El Grupo Parlamentario Socialista registró este viernes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley, en la que propone una serie de medidas a tomar en los centros de menores para que no se repitan hechos como los relatados por el Defensor del Pueblo en un reciente informe.
El diputado socialista lanzaroteño, Miguel González, considera que los hechos denunciados “han generado preocupación en la opinión pública, han supuesto una llamada a la responsabilidad de las administraciones públicas y han evidenciado una situación que es preciso abordar de inmediato” para garantizar los derechos de estos menores recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.
El informe del Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto, señala la PNL, “la necesidad de abordar desde el ámbito educativo, sanitario y social” la realidad de los menores con problemas, dificultades o trastornos de conducta fruto de la inadaptación social y familiar, de problemas de salud mental u otras circunstancias, y poner a su disposición los recursos “que permitan su rehabilitación dentro del más estricto respeto a sus derechos”.
Según el diputado del PSOE de Lanzarote, Miguel González, los centros de menores son competencia de las Comunidades Autónomas, que tienen establecido el régimen de funcionamiento de estos centros, pero el Grupo Socialista apuesta por que “se promueva la elaboración de un catálogo de buenas prácticas que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores” y también que se cuente “con unos criterios mínimos de actuación en determinadas situaciones excepcionales que, respetando escrupulosamente los derechos de los menores, facilite una intervención adecuada y garantista”.
La Proposición no de Ley también contempla otras medidas, como la participación del Observatorio de la Infancia, en el que están representadas todas las organizaciones de protección a la infancia, participe en el debate sobre la problemática de los centros de menores, y la promoción de un mayor grado de implicación de los servicios de salud autonómicos respecto a los problemas que puedan plantearse en los centros de menores. Además, “debería promoverse la participación de la Fiscalía de menores”.
