El secretario general del Partido Socialista (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, ha exigido este miércoles al presidente del Cabildo insular, Pedro San Ginés, que aborde de forma urgente junto a su grupo de gobierno (CC, PIL, PP y PNL) la problemática de los hoteles ilegales en la Isla. Espino hizo estas declaraciones en rueda de prensa, junto a Manuela Armas y Pedro Viera, para exponer la postura de los socialistas tras el anuncio hecho este martes por el diario británico 'Financial Times', que advertía de la posibilidad de que la UNESCO retirara a Lanzarote el galardón de 'Reserva de la Biosfera' concedido en 1993.
De esta forma, Espino asegura que los socialistas no cuestionan la retirada del galardón de ’Reserva de la Biosfera’ para la Isla, pero urge a que el actual grupo de gobierno negocie una solución pactada y respete la ejecución de las sentencias.
"Nos sorprende enormemente que Pedro San Ginés siga diciendo que no le preocupa esta situación, cuando los socialistas fuimos censurados por partidos que tienen implicados por haber dado este tipo de licencias", afirmó.
"Es una pena que el Financial Times haya enfocado esa información sobre Lanzarote con la porisibilidad de la retirada del galardón de Reserva de la Biosfera para la Isla, algo con lo que estamos totalmente en desacuerdo, porque no hay una isla que más lo merezca como Lanzarote, precisamente, entre otras cosas, porque cómo está luchando contra la planta alojativa ilegal y el cumplimiento de la ley", sostuvo el líder de los socialistas lanzaroteños.
"Lo que sorprende" para Espino, "es que la polémica se trate de reducir a esa cuestión, y que se ignore lo fundamental, que es que se está denunciando una vez más no solo la existencia de una planta alojativa ilegal, sino además el uso de fondos europeos para construir parte de la misma".
A continuación, se transcribe literalmente el comunicado sobre la información aparecida en el Financial Times sobre los establecimiento ilegales de Lanzarote.
Comunicado
Ante las noticias aparecidas como consecuencia de la publicación por parte del Financial Times de un reportaje sobre la planta alojativa ilegal y el uso de fondos europeos para la construcción de la misma, así como las informaciones que apuntan a que Lanzarote pudiera ver peligrar su consideración como reserva de biosfera, el Partido Socialista Canario-PSOE de Lanzarote manifiesta lo siguiente:
1. Lanzarote se enfrenta a un problema ocasionado por la concesión, en contra del ordenamiento urbanístico y turístico, de toda una serie de licencias, entre las que se encuentran las que han sido objeto de los veintisiete procedimientos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote.
2. No ha sido la ausencia de planeamiento, o el sobredimensionamiento del mismo, lo que ha llevado a la pérdida de calidad del destino, sino la deliberada voluntad de incumplir el ordenamiento por parte de empresarios, técnicos, funcionarios y políticos, con nombres y apellidos, que han colocado sus ambiciones por encima del interés general.
3. Esta situación se ha producido con el silencio cómplice y la inactividad del gobierno de Canarias, con competencias para intervenir desde el inicio de las construcciones, dado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y la de Turismo, gozaban de competencias suficientes para decretar el precinto de las obras.
4. Es más, el Gobierno de Canarias, conocedor de las normas que limitaban la concesión de licencias, tramitó, e informó favorablemente, las solicitudes de ayudas europeas para una planta que ha devenido ilegal, en virtud de normativa básicamente autonómica, o aprobada en última instancia por órganos de carácter autonómico.
5. La única administración que actuó, mediante la interposición de 27 procedimientos contencioso-administrativos, fue el Cabildo de Lanzarote, que ha tenido que sufrir el acoso mediático e institucional de aquellos que se han comportado como brazo mediático o político de los señores del suelo.
6. La lentitud de los órganos judiciales y su renuencia a acceder a las medidas cautelares solicitadas desde el inicio por el Cabildo, han contribuido a crear una sensación de impunidad y una política de hechos consumados, que coloca a la sociedad insular en la tesitura de tener que gestionar algo que nunca debió producirse: la ilegalización de miles de camas en funcionamiento, y más en un momento de recesión, que dificulta, aún más, la adopción de determinadas medidas.
7. Esta situación no se produce por la mera concesión de licencias que resultan anuladas. El análisis de la tramitación de las mismas (alguna de ellas concedida en un fin de semana), obliga a considerar como muy probable la existencia de una trama organizada, más allá de la mera prevaricación urbanística. Por este motivo, el actual secretario general de los Socialistas de Lanzarote ha interpuesto diversas querellas contra los alcaldes, secretarios y responsables de las oficinas técnicas de los dos ayuntamientos afectados (Yaiza y Teguise).
8. El intento de soborno al actual secretario general de los Socialistas de Lanzarote, que denunciado por éste dio origen a la operación Unión, deriva, también de una licencia concedida por el ayuntamiento de Yaiza quebrando el ordenamiento insular.
9. Nos encontramos, por tanto, con un problema que excede los límites urbanísticos, para entrar de lleno en los fenómenos de corrupción aparejados a los crecimientos desproporcionados que se producen en las zonas turísticas, algo que se ha tratado de minimizar constantemente por el grupo de empresarios afectados, sus medios de comunicación locales y sus representantes políticos.
10. Ante esta situación, el Partido Socialista sostiene que sólo cabe una salida: la ejecución de las sentencias, lo que daría lugar a que los hoteles cuya legalización no fuera posible, deban ser derribados y los que sí los fueran deberán, previa a su legalización, compensar al interés general. El intento de legalización mencionado no constituye una gracia y no es discrecional, sino que está previsto en la ley.
11. Para aquellas instalaciones que fueran susceptibles de legalización, los socialistas han propuesto un mecanismo de compensación, por los daños causados a la ordenación insular, que, a grandes rasgos, consistiría en la entrega a la administración por parte de los infractores de suelo en el que se pudieran construir tantas camas como las que se pretende legalizar, a fin de hacer desaparecer parte del riesgo que para el modelo insular constituyen las camas comprometidas en el planeamiento en vigor, que no pueden ser eliminadas sin afrontar cuantiosas indemnizaciones, pues tienen sus derechos consolidados tras las anteriores desclasificaciones llevadas a cabo por el Plan Insular.
12. Esta propuesta, que la anterior Presidenta formalizó como proyecto de iniciativa legislativa, ha sido paralizada por el actual grupo de gobierno, cuyo Presidente ha manifestado recientemente que no entra dentro de sus prioridades abordar el problema de la planta alojativa ilegal, con lo que permite que sigan explotándose miles de camas sin licencia de apertura y, lo que es más grave, sin ningún título jurídico que dé cobertura a la existencia del propio establecimiento.
13. Hay que recordar que la anterior Presidenta fue censurada por el actual grupo de gobierno, del que forman parte tanto el PIL como el PNL, partidos con implicados en la operación Unión y en la concesión de las licencias ilegales ahora puestas en el centro de la actualidad informativa.
14. Ahora que se hace visible esta auténtica escalada de corrupción urbanística los voceros de los señores del suelo y su brazo político volverán a tratar de matar al mensajero y volverán a hablar del daño que le hace a Lanzarote este tipo de noticias, tratando de ocultar que lo que realmente ha dañado a Lanzarote ha sido el incumplimiento reiterado de las normas que controlan el ritmo crecimiento y las calidades de su principal industria, el turismo.
15. La transparencia es buena para el saneamiento de Lanzarote, la respuesta a esta noticia no puede ser el pretender extender un manto de silencio, que hurte de la información y el debate algo cierto y real: una parte importante del crecimiento turístico de los últimos años está más que teñida de sospechas fundadas, cuando no de certezas, de la práctica de actividades corruptas en cuanto a la concesión de licencias.
16. Lo realmente malo para Lanzarote, para sus habitantes y para los que la visitan, ha sido el desprecio por la ley que ha caracterizado la actuación de algunos especuladores, alcaldes, funcionarios y técnicos.
17. A juicio del Partido Socialista, la única manera de afrontar esta situación pasa por la aprobación de una norma que permita la regularización de aquellos establecimientos susceptibles de ser regularizados, tras la correspondiente compensación al interés general, y la demolición de la planta cuya legalización sea imposible, así como por la depuración de las responsabilidades personales de carácter penal a la que algunos se han hecho acreedores.
18. Con respecto a la posibilidad de perder la consideración de Reserva de Biosfera, los Socialistas consideran que siendo el objetivo del programa MaB (Hombre y Biosfera) el servir de laboratorio de sostenibilidad, Al contrario, Lanzarote tiene mucho que seguir aportando a dicho programa en cuanto que podría convertirse en un ejemplo de cómo recuperar la legalidad y cómo garantizar que el interés general prima sobre el particular, por lo que esta situación en ningún caso debiera provocar la pérdida de la consideración como Reserva de Biosfera.
19. Con respecto al manido argumento de la mala imagen para la isla que provocan estas noticias, los socialistas considera que en todo caso, lo verdaderamente preocupante es la existencia de prácticas ilegales, no el relato que se hace de las mismas, para desgracia de la isla no es incierto. Lo malo no es la imagen, sino la realidad que padece la isla.
Por ello, el Partido Socialista Canario-PSOE de Lanzarote
Exige
1. Al grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote que adopten una postura activa en defensa de la legalidad, lo cual supondría considerar como objetivo prioritario la regularización de la planta alojativa, por más que ello pueda suponer la demolición de aquellos establecimientos cuya legalización no resulte posible y la imposición de compensaciones a aquellos legalizables.
2. Al gobierno de Canarias que, tal y como respaldó la concesión de fondos europeos para establecimientos que nunca debieron construirse, colabore activamente con el procedimiento de restitución de dichos fondos y que el importe de los mismos sea destinado, ahora sí, a generar condiciones de competitividad para la principal industria de Lanzarote: el turismo.
3. El estricto cumplimiento de la Ley en las actuaciones de las instituciones y de los representantes públicos que nos representan. Sólo el estricto cumplimiento de la ley hace a los ciudadanos libres e iguales.
En definitiva, los socialistas aspiran a que se cumplan las leyes, a que se ejecuten las sentencias y a que todos seamos iguales ante la ley.
Por último, el Partido Socialista Canario-PSOE de Lanzarote manifiesta su firme compromiso en la defensa del turismo, entendido como una actividad digna y capaz de generar bienestar para la población de Lanzarote y sus visitantes, y no como un mero yacimiento de oportunidades para unos pocos.
El Partido Socialista de Lanzarote manifiesta su apoyo y su compromiso de defender a todos aquellos empresarios que generan riqueza y cuya actividad se desarrolla en el marco de la ley, repudiando el uso indebido que hacen algunos especuladores del concepto empresario, cuando a la hora de la verdad son tan sólo unos ventajistas que se aprovechan de su cercanía al poder público y de su capacidad de corromper.
El Partido Socialista de Lanzarote felicita y agradece a los medios de comunicación que, a pesar de la presión de aquellos interesados en ocultar la realidad, han mantenido una línea de comunicación caracterizada por la defensa de lo público y la denuncia de este tipo de prácticas.
