-“La ineptitud del grupo de gobierno PSOE-PIL, incapaz de hacer un proyecto que cumpla con los requisitos de la convocatoria, es surrealista”
-La exclusión implica una pérdida de importantes ingresos para los Ayuntamientos que en su día cedieron los terrenos públicos a favor de Inalsa
La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Ástrid Pérez, considera que el proyecto presentado por Inalsa al concurso eólico es una “chapuza”, ya que, según se señala en la orden de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, las cuatro propuestas incumplen con el Decreto que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Para el Partido Popular es fundamental que la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, demuestre documentalmente que el proyecto de la empresa pública sí se ajusta a las bases de la convocatoria.
Con los datos que se manejan a día de hoy, para Ástrid Pérez, lo único cierto es que Inalsa se ha quedado fuera de la convocatoria pública y que “las administraciones locales han perdido una magnífica oportunidad” para mejorar sus ingresos económicos debido a la “incapacidad y la ineficacia que, una vez más, vuelven a demostrar el Partido Socialista y el PIL”, a la hora de elaborar un proyecto que, como mínimo y como requisito indispensable, debe ajustarse a las bases de la convocatoria.
Según la presidenta de los populares es una “desfachatez” que el grupo de gobierno PSOE-PIL cargue las tintas contra el Gobierno de Canarias cuando lo que tenía que haber hecho Inalsa y el Cabildo era elaborar un buen proyecto, que cumpliera con todos los requisitos exigidos”, y no aspirar o pretender, como ha manifestado la presidenta, que se dé un trato preferente en un concurso público por “sensibilidad política”, lo que supondría la comisión de un delito.
“Es verdad que todos habíamos puesto nuestras expectativas en que la empresa pública consiguiera los 37 megavatios”, reconoce Ástrid Pérez, “pero no es menos cierto que se trata de un concurso público, de libre concurrencia, y que las bases técnicas son las que son y no cabe ningún tipo de injerencia política”.
El Partido Popular considera que la forma en la que la presidenta Manuela Armas, como máxima responsable de Inalsa, gestionó todo este asunto desde el inicio, ha perjudicado gravemente a los Ayuntamientos al obligarse a que todo el terreno público de las Corporaciones Locales fuera cedido a Inalsa y se anulara la posibilidad de que dicho suelo fuese utilizado por otras empresas. Un uso que sí beneficiara directamente a los municipios.
Para la presidenta de Partido Popular, el problema radica en que los socialistas decidieron “jugárselo todo a una carta”, aún a sabiendas de que el criterio de suelo público no primaba en el concurso.
