El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de Asuntos Sociales, Olivia Cedrés, ha insistido este domingo en la necesidad de que el Gobierno canario retire el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y realice cuanto antes un Libro Blanco sobre la realidad del Archipiélago en esta materia, tal y como ha puesto de manifiesto tanto esta semana, mediante una propuesta de resolución al debate de política general, como en la Cámara en abril de 2009.
Cedrés recordó en un comunicado que los grupos de PP y CC han aceptado que se haga ese Libro Blanco sobre los servicios sociales de Canarias. "Poner en marcha esta profunda diagnosis sobre las políticas sociales públicas debería hacer replantearse al Gobierno la retirada de la Ley de Acción Social", señaló.
Para la diputada, "no es lógico que una Ley de este calado nazca de la improvisación, la premura y cercenando la participación", e hizo hincapié en que este anteproyecto "tenía que haber nacido desde abajo, con la publicación anterior de un Libro Blanco sobre la situación social de Canarias".
A raíz de aquí, continúa, se debieron mantener reuniones, mesas sectoriales y contactos con distintas administraciones, "con el fin de diseñar el modelo social acorde para Canarias".
Cedrés subrayó que una ley de servicios sociales "debería garantizar y facilitar a todos los ciudadanos el acceso a aquellas prestaciones y servicios que tiendan a favorecer un desarrollo libre y pleno de la persona". Asimismo, señaló que en la norma vigente se garantiza el derecho a los servicios sociales, "mientras que en el anteproyecto que pone la mesa el señor Rivero no se menciona ni una sola vez la palabra 'garantizar' unida a un derecho, con lo que no se supera el modelo asistencialista".
Inclusión social
La portavoz socialista recordó que una ley de servicios sociales debe abogar por la inclusión social, "pero esto no puede lograrse sin una cartera de servicios y prestaciones básicas de inicio y, en este caso, el Gobierno de Canarias no lo expresa, sino que nos remite a un reglamento posterior". Asimismo, indicó que la gestión administrativa de los servicios sociales debe ser coordinada, "y eso no se logra usurpando las competencias de los cabildos y ayuntamientos, legislando con imposición y coerción a estas administraciones locales".
Cedrés sostuvo que la línea del Gobierno de Canarias es "ir asfixiando cada vez más a las instituciones locales, sobrecargarlas de funciones y no dotarlas presupuestariamente". Así, aseguró que "no es baladí la intención que tiene de arrogarse la Comunidad Autónoma todas las funciones que, en lugar de exponerlas en el anteproyecto de Ley, donde pueden ser debatidas y enmendadas, las quiere desarrollar a través de 16 reglamentos posteriores para escapar de las aportaciones democráticas de quienes representan la soberanía del pueblo canario, como son los parlamentarios autonómicos".
Según la diputada, los equipos multidisciplinares, los servicios mínimos de los municipios, la recogida de datos, la composición del Comité Consultivo, el sistema de información social, la participación o la cartera de servicios "los quiere dictar el Gobierno en reglamentos, mientras que algo tan importante como esto no se expone a la participación de las administraciones públicas".
Régimen militar
La portavoz de Asuntos Sociales afirmó que este anteproyecto "aproxima el régimen militar a administraciones como cabildos y ayuntamientos, y éstos tienen que cuadrarse ante el Gobierno y acatar sus mandatos". Critica que se niegue la autonomía a los municipios y gobiernos insulares y se instaure un "régimen marcial". "El Gobierno de Canarias persigue la idea de centralizar las funciones de servicios sociales, detrayendo a los cabildos y ayuntamientos sus funciones", denuncia.
Además, indicó que este anteproyecto tampoco recoge ni una sola línea referida a la memoria económica o a los márgenes de presupuesto a destinar en materia social. "No aparece compromiso de financiación, ni garantías, ni ninguna premisa que indique cómo se va a realizar", expone, al tiempo que advierte de que esta iniciativa "nos pone sobre aviso acerca de una intención de reforzar la privatización de servicios, y es bastante detallado en su Título VII".
Cedrés valoró que ahora, CC y PP "atienden a razones y aprueban la petición del PSC-PSOE de hacer un Libro Blanco, es decir, un mapa claro de cómo están los servicios sociales en cada isla, en cada institución local, en el Gobierno de Canarias, en el tercer sector, el de ONG y asociaciones". Destaca que este instrumento permitirá ver cómo se podrían diseñar las políticas sociales, "siempre de la mano del sector".
La portavoz socialista expuso que ahora sólo falta que el Gobierno de Rivero atienda a la petición que el Grupo Parlamentario del PSC-PSOE hizo en el Parlamento en abril de 2009 y ha reiterado en las propuestas de resolución, que es la retirada del anteproyecto. "Sólo de esta manera podremos partir de verdad de un adecuado mapa de necesidades que permitan el diseño de un marco de servicios sociales a la vanguardia de las políticas sociales públicas de este país", finaliza.
