcanzar así mayor grado de diversificación y poder aumentar el peso del resto de sectores en nuestra actual estructura económica".
Acervo fiscal canario
Por el Grupo Mixto, Román Rodríguez dijo que el AIEM es un buen ejemplo para poner en valor lo que representa el acervo fiscal canario y pretende reconocer las dificultades "objetivas" que tiene Canarias para producir y competir.
Para Rodríguez, la modificación de este elemento "histórico" permitirá adaptarlo a los "nuevos tiempos", y espera que el listado de productos y tipos que han sido incluidos en el documento estén "chequeados y medidos" en relación a las circunstancias actuales de la economía.
Emilio Mayoral, del PSOE, apuntó que el objetivo del AIEM no debe ser recaudar, sino intentar que por medio de este mecanismo se proteja los productos locales frente a los que vienen de fuera y fomentar el crecimiento del sector industrial dentro del PIB canario para contribuir a la diversificación económica.
El diputado nacionalista José Miguel González incidió en que el AIEM es un instrumento que pretende mantener actualizado la tradición histórica impositiva de Canarias, por lo que instó a aquellos que ponen en duda su legitimidad a "leer la historia" porque este instrumento "no es nuevo".
Por parte del Grupo Popular, Jorge Rodríguez lamentó que hasta la fecha no se haya conocido una evaluación "seria y objetiva" sobre los impactos del AIEM, algo que, recordó, sí hará la Comisión Europea en 2017, lo que demuestra su "desconfianza".
Al mismo tiempo, pidió al Gobierno de Canarias que elabore un estudio de las posibilidades de aumentar el peso del sector industrial en las islas y del impacto que esto podría suponer sobre la cesta de la compra y los consumidores.
Por último, resaltó la "sensibilidad" que ha tenido el Gobierno del Estado respecto a esta figura impositiva, cuya finalidad , dijo, es la promoción del desarrollo regional y la diversificación de la estructura económica canaria.
