ACN
El Parlamento de Canarias aprobó este jueves la Ley de Prestación Canaria de Inserción, conocida como Ley de Rentas Mínimas, que, según explicó, Marisa Zamora, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, beneficiará a más de 15.000 personas de Canarias. Éstas podrán solicitar la ayuda una vez se establezcan los protocolos de aplicación y coordinación con los ayuntamientos y con el Servicio Canario de Empleo (SCE), que estarán listos en unos dos meses para que se pueda empezar a aplicar la norma, señaló. Minutos antes de que el documento fuese debatido en la Cámara, la consejera realizó declaraciones a los medios, expresando su satisfacción por que se apruebe “la ley de carácter social más importante de esta legislatura y en la que todos los partidos están de acuerdo en sacarla adelante, pese a que ha habido diferencias”. La cuantía de la ayuda económica que recibirán los beneficiados será un 35 por ciento superior a las que se vienen dando hasta ahora a través del sistema vigente, el de las Ayudas Económicas Básicas (Aebas). Así, este aspecto hará que se fije la ayuda entre 450 y 600 euros, que variará en función de las condiciones de cada solicitante.
"Va a suponer un alivio para las familias necesitadas o personas que no encuentren trabajo, así como para los mayores de 60 años", dijo, precisando que otra característica fundamental que diferencia el nuevo sistema del anterior es que la ayuda estará condicionada a la aceptación del beneficiario a participar en un programa de integración laboral, de tal forma que no se perpetúe la ayuda ni tenga carácter meramente asistencial. “Esto permitirá que todos los miembros de la familia entren en un circuito que incluirá planes de formación y empleo”, destacó.
Además, señaló que se pasará del tope de 6 meses de cobro de las Aebas a 14 pagas anuales. La ayuda la puede cobrar más de un miembro de una misma familia, si existe más de una unidad familiar, mientras que hay consignados 12 millones de euros en el Presupuesto de 2007 de la Comunidad Autónoma. No obstante, se trata de una partida ampliable en función de las solicitudes que se concedan. En relación a las quejas de los Ayuntamientos, Zamora indicó que los fondos los pone el Gobierno, aunque no puede aportar el personal. “Se puede agilizar la entrega y la resolución de las ayudas, aunque a los ayuntamientos no podemos ponerles personal porque sería muy gravoso”, dijo, expresando su deseo de que esta ley se vaya mejorando para intentar facilitar los trámites lo máximo posible. Sobre el plazo de residencia, señaló que con el “problema” que hay en Canarias por la inmigración, “será de tres años para las personas residentes, mientras que quienes lleven un año, no cobrarán la prestación económica, aunque sí se les ayudará en su formación para que puedan buscar un empleo”. Por último, Marisa Zamora subrayó que no existe una ley de estas características en ninguna otra comunidad autónoma.
Rechazadas las enmiendas del PP
Durante el debate parlamentario, el grupo Popular presentó cuatro enmiendas, que fueron expuestas por el diputado Carlos Ester y resultaron rechazadas finalmente. En la primera de ellas, la propuesta se basaba en reducir los tres años de residencia que figuran en la norma a uno, “porque de lo contrario se condena a estas personas a estar dos años más en la indigencia y más difícil será su inserción”. Asimismo, consideraba que los seis meses exigidos de empadronamiento “son también rizar el rizo”.
En segundo lugar, instaba a eliminar la “intencionalidad de burocratización y alargamiento” en la concesión expedientes, proponiendo tres meses de plazo máximo frente a los cinco que recoge el documento para que se produzca una resolución. La tercera enmienda estaba encaminada a la supresión de cargar los intereses del 25 por ciento de demora a esa persona, “porque es una ley que pretende ayudar al ciudadano y no hacer leña del árbol caído”, dijo el diputado. Finalmente, solicitaba el apoyo de los grupos para agilizar los plazos de tramitación del expediente al resolverlo. A pesar de las enmiendas, Ester sostuvo que esta Ley, “que por fin ve la luz”, ayudará muchas personas que se encuentran en el umbral de la pobreza o que tienen problemas de adaptación en convivencia social. A su juicio, constituirá “un desahogo económico a una sociedad que lo necesita y contribuirá en la formación. En Canarias, precisó, “muchas familias viven en una economía precaria, por lo que el desarrollo de las Islas no puede dejar en la cuneta a las personas que no pueden seguir el ritmo de la mayoría de la sociedad”.
