El grupo parlamentario Socialista Canario ha presentado este lunes una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del Turismo, ya que considera que "tergiversa la realidad, agrede la autonomía de las corporaciones locales, pretende cargarse la moratoria turística y cuenta con el rechazo de los agentes económicos y sociales".
El PSC expone que el proyecto "no refleja la realidad" y subraya que las medidas que propone "no sólo son totalmente inadecuadas para los objetivos y fines que dice perseguir, sino que incluso los contradicen". En esta línea, indica que la iniciativa del Gobierno canario "no responde a los principales problemas y a las demandas de la ciudadanía, como lo han puesto de manifiesto la totalidad de los agentes económicos y sociales que se han pronunciado sobre su contenido".
El PSC-PSOE subraya que la propuesta "no reconoce ni resuelve los principales problemas que están dificultando el proceso de adaptación del planeamiento territorial y urbanístico al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, a la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y a las restantes y profundas innovaciones de la legislación sectorial -evaluación ambiental estratégica, patrimonio natural y biodiversidad, desarrollo sostenible del medio rural, etcétera-, problemas y condicionantes que aparecen claramente explicitados en los referidos pronunciamientos".
Los socialistas acusan al Gobierno de "pretender aprovechar algunas demandas legítimas de determinados sectores económicos y sociales como coartada que permita enmascarar, tras la pretensión de hacer una norma que no está pensada para los despachos, sino para la gente, y que supuestamente persigue diversificar la economía, crear empleo y conservar el territorio, otros objetivos menos confesables, como privar de sentido o vaciar de contenido determinados preceptos de la legislación estatal y autonómica, relativos a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del medio rural, o incidir sobre pronunciamientos judiciales firmes y, sobre todo, para cargarse la moratoria turística".
“Desconfianza hacia los cabildos”
Para el PSC, "de todo ello deriva una manifiesta contradicción entre los problemas que pretende resolver y las medidas que propone para afrontarlos y corregirlos y una patente desviación del concepto clave de la sostenibilidad ambiental y de los principios de imperio de la ley y transparencia de las instituciones que conforman el Estado de Derecho que la exposición de motivos proclama como criterios inspiradores de las medidas propuestas, ya que el proyecto de Ley sustituye procedimientos y criterios reglados por decisiones cargadas de discrecionalidad y, por tanto, proclives a la arbitrariedad, situadas a extramuros del sistema legal de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales".
Por otra parte, el grupo Socialista considera que el proyecto es "una agresión" a la autonomía de los cabildos y los ayuntamientos canarios. "En los casi diez años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, la mayoría de los ayuntamientos de las Islas ha llegado a la convicción de que el núcleo esencial de su autonomía en materia urbanística ha resultado gravemente afectado, porque su aplicación por la Administración autonómica, dirigida por los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular, les ha ido recortando progresivamente sus facultades y posibilidades de intervención para resolver los problemas urbanísticos y las demandas sociales", expone.
