jueves. 28.03.2024
Denuncia la “contradicción de CC y PP” en la creación del CIE agarrándose al Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración (2005-2007) suscrito el 17 de junio de 2005 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias

El PSC asegura que el Gobierno canario acordó en 2005 con el central crear un CIE en Lanzarote

Los socialistas, que aseguran que el Ministerio está abierto a negociar cualquier ubicación, critican las “contradicciones electoralistas de los mensajes xenófobos” de CC y PP “por un puñado de votos”, y respetan el rechazo del PIL, que al menos “ha sido coherente con su postura”

- El Cabildo baraja la cesión al Estado de un solar propio cercano a la Granja Experimental, donde podría construirse el Centro de Internamiento de Estranjeros

- Miguel González anuncia que, aprovechando su desplazamiento hasta Fitur, Manuela Armas y Marcial Martín acercarán posturas con la Subsecretaría del Interior. El alcalde de San Bartolomé ya ha remitido los nuevos acuerdos plenarios a Interior y al Consejo de Ministros

Miguel González compareció este martes ante los medios en la sede lectoral del PSC. / Fotos: Dory Hernández

El PSC de Lanzarote denunció este martes que CC y PP se contradicen al oponerse ahora a la construcción de un Centro de Internamiento de Extranjeros para Lanzarote anunciada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Tras el debate entre partidos suscitado esta semana, para justificar dicha incoherencia de nacionalistas y populares, los socialistas recordaron, a través de una rueda de prensa ofrecida por el candidato del PSC al Congreso, Miguel González, que CC y PP estaban de acuerdo y firmaron el Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración (2005-2007), suscrito el 17 de junio de 2005 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

En concreto, en dicho convenio intervinieron la Dirección General de la Policía por el Estado, y la Viceconsejería de Asuntos Sociales y Empleo, por parte del Ejecutivo canario. La financiación del CIE se basará, según dicho documento, en la introducción de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. De hecho, ya en las de 2007 había contempladas ciertas partidas.

Según este documento, “el Gobierno canario siempre ha sido partidario de crear un CIE en Lanzarote”, dijo Miguel González, que aseguró que “el PSC no va a permitir de ninguna manera que ahora CC y PP, por un simple puñado de votos, lancen mensajes xenófobos y utilice el drama de la inmigración por intereses electorales”.

“¿Por qué tanto empeño de que no se construyan centros de internamiento para extranjeros? Los inmigrantes irregulares que permanecen allí un máximo de 40 días hasta que se resuelva su expediente de devolución no son delincuentes. Partimos de la base de que no son equipamientos ofensivos ni agresivos ni significan un mal para los ciudadanos, sino que son equipamientos dignos y decentes. ¿Por qué no se tiene tanta insistencia en el Gobierno canario cuando desde Lanzarote se les pide que avancen en instalaciones educativas, sanitarias o culturales?”, cuestionó.

Interpelado por la influencia que puede tener el actual desacuerdo en torno al CIE sobre el pacto de gobierno entre PSC y PIL, los socialistas aseguraron que respetan la postura de los insularistas. “Han sido los únicos que han mantenido una posición coherente”, afirmó González sobre sus socios de gobierno. “Desde un principio no han estado de acuerdo con que se instalen y siguen pensando lo mismo. Eso sí, la preocupación por el impacto sobre el espacio habría que estudiarla porque no parece algo tan grave”.

Ubicación para una cuestión de carácter humanitario

Miguel González, que aseguró que el Ministerio está abierto a negociar cualquier ubicación para el centro, anunció que, aprovechando su desplazamiento hasta la feria de Fitur, en Madrid, tanto la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, como Marcial Martín, acercarían posturas con el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana. “Lo que el Consejo de Ministros ha dicho es que hay que llegar a un acuerdo con el que se consensue una ubicación que sea la mejor para todos. Ha declarado el interés público y la urgencia en la ejecución de este proyecto para dar cumplimiento a las previsiones de la legislación de extranjería, pero no ha impuesto nada”, precisó.

Los terrenos del antiguo polvorín de Güime.

Al respecto, y para demostrar que hasta las decisiones del Consejo de Ministros son modificables, el también consejero socialista del Cabildo recordó que ya en la pasada legislatura “el PSC de Lanzarote paralizó una decisión del Consejo de Ministros de la época de Aznar, que concedía a Repsol-YPF las licencias para iniciar las prospecciones petrolíferas”.

Terrenos de la Granja, una alternativa

En cuanto al enclave donde los socialistas ven opciones, el PSC se declina por la zona que está situada entre Arrecife y Tahíche, el área de la granja del Cabildo, el centro de drogodependientes y la protectora de animales, “donde la Primera Corporación insular posee muchas parcelas de su propiedad y podría cederlas al Ministerio sin ningún problema”.

Los socialistas recordaron su postura: “el PSC dice sí a un centro de internamiento para extranjeros en la Isla, básicamente por una pura y simple cuestión de carácter humanitario”. Según González, es el momento de hablar de dignidad y solidaridad, y no de mensajes xenófobos”.

La opción de Güime

Los socialistas explicaron que cuando se firmó el Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración (2005-2007), que también reflejaba una mejora para el CIE de El Matorral, en Fuerteventura -que ya se ha ejecutado- “se acordó redactar el convenio poniendo el CIE en Arrecife, pero luego se pensó que en la zona del antiguo polvorín de Güime había terrenos propiedad de Defensa, y que podrían ser una mejor opción”.

Según González, los terrenos en cuestión están contemplados en el Plan General de San Bartolomé como urbanos, frente a lo que PP y CC predican, que tiene carácter rústico y es zona de jable. “En cualquier caso, si es así, no habría ningún problema para que el Gobierno modificara el uso del suelo”, concluyó.

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