El PSOE va a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar al presidente Mariano Rajoy a "rectificar" la Ley de Tasas Judiciales, porque consideran que es la "peor" ley que ha aprobado su Gobierno.
En el frente judicial, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional; en el Congreso han registrado este jueves una serie de once proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas y en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.
"Vamos a denunciar continuamente los efectos nocivos, el impacto negativo de una ley que no tiene nada que ver con la crisis ni con el ahorro económico; es pura ideología, de la peor ideología de la derecha", ha advertido la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Junto al registro de la Cámara Baja, tras formalizar su batería de iniciativas, Rodríguez ha aseverado que esta ley "debe ser retirada por el presidente del Gobierno, porque el ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón) ha decidido que los derechos de los ciudadanos valen lo que vale su cartera".
Las once proposiciones no de ley que ha registrado para su debate en distintas comisiones están dirigidas a eximir de la aplicación de la ley a otros tantos colectivos, entre ellos a todas las personas físicas, a quienes recurran sanciones de tráfico y circulación, a las que presenten reclamaciones por negligencias médicas, a las víctimas de violencia machista y las que quieran reclamar su grado de discapacidad.
Los decanos, en contra
También los decanos de los distintos colegios de abogados de las Islas han mostrado paulatinamente su rechazo a la nueva ley de tasas judiciales. Así, para este mismo jueves hay convocada una movilización en Arrecife por parte del órgano colegiado de Lanzarote. En este sentido, el propio decano del Colegio de Abogados de la Isla, Francisco Torres, ha recordado que "los profesionales de la abogacía ya han manifestado su malestar públicamente con concentraciones que se realizaron el lunes pasado y que se seguirán organizando en próximas fechas por entender que este anteproyecto de Ley supone una vulneración del derecho a la justicia de los ciudadanos". El decano de los abogados lanzaroteños ha explicado que la medida puede traducirse en lo que algunos sectores ya denominan "el co-pago de la administración de justicia".
A modo de ejemplo, ha expuesto que "un señor al que le ponen una multa de tráfico de 100 euros y recurra a la vía contencioso-administrativa va a tener que pagar anticipadamente 200 euros; o la del fontanero, que para reclamar una factura de 90 euros va a tener que pagar una tasa de 100 euros". En definitiva, es una medida que para Torres "beneficiará a los morosos". Pero es que, en caso de tener que acudir a instancias superiores como el Tribunal Supremo, se han hecho cálculos que apuntan a que llegar hasta casación puede suponer en algunos supuestos hasta 11.000 euros de tasa, con lo que desde la abogacía entendemos que se está dando el camino inverso para el acceso en condiciones idénticas de todos los ciudadanos a la justicia, y que se está favoreciendo una vez más a los sectores más favorecidos".
Efecto disuasorio
Francisco Torres considera que la nueva medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy contiene "un marcado efecto de carácter disuasorio. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar que al ciudadano que se sienta perjudicado y que quiera reclamar lo que en justicia le corresponde, se le vulnere el derecho de la universalidad de la justicia", ha dicho.
El decano desmiente que la medida planteada por el Gobierno del Estado persiga sufragar los gastos de la justicia gratuita, tal y como se ha vendido, "cosa que es totalmente irrisoria pues", según Torres, "la justicia gratuita, de la que se benefician cerca de un millón de personas, constituye el 6,5 por ciento del Presupuesto del Ministerio de Justicia, unos 250 millones de euros; mientras que se prevé que el Estado ingrese, con esas tasas que pretende implantar, casi 400 millones de euros, es decir, un excedente importante".
Además, ha agregado, "la justicia gratuita se debe nutrir de los Presupuestos Generales del Estado y demás, pero nunca hay que vender que con esto se pretende sufragar la justicia gratuita, es decir, que el resto de ciudadanos que no tiene derecho a la justicia gratuita pague la de aquellos que no la pueden pagar. Ha sentado muy mal en la Abogacía porque tiene un carácter meramente disuasorio y buscar otras formas de justificarlo no son de recibo".
Por su parte, Javier García García-Sotoca, Juez Decano, informa desde la Comisión Interasociativa de la Carrera Judicial y Fiscal se ha hecho un llamamiento para participar en la concentración convocada para este día 23 de noviembre de 2012, que en el caso de Gran Canaria tendrá lugar a las 12:30 horas, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
